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Revocan decisión favorecía a imputados en red explotaba sexualmente a mujeres
SANTIAGO – Los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este distrito judicial acogieron la solitud del Ministerio Público y revocó la decisión del Tribunal de Atención Permanente e impuso la prisión preventiva como medida de coerción en contra de un hombre y dos mujeres de nacionalidad venezolana, imputados de pertenecer a una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual en esta provincia.
El tribunal, que integran los jueces Wilson Moreta, Acassia Reyes y Annelis Torres, dejó sin efecto la 01646/23 d/f del 28 de agosto del presente año, recurrida por el Ministerio Público, que imponía la presentación periódica e impedimento de salida del país en contra de Wilyeisy Rodríguez De Gouvea (a) Fabiana, Ircar Saulimar Romero Pérez y Albert Martire De Jesús.
Los jueces aceptaron como buenos y validos los argumentos presentados en el recurso de apelación ipor la fiscal Kirsa Abreu, de la fiscalía de Santiago, y sustentados por el procurador de corte Santos Siri y la fiscal Ginna Matías, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), motivando la variación de la medida a prisión preventiva por tres meses.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal la gravedad de los hechos, lo que convierte el caso, como lo determinó el tribunal, de tramitación compleja, que los imputados no presentan arraigo, por lo que aplicar una medida que no sea la prisión preventiva, mantiene vigente el peligro de fuga y que los mismos puedan destruir pruebas que los incriminen.
Los imputados fueron arrestados mediante varios allanamientos realizados por la PETT, en coordinación con la Fiscalía de Santiago y el Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional.
El operativo fue realizado por las autoridades en la Torre Real VI, Torre I, del sector Nibaje, Santiago, lugar del que fueron rescatadas siete mujeres, seis de nacionalidad colombiana y una venezolana, las cuales eran retenidas y explotadas sexualmente por sus captores a cambio de dinero.
La investigación de esta estructura criminal inició por parte del Ministerio Público, luego de que dos de las victimas lograron escapar e informaron a las autoridades sobre la actividad realizada por sus captores en contra de ellas y de las demás mujeres retenidas, en condición de secuestro.
En la operación, entre los diversos elementos recolectados, se encontró una gran cantidad de preservativos de diversas marcas, así como lubricantes de uso sexual.
En el lugar también fueron incautados diversos tipos de sustancias controladas, presumiblemente cocaína, marihuana y metanfetaminas.
También, fueron ocupados varios cuadernos, los cuales eran utilizados para realizar una especie de reporte, en el cual figuran anotados los nombre de las féminas y montos de diversas sumas de dinero.
En el allanamiento, tanto en los apartamentos, como en posesión de los imputados, fueron encontrados diversas sumas de dinero en peso dominicano, dólares y peso colombiano.
Además, fueron retenidos los celulares y un computador utilizados por los imputados, entre otros elementos de prueba.
En el expediente, el Ministerio Público realiza la imputación provisional de violación a los tipos penales de trata de personas con fines de explotación sexual agravado, los cuales se encuentran tipificados y sancionados en las disposiciones de los artículos: 1, literales a y h; 3 y 7, literales b, c, d, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y 5, 6 y 75, párrafo I, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, todo esto en perjuicio de las víctimas arriba señaladas y del Estado dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.