Un discurso de quejas legítimas, pero sin solución al problema de fondo del sistema de justicia.

Con motivo del Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte Justicia, abordó aspectos preocupantes del sistema de justicia, pero no tocó los fundamentales que mantienen castrados a jueces y fiscales.

Luis Henry Molina habló de la mora en los tribunales y de las deficiencias del sistema, lo cual es importante no sólo abordarlo, sino de corregirlo, porque los temas tratados por Luis Henry Molina se traducen en violación del debido proceso y  en denegación de justicia.

Sin embargo, esos no son los temas que mantienen prácticamente secuestrado el estado de derecho, sino la politización, la ineptitud y la complicidad de muchos jueces y fiscales con lo mal hecho, con aquellas cosas que no ayudan la democracia.

El magistrado Molina también habló del presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia, el cual sin lugar a dudas es definitivamente pírrico, pero no se hace nada con un aumento del mismo  mientras no se resuelva la politización del sistema de justicia, cuyas consecuencias son la corrupción y la impunidad.

En los actuales momentos hay planteamientos que buscan darle una nueva configuración al Consejo Nacional de la Magistratura, con la exclusión del Procurador General de la República, sino también del presidente de la República, cuyas propuestas ayudarían mucho a una mejoría sustancial de la justicia.

Pero se impone que la sociedad dominicana se avoque a incorporar a nuevos componentes del Consejo Nacional de la Magistratura para desde este mecanismo iniciar en el país un proceso de adecentamiento del sistema de justicia, el cual luce muy desacreditado y pestilente.

La nueva configuración del Consejo Nacional de la Magistratura manda una modificación de la Constitución de la República para incorporar nuevas figuras jurídicas que purifiquen la democracia, porque no estaría demás establecer que los presidentes electos no tengan derechos a una nueva postulación.

Porque la verdad es que una sociedad como la dominicana, la cual carece de los niveles de institucionalidad necesarios para contrarrestar los flagelos que más la golpean, como son la corrupción y la impunidad, así no podrá salir a camino.

La contaminación del Estado no sólo tiene que ver con las malas actuaciones  de los jueces y fiscales, sino incluso de los que controlan los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que se hace prácticamente imposible que se puedan resolver los problemas sin una modificación profunda de los mecanismos de elección a todos los niveles.

La sociedad dominicana luce muy enferma, porque a todos los niveles se percibe muy poco interés de eliminar de su seno los factores que inciden con mayor fuerza para distorsionarla y dañarla y sólo la presión sistemática, persistente, consistente y constante, por los menos de los sectores más pensantes, hará el gran cambio.