El TSE, que por primera vez en su historia juzgará el mandato de un presidente, está compuesto por tres jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) -máxima corte del país-, dos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otros elegidos por la Corte Suprema y refrendados por el presidente de la República.

Los jueces serán los responsables de analizar la demanda interpuesta por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en 2015 sobre supuestos hechos de corrupción y abuso económico en la campaña que en 2014 encabezó Rousseff, quien fue destituida el 31 de agosto de 2016 por unas irregularidades en las cuentas públicas.

Rousseff fue inmediatamente sustituida por Temer, quien ahora podría perder su cargo si el tribunal comprueba que hubo corrupción durante la campaña electoral de 2014.

Los siete magistrados también decidirán si separan las cuentas de Rousseff y Temer -como ha solicitado la defensa del actual mandatario- y si, en caso de condena, ambos quedarán inhabilitados para cargos públicos.

El tribunal está presidido por uno de los jueces más influyentes del país, Gilmar Mendes, miembro del Supremo, de ideología conservadora y que en los últimos meses ha participado en diversas cenas en la residencia oficial de Temer.

El TSE también está compuesto por Luiz Fux y Rosa María Weber -ambos miembros del Supremo- y los jueces del STJ Napoleão Nunes Maia Filho y Herman Benjamin, instructor del caso.

El magistrado Henrique Neves dejará la máxima institución electoral el próximo día 16 de abril y será sustituido entonces por el suplente más antiguo del tribunal electoral, Admar Gonzaga -designado para su nuevo puesto por Temer-, mientras que el juez Luciana Lóssio abandonará el cargo el próximo 5 de mayo.

El nuevo embate político en la justicia electoral comenzará el próximo martes, cuando los jueces empezarán a analizar el informe realizado por Herman Benjamin, quien ha recogido las pruebas y revisado las confesiones hechas por los exejecutivos de Odebrecht.

Entre ellas figura la de Claudio Melo Filho, quien acusó a Temer de haber solicitado al presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, tres millones de dólares para su formación, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

En su declaración, Odebrecht, condenado a 19 años y 4 meses de cárcel, confirmó un encuentro con Temer en su residencia oficial, pero negó que el entonces vicepresidente le pidiera dinero para financiar campaña.

Odebrecht también afirmó que Rousseff «sabía» de los pagos irregulares a su campaña, la cual le permitió su reelección en 2014.

El actual Ejecutivo confía en que el tiempo juegue a su favor y Temer consiga acabar el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 y entregar el cargo al ganador de las elecciones previstas para octubre del año próximo.

El proceso puede prolongarse durante meses ya que alguno de los jueces puede solicitar vistas y aún con una sentencia condenatoria el presidente seguiría en el cargo hasta tanto se llegue a un dictamen definitivo, lo cual dependería de numerosas apelaciones que podría presentar.

No obstante, si Temer no consiguiese huir de las zarpas de la justicia electoral y finalmente fuera despojado de su mandato después de los recursos, Brasil se dirigiría a unas elección indirecta de un nuevo presidente por parte del Congreso.