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Demanda contra la JCE la declaran inadmisible en el TSE.
Santo domingo, R.D.-La acción de amparo de extrema urgencia contra la Junta Central Electoral (JCE) fue declarada inadmisible por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la cual fue interpuesta por un candidato a regidor del municipio de Villa González, inconforme con los resultados de las elecciones municipales del pasado 18 de febrero.
La instancia fue interpuesta Efraín Castillo Cava, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Villa González, por no estar de acuerdo con los resultados electorales y la aplicación del método D’Hondt.
En su decisión el TSE estableció que la acción es «notoriamente improcedente en virtud de lo previsto en el artículo 70 numeral 3 de la ley 137-11 Orgánica del TSE».
La demanda fue incoada por los resultados del nivel de regidores en Villa González, donde el demandado no estuvo de acuerdo con los resultados, por lo cual solicitó a la JCE aplicar mejor el método D’Hondt.
Antonio Santana y Alberto García Hernández, abogados de Castillo Cava, al presentar el recurso explicaron que el presidente de la Junta Electoral de Villa González quería presentar el boletín con la elección del nivel de regidores de ese municipio, pero que existía una objeción en la cual se comunicaba que es a través del sistema de la JCE que se determinaba quiénes son los candidatos electos a las regidurías.
Al leer las conclusiones solicitaron que se declare bueno y válido el recurso, que el TSE ordene a la JCE aplicar el método D’Hondt correctamente y acoja en todas las partes la solicitud.
«Primero se nos está cuestionando la forma en la que se aplica el método D´Hondt y segundo se pide que la JCE a consecuencia de una replicación de este método, pues proceda a declarar la parte accionante como ganadora», declaró Báez.
Precisó que con la demanda se está frente a una cuestión de legalidad ordinaria que «crítica e impugna» la forma en la que se operativizó el método D´Hondt, el cual aseguró es una atribución de la JCE.
Indicó que realizar todas esas solicitudes daría al traste con que el proceso eleccionario de febrero pasado se «vea trastornado pues se cuestionaría la calidad de quienes han resultado electos».
En sus conclusiones Báez indicó que los argumentos de la parte accionante son improcedentes.
Otros casos conocidos
Durante la audiencia de este lunes también se canceló el expediente TSE-05-0020-2024 que consistía en una acción de amparo incoada por José Ramón Delgado Mora en contra la JCE.
El archivo definitivo del expediente se realizó debido a que la parte demandante no asistió a la audiencia.
En tanto que el expediente TSE-05-0021-2024 sobre el recurso de amparo electoral por violación a los artículos 22 y 209 de la Constitución Dominicana, 29 y 296 de la ley de Régimen Electoral 2023, fue aplazado para este martes a las 9:00 a.m.
El demandante es Samuel Pache de la Rosa en contra de la Junta Central Electoral y Alfredo Ávila.
El aplazamiento se realizó a solicitud de la parte demandada ya que señalaron no tener conocimiento de la instancia depositada ante la secretaria del TSE.
Asimismo, el tribunal solicitó a la parte demandante a que convoquen a Alfredo Ávila para la nueva audiencia de este martes, ya que no asistió.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.