No hay un solo escenario en el que la administración estadounidense no busque sustituir la fuerza por la razón.
El primer lugar escogido fue Venezuela, donde fue apresado dentro de su territorio el presidente de ese país, quien independientemente de su legitimidad o no, debe ser enjuiciado por los tribunales de su país, no de los Estados Unidos.
La ofensiva a través del uso o de la amenaza de la fuerza fue seguido en contra de Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, e igual amenaza sufre el pueblo haitiano con buques de guerra en sus costas.
Pero la imposición de la fuerza, aunque en una versión política, no militar, también ha sido vista en Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otras naciones del continente, por parte de la nueva versión de gobernar del presidente Donald Trump.
Aunque todo luce como una locura que no cabe en pleno siglo 21, cuando el derecho internacional está lo suficientemente empoderado, es como una versión del régimen nazi, cuyo principal protagonista actúa sin miramientos y sin importarle las consecuencias de su conducta.
La realidad es que se sienta un precedente de tensión y violencia que cambia una serie de patrones culturales que se han impuesto en las sociedades civilizadas y modernas de estos tiempos.
Este periódico lo había advertido de que Donald Trump era un peligro para la paz mundial, quien, incluso, ha logrado doblegar la institucionalidad que ha exhibido históricamente los Estados Unidos, ejemplo de aplicación de un buen derecho y cuyo sistema de justicia es admirado en todo el planeta.
Sin embargo, inexplicablemente Trump se ha puesto por encima del orden y la ley, lo que distorsiona el espíritu que tradicionalmente ha caracterizado a la nación más poderosa del mundo, fruto de que allí prevaleció un Estado netamente capitalista sin influencias federales, como resultado de un alto desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social.
En el contexto de los embates de una visión autoritaria y vulneradora de derechos, Trump ahora mete sus manos en Haití mediante la amenaza de la fuerza a través de las armas e impone a un gobernante que no garantiza el logro del objetivo perseguido por la comunidad internacional de construir un Estado que haga duradera una democracia que promueva el estado de derecho y la paz anhelada por el pueblo más débil y pobre de todo el hemisferio.
El desgraciado precedente que persigue hacer sucumbir el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la auto determinación de los pueblos toma cuerpo ante la mirada complaciente de gente que antepone el miedo frente la vergüenza y la dignidad humana.