Santo Domingo, RD.- Un año de prisión preventiva fue la condena impuesta como medida de coerción por el juez de atención permanente de Villa Altagracia a los agentes policiales responsables del asesinato de los pastores evangélicos Joel Díaz y Elisa Muñoz.Más Noticias
Prisión preventiva de un año a implicados en asesinato de pastores
Santo Domingo, RD.- Un año de prisión preventiva fue la condena impuesta como medida de coerción por el juez de atención permanente de Villa Altagracia a los agentes policiales responsables del asesinato de los pastores evangélicos Joel Díaz y Elisa Muñoz.Tras aproximadamente cuatro horas de audiencia y luego de dos intentos del conocimiento entre esta y la semana pasada, la jueza Sugeldi Rosario Mena destacó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son robustas y comprometen la responsabilidad de los seis uniformados sometidos por el acribillamiento de la pareja cristiana.
Asimismo, el caso fue declarado complejo y fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinalito de La Vega, los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, al cabo Ángel de los Santos y al sargento Domingo Perdomo Reyes.
En tanto, el teniente Victorino Reyes Navarro y el cabo Norquis Rodríguez Jiménez fueron enviados a la cárcel de Operaciones Especiales.
Reacciones
El abogado del exraso Castro Pérez, dijo que la decisión de la jueza no debió ser igual para todos los imputados, ya que no comparten el mismo vínculo en el proceso.
“Lamentamos que la ciudadanía, la presión mediática y el morbo genere la necesidad de emitir una decisión en las mismas condiciones a todos los imputados, cuando todos no tienen el mismo vínculo en el proceso”, manifestó Yery Castro, abogado de uno de los imputados.
Aseguró que debido a la mascarilla y gorras que portaban estos policías, no se ha determinado que eran ellos quienes estaban presentes en el lugar donde asesinaron a la pareja.
Sostuvo además, que Anthony Castro no tenía su arma cargada en el momento de producirse los disparos.
Después de la audiencia, Fátima Sánchez, fiscal titular de Villa Altagracia, afirmó que la investigación del caso apenas inicia y que no descarta otros sometidos. La fiscal declaró que se hará justicia.
Familiares y allegados
“Justicia por Joel, justicia por Elisa, justicia para todos”, era la consigna que imperaba desde tempranas horas de ayer, donde señoras, hombres y jóvenes pertenecientes a la iglesia en la que se congregaba Elisa y Joel, se reunieron a las afueras del Palacio de Justicia de Villa Altagracia, donde entonaron cánticos cristianos agarrados de manos en una ronda, mientras esperaban ansiosos una justa decisión.
Otros insistían que el coronel César Mariñez, quien aparentemente comandaba la patrilla policial, debía también ser enjuiciado.
Más tarde llegaron los defensores de los policías, quienes pedían a las autoridades “no dejarse presionar” por los reclamos de condena a estos, y quienes alegaban que los uniformados son inocentes.
Después de la larga espera de una semana y tres días, los abogados de las víctimas dijeron que la familia está tranquila con la decisión adoptada por el tribunal.
Mientras, los parientes de los agentes enviados a la cárcel de La Vega, con lágrimas en sus rostros, no dieron declaraciones a la prensa.
De su lado, los allegados del teniente Victorino Reyes Navarro y el cabo Norquis Rodríguez aplaudieron la decisión del tribunal de enviar a Operaciones Especiales a estos dos, al considerar que estarán más seguros en ese lugar.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
Precisa que las evaluaciones realizadas a la niña, por personal especializado, fueron consistentes a las revelaciones realizadas a la madre y sustentaron las acciones cometidas por su agresor.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.