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Viuda de 81 años es favorecida por sentencia del Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-El traspaso de una pensión de sobrevivencia fue ordenada por el Tribunal Constitucional en favor de una viuda de 81 años, la cual había sido negada por el Ministerio de Hacienda y su Dirección General de Jubilaciones y Pensiones.
El TC dispuso la entrega de la pensión de manera inmediata, con un primer pago retroactivo que contemple el detalle de los montos que por dicho motivo han debido ser otorgados desde el fallecimiento del pensionado.
La Alta Corte impuso al Ministerio de Hacienda y su Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado el pago de una astreinte de RD$20,000.00 por cada día de retardo en que incurran en el cumplimiento de la sentencia, la cual se liquidará a partir de los 30 días de notificada la sentencia.
El TC acogió un recurso de revisión de amparo interpuesto por la señora Presinal Piña.
TUTELA DIFERENCIADA
El Ministerio de Hacienda y a su Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado alegaron que a la mujer no le corresponde el pago de la pensión por sobrevivencia, en virtud de que su cónyuge no cumplió con el requisito que establece el párrafo I, del artículo 6 de la Ley 379, relativo a la autorización que debió hacer del descuento de un 2 % del monto de su pensión, para que, tras su muerte, los beneficiarios que le sobrevivan la reciban.
En la sentencia TC-0697-23, el Tribunal Constitucional estableció que, tomando en consideración las particularidades del caso y el principio de efectividad que rige la justicia constitucional, procederá a aplicar una tutela judicial diferenciada, en virtud del artículo 7.4 de la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, a fin de proteger el derecho a la seguridad social de las personas de la tercera edad.
“El precitado artículo dispone que los jueces pueden conceder una tutela judicial diferenciada cuando se deban garantizar derechos fundamentales, como ocurre en la especie, por lo que este tribunal considera que en virtud de la protección de los derechos fundamentales de la señora Altagracia Ysvelia Presinal Piña, relativos a la dignidad humana, la seguridad social y la protección de las personas de la tercera edad, le corresponde el derecho a subrogarse en las prerrogativas relativas a la pensión de quien fue su compañero de vida”, señaló el Constitucional en la sentencia TC-0697-23.
Puntualizó que la accionante tiene 81 años de edad y estuvo unida en matrimonio con Peguero Mateo por más de 40 años hasta, su fallecimiento en julio del 2020.
Indicó que al tratarse del otorgamiento de una pensión por sobrevivencia, considera importante resaltar el precedente de la sentencia TC/0405/19, que dictaminó, además, la necesidad de salvaguardar el mantenimiento de las condiciones que auspician la vida digna de una persona de la tercera edad.
El TC reconoció, que de no aplicar la tutela diferenciada, a la viuda solo le correspondería el pago de 12 mensualidades del monto de la pensión de su finado esposo.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.