Editorial
Un Estado Poco Esperanzador
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En el país ha habido un debate largo y tendido sobre el papel del Ministerio Público en lo referente a un tema que está sobre la mesa en el día a día, que es su supuesta independencia y su función se ha circunscripto, según mucha gente, a ser cómplice de lo mal hecho, lo cual no luce estar lejos de la verdad.
Sin embargo, si bien es cierto que el Ministerio Publico ha sido un gran dolor de cabeza para la sociedad dominicana, la verdad es que el problema más grave del sistema de justicia nacional es el hecho de la actitud de una gran mayoría de los jueces de suplantar al legislador mediante la violación de las normativas jurídicas vigentes en el país.
Es algo tan común y corriente que lo anormal es que la mayoría de los jueces se acojan el mandato de la ley para emitir su sentencia.
Este asunto, que tiene mucho de ignorancia y negligencia, también de complicidad, implica que no es tan fácil de resolver.
No hay uno solo de los megas procesos penales que se conocen en el país que deje un resultado que pueda ayudar a renovar la esperanza de la sociedad en una justicia que con sus fallos saque de su contexto las dudas que arrastran los jueces y fiscales del territorio nacional.
Cada día las dudas aumentan, porque no se ha producido un solo caso que reviva la esperanza nacional de que el depredador y la corrupción de cuello blanco va a recibir un castigo ejemplarizador.
Todo lo contrario, los fallos de los tribunales estimulan a la gente a inclinarse por lo mal hecho porque en el país no existe un régimen de consecuencia.
Lo ocurrido con el caso Juniol-Ramírez-OMSA es solo un capítulo más de una novela diabólica que parece que no hay forma de que pueda terminar.
Cada hecho mientras más bochornoso es para los dominicanos, peor son los fallos de los tribunales, lo cual es una forma de enviar el mensaje de que todo está perdido, pese a que en realidad esas decisiones deben servir para aumentar los esfuerzos para acabar con la distorsión que se produce en la judicatura nacional y en el propio Ministerio Público.