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Revocan decisión favorecía a imputados en red explotaba sexualmente a mujeres
SANTIAGO – Los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este distrito judicial acogieron la solitud del Ministerio Público y revocó la decisión del Tribunal de Atención Permanente e impuso la prisión preventiva como medida de coerción en contra de un hombre y dos mujeres de nacionalidad venezolana, imputados de pertenecer a una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual en esta provincia.
El tribunal, que integran los jueces Wilson Moreta, Acassia Reyes y Annelis Torres, dejó sin efecto la 01646/23 d/f del 28 de agosto del presente año, recurrida por el Ministerio Público, que imponía la presentación periódica e impedimento de salida del país en contra de Wilyeisy Rodríguez De Gouvea (a) Fabiana, Ircar Saulimar Romero Pérez y Albert Martire De Jesús.
Los jueces aceptaron como buenos y validos los argumentos presentados en el recurso de apelación ipor la fiscal Kirsa Abreu, de la fiscalía de Santiago, y sustentados por el procurador de corte Santos Siri y la fiscal Ginna Matías, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), motivando la variación de la medida a prisión preventiva por tres meses.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal la gravedad de los hechos, lo que convierte el caso, como lo determinó el tribunal, de tramitación compleja, que los imputados no presentan arraigo, por lo que aplicar una medida que no sea la prisión preventiva, mantiene vigente el peligro de fuga y que los mismos puedan destruir pruebas que los incriminen.
Los imputados fueron arrestados mediante varios allanamientos realizados por la PETT, en coordinación con la Fiscalía de Santiago y el Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional.
El operativo fue realizado por las autoridades en la Torre Real VI, Torre I, del sector Nibaje, Santiago, lugar del que fueron rescatadas siete mujeres, seis de nacionalidad colombiana y una venezolana, las cuales eran retenidas y explotadas sexualmente por sus captores a cambio de dinero.
La investigación de esta estructura criminal inició por parte del Ministerio Público, luego de que dos de las victimas lograron escapar e informaron a las autoridades sobre la actividad realizada por sus captores en contra de ellas y de las demás mujeres retenidas, en condición de secuestro.
En la operación, entre los diversos elementos recolectados, se encontró una gran cantidad de preservativos de diversas marcas, así como lubricantes de uso sexual.
En el lugar también fueron incautados diversos tipos de sustancias controladas, presumiblemente cocaína, marihuana y metanfetaminas.
También, fueron ocupados varios cuadernos, los cuales eran utilizados para realizar una especie de reporte, en el cual figuran anotados los nombre de las féminas y montos de diversas sumas de dinero.
En el allanamiento, tanto en los apartamentos, como en posesión de los imputados, fueron encontrados diversas sumas de dinero en peso dominicano, dólares y peso colombiano.
Además, fueron retenidos los celulares y un computador utilizados por los imputados, entre otros elementos de prueba.
En el expediente, el Ministerio Público realiza la imputación provisional de violación a los tipos penales de trata de personas con fines de explotación sexual agravado, los cuales se encuentran tipificados y sancionados en las disposiciones de los artículos: 1, literales a y h; 3 y 7, literales b, c, d, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y 5, 6 y 75, párrafo I, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, todo esto en perjuicio de las víctimas arriba señaladas y del Estado dominicano.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.