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Desbordado TSE con de más de 313 audiencias contra procesos de los partidos.

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual había manejado con mucha tolerancia las ilegalidades de los partidos políticos, en dos meses, desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre,  ha conocido más de 300 demandas en contra de los diversos procesos que han realizado las referidas organizaciones  para escoger a sus candidatos.

La alta corte informó este jueves que ha realizado un total de 313 audiencias derivados de los diferentes métodos de elección de las organizaciones políticas con mira a las elecciones municipales del próximo año.

Algunos de las demandas que ha conocido el TSE son de acción de amparo preventivo, acción de amparo ordinario, demanda en nulidad y precandidatura a diputado, solicitud de reconteo de boletas y revisión de resultados.

También solicitud de verificación de votos en boletas con marcas múltiples, revisión de resultados electorales del nivel de regidores, revisión de actas de votación y reconteo, entre otros procesos.

Las impugnaciones abarcaron a miembros de las organizaciones políticas en todo el territorio nacional que alegaron violaciones al derecho fundamental de elegir y ser elegible.

Los volúmenes de las audiencias se realizaron del 1ro de octubre al 30 de noviembre 2023, período en el que el TSE tuvo que habilitar horario extraordinario los fines de semanas y hasta las 7:00 de la noche de lunes a viernes.

De las 313 audiencias, se conocieron en el mes de octubre 147, mientras que en noviembre otras 166.

El pleno del TSE, conformado por el juez presidente Ygnacio Pascual Camacho y los miembros Hermenegilda Fondeur Ramírez, Rosa Pérez de García, Pedro P. Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, destacan el compromiso continuo del tribunal con la eficacia y la justicia de calidad ofrecida por esa alta corte.

El horario extendido que habilitó el TSE, que abarcó los sábados y domingos, procuraba dar respuestas a las acciones jurisdiccionales que se derivaron de los eventos internos que están celebrando los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

La medida fue adoptada mediante la novena resolución contenida en el acta número 31 de la sesión administrativa del Pleno, realizada como contribución para ampliar la disponibilidad de la institución y de esa manera dar salida oportuna a posibles acciones que puedan incoarse con motivo de los eventos mencionados.

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La entrega de dinero por soborno a fiscal fue parte del plan concebido por Procuraduría para su apresamiento.

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Santo Domingo, R.D.-El proceso de investigacion que terminó con el apresamiento por sobornos del fiscal Aulerio Valdez Alcántara por supuestmente recibir 10 mil dólares fue montaedo por la Procuraduria General de la Republica mediante una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la cual  sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Es un testigo en el caso Senasa a quien el fiscal le habría pidido dinero, un reloj y un auto.

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Santo Domingo, R.D.-Roberto Canaán, imputado en el caso Senasa, a quien el fiscal  Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido los diez mil dálares, un reloj y un anto, cuyo monto total solicitado ascendia a 200 mil dólares, segun el expediente del Ministerio Publico.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Fue aplazada nuevamente audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aplazada nuevamente la audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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