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Deportaciones masivas y medidas migratorias tambien han servido para que sectores hagan un gran negocio.
Santo Domingo, R.D.-Hace un año, el Gobierno dominicano inició los primeros operativos masivos de deportación de haitianos en condición irregular, con el objetivo de retornar hasta 10 mil personas por semana.
Desde entonces, las medidas migratorias se han multiplicado y extendido, en el marco de 15 disposiciones presidenciales adoptadas en este 2025 para regular la presencia de extranjeros no documentados en el país.
Según los datos de Dirección General de Migración, en los últimos diez meses, han realizado 310,499 repatriaciones, respecto mismo período de 2024, cuando se registraron 180,417 casos, lo que representa un aumento del 72 %.
Durante este año, han llevaron a cabo 5,123 operativos de interdicción en transporte público, y otras áreas estratégicas del país.
Una de las medidas más controvertidas ha sido el protocolo hospitalario, aplicado desde abril de este 2025 , en las que se han realizado más de 600 operativos en centros públicos para verificar el estatus migratorio de las personas atendidas, según informó Migración y el Ministerio de Salud Pública.
Estas medidas también han tenido un efecto en los registros civiles, donde los nacimientos de hijos de madres extranjeras descendieron de 20,502 en 2024 a 12,326 en 2025, una reducción de 8,176 partos.
El Centro de Acogida Vacacional de Haina fue remodelado con una inversión superior a RD$ 75 millones, incorporando espacios diferenciados para mujeres embarazadas y lactantes. Asimismo, algunos centros de detención fueron modernizados e implementaron sistemas biométricos y tecnológicos para el registro y control de extranjeros en condición irregular.
Mientras entre autobuses nuevos, lectores biométricos y modernización, el Gobierno destinó cuantiosos recursos en diez meses para reforzar su sistema de deportaciones.
Desde que se iniciaron las repatriaciones masivas, entidades internacionales han insistido con que las políticas nacionales han sido discriminatorias y vulneran los derechos humanos. En respuesta, el presidente Luis Abinader ha reiterado que la nación debe tomar las decisiones necesarias para salvaguardar su seguridad.
«El país va a seguir haciendo lo que está haciendo, que es respetando su ley migratoria y cuidando la República Dominicana», dijo.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.