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Tribunal ordena lectura de acusación contra los seis procesados del caso Odebrecht
SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso este jueves la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los seis acusados de recibir sobornos de los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado para granjearse contratos de obras públicas.
La decisión fue adoptada luego de que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público y declarara inadmisible un recurso de oposición presentado por la defensa del imputado Conrado Pittaluga contra una decisión del tribunal que le rechazó un incidente para la nulidad del proceso. Los representantes de Pittaluga justificaban su petición en la interceptación del teléfono de su hijo Conrad Pittaluga, coordinador de la defensa, alegando que con ello se violó el derecho a la privacidad de su defendido y se incurrió en un fraude procesal.
Indicó, además, que el recurso carece de fundamento, ya que no existe ninguna evidencia de que el Ministerio Público haya interceptado el teléfono en cuestión y en consecuencia haya afectado derechos fundamentales de su defendido, tal y como consta en una certificación de la empresa telefónica Claro que fue emitida por disposición del Tribunal Constitucional luego de acoger un recurso de habeas data interpuesto por Conrad Pittaluga.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, advirtió que “no hay un solo artículo en el Código Procesal Penal que permita la anulación de la acusación, ya que las consecuencias de una acusación como las consecuencias del juicio no conducen a la nulidad de ese escrito”.
“Este tribunal tiene que conocer esta acusación. La defensa lo que ha hecho hasta ahora es correr como el diablo a la cruz a la presentación de la acusación, pero esta tiene que conocerse y salir de este tribunal con una condena o con un descargo, porque es lo que establece la ley”, afirmó el magistrado Camacho.
Además del procurador adjunto, el Ministerio Público está representado por los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como por los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Por este caso de corrupción, además de Pittaluga están acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez, cuyas defensas se adhirieron a cada uno de los pedimentos.
Luego de la decisión, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron el inicio del juicio en contra de los seis encartados.
noticiassin
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.