Primera Plana
Tribunal de Brasil dicta suspensión temporal a ley de regalías petroleras
El gobernador de Río de Janeiro denunció que la nueva ley de regalías petroleras le causará a ese estado la pérdida de tres mil 400 millones de reales anuales (unos mil 600 millones de dólares), a partir de este mismo año 2013.
La suspensión del Supremo Tribunal Federal fue de forma cautelar (Foto: Archivo)
El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió este lunes, de forma cautelar, la nueva ley en materia petrolera promulgada recientemente, que plantea un cambio en el reparto de los regalías generadas por la extracción de crudo, para que éstas sean repartidas de forma equitativa entre los 27 estados del país.
La polémica ley fue aprobada por el Congreso hace dos semanas y promulgada por la presidente Dilma Rousseff esta semana, pero inmediatamente fue objeto de críticas, especialmente desde los estados productores de crudo.
Los gobernadores de Río de Janeiro y Espíritu Santo (sur) denunciaron que la Ley reduce los beneficios adicionales que recibían hasta ahora las regiones productoras. Por ello, presentaron un recurso al Supremo al considerar que la nueva ley es «inconstitucional» y pone en «riesgo» su financiación.
Las autoridades de Río de Janeiro y Espíritu Santo alegan que en las cuencas marítimas de esos estados reposa el 80 por ciento de las reservas probadas de crudo del país, concentradas en el llamado «presal», situado en aguas profundas del océano Atlántico.
El gobierno de Río de Janeiro señaló que la nueva ley le causará a ese estado la pérdida de tres mil 400 millones de reales anuales (unos mil 600 millones de dólares), a partir de este mismo año 2013.
La magistrada Carmen Lucia Antunes, encargada de analizar el caso, concedió la suspensión cautelar de los principales artículos de la ley hasta que el pleno del Supremo lo juzgue.
Según el texto del Supremo, la jueza justificó su fallo en los «riesgos objetivamente demostrados» que plantea la ley y la dificultad de volver atrás, si esta comienza a aplicarse.
El reparto de beneficios generó un pulso político entre el Gobierno y el Congreso, que consiguió imponer el reparto equitativo, puesto que la Constitución da la prerrogativa al legislativo en una cuestión de esta naturaleza.
La normativa había sido aprobada por el Senado en el 2012, pero durante meses quedó frenada en la Cámara de Diputados, debido a la oposición de Rousseff y de los estados petroleros.
Tras una serie de debates, la Presidenta reconsideró la medida y estableció que los estados reciban 20 por ciento de las regalías de los nuevos yacimientos, seis puntos porcentuales menos que en la actualidad.
La distribución de regalías no afecta directamente a las compañías del sector petrolero de Brasil, pero el país suramericano no reanudará sus subastas de concesiones de crudo, suspendidas en el 2007, hasta que el nuevo régimen de reparto de regalías esté completo.
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