Santo Domingo, RD.-Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reanudan este lunes el juicio de fondo seguido a los seis implicados en el caso Odebrecht.Nacionales
Tribunal retoma juicio Odebrecht con testimonio de ejecutivo de constructora
Santo Domingo, RD.-Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reanudan este lunes el juicio de fondo seguido a los seis implicados en el caso Odebrecht.El tribunal presidido por la magistrada Gisell Pérez Méndez, iniciará la audiencia con el testimonio del ejecutivo de la constructora el brasileño, Mauricio Dantas Bezerra, quien para la fecha en que Odebrecht firmó el acuerdo con la Procuraduría, era el director jurídico de Odebrecht.
En la audiencia anterior el tribunal había citado mediante acto de alguacil al brasileño, primer testigo señalado por el Ministerio Público y por cuya inasistencia no se ha podido continuar con el proceso.
Antes los jueces habían dictado orden de conducencia en su contra, pero luego revocaron la decisión, tras acoger un recurso de oposición presentado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Con el testimonio de Dantas Bezerra se pretende probar en el tribunal la comunicación de fecha 5 de mayo de 2018, dirigida por Odebrecht al procurador general, mediante la cual esta compañía hace entrega formal del Contrato de Servicios de Consultoría entre Odebrecht y el imputado Conrado Pittaluga Arzeno, suscrito el 17 de enero de 2008.
Igualmente, el Ministerio Público busca probar lo relativo al contrato de Servicios de Consultoría entre Autopista del Coral S.A., suscrito con el mismo imputado el 27 de mayo de 2009.
Además, busca probar todo lo relacionado a la documentación suministrada por Odebrecht sobre el acuerdo firmado con la Procuraduría en 2017.
Dantas Bezerra es un abogado que fungió como apoderado especial o representante de Odebrecht cuando la empresa firmó el acuerdo con la Procuraduría en el que se comprometió a pagar US$184 millones en nueve cuotas pagaderas hasta el 2025, con el fin de resarcir los daños materiales y morales causados al país por los sobornos de aproximadamente US$92 millones que pagó la compañía para conseguir contratos públicos.
En torno al caso figuran como acusados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.
Para las defensas de algunos imputados el expediente se basa en hechos registrados entre 2001 y 2012, por lo que consideran que los servicios de Dantas Bezerra en la empresa no coinciden en tiempo con los hechos que trata de probar el Ministerio Público.
Consideran que el brasileño podría ser “una decepción” pues no forma parte de los hechos que originan las acusaciones.
Para la audiencia, también quedaron citados, además de Bezerra, Rodrigo Maluf Cardoso, Edris Manuel Javier, María Eugenia Batista Martínez; Marcelo Hofke, Carmen Arisca Álvarez De Maio y Bilmari Leonel Santos.
También Elvis Manuel Rodríguez, Mabel Roselín Calvo López, Marielis Abad Díaz, Julián Rojas Rosario, Leonardo José Guzmán Fond Bernard, Serafín Wilfredo Bautista García, Esther Jaqueline Jiménez Cruz y Jean Luis Rodríguez Jiménez. En el caso figuran como acusados Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.
listindiario.com
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Ante los citados hechos, el órgano acusador solicitó prisión preventiva como medida cautelar, contra Santillán Faulkner para garantizar su presencia durante el proceso, argumentando que su libertad representa un alto riesgo de fuga.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
El Ministerio Público amplió la acusación, sumando nuevos imputados y presentando denuncia formal contra 25 personas físicas y 16 jurídicas, para un total de 41 procesados en este caso.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.