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Demanda contra la JCE la declaran inadmisible en el TSE.
Santo domingo, R.D.-La acción de amparo de extrema urgencia contra la Junta Central Electoral (JCE) fue declarada inadmisible por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la cual fue interpuesta por un candidato a regidor del municipio de Villa González, inconforme con los resultados de las elecciones municipales del pasado 18 de febrero.
La instancia fue interpuesta Efraín Castillo Cava, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Villa González, por no estar de acuerdo con los resultados electorales y la aplicación del método D’Hondt.
En su decisión el TSE estableció que la acción es «notoriamente improcedente en virtud de lo previsto en el artículo 70 numeral 3 de la ley 137-11 Orgánica del TSE».
La demanda fue incoada por los resultados del nivel de regidores en Villa González, donde el demandado no estuvo de acuerdo con los resultados, por lo cual solicitó a la JCE aplicar mejor el método D’Hondt.
Antonio Santana y Alberto García Hernández, abogados de Castillo Cava, al presentar el recurso explicaron que el presidente de la Junta Electoral de Villa González quería presentar el boletín con la elección del nivel de regidores de ese municipio, pero que existía una objeción en la cual se comunicaba que es a través del sistema de la JCE que se determinaba quiénes son los candidatos electos a las regidurías.
Al leer las conclusiones solicitaron que se declare bueno y válido el recurso, que el TSE ordene a la JCE aplicar el método D’Hondt correctamente y acoja en todas las partes la solicitud.
«Primero se nos está cuestionando la forma en la que se aplica el método D´Hondt y segundo se pide que la JCE a consecuencia de una replicación de este método, pues proceda a declarar la parte accionante como ganadora», declaró Báez.
Precisó que con la demanda se está frente a una cuestión de legalidad ordinaria que «crítica e impugna» la forma en la que se operativizó el método D´Hondt, el cual aseguró es una atribución de la JCE.
Indicó que realizar todas esas solicitudes daría al traste con que el proceso eleccionario de febrero pasado se «vea trastornado pues se cuestionaría la calidad de quienes han resultado electos».
En sus conclusiones Báez indicó que los argumentos de la parte accionante son improcedentes.
Otros casos conocidos
Durante la audiencia de este lunes también se canceló el expediente TSE-05-0020-2024 que consistía en una acción de amparo incoada por José Ramón Delgado Mora en contra la JCE.
El archivo definitivo del expediente se realizó debido a que la parte demandante no asistió a la audiencia.
En tanto que el expediente TSE-05-0021-2024 sobre el recurso de amparo electoral por violación a los artículos 22 y 209 de la Constitución Dominicana, 29 y 296 de la ley de Régimen Electoral 2023, fue aplazado para este martes a las 9:00 a.m.
El demandante es Samuel Pache de la Rosa en contra de la Junta Central Electoral y Alfredo Ávila.
El aplazamiento se realizó a solicitud de la parte demandada ya que señalaron no tener conocimiento de la instancia depositada ante la secretaria del TSE.
Asimismo, el tribunal solicitó a la parte demandante a que convoquen a Alfredo Ávila para la nueva audiencia de este martes, ya que no asistió.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.