Santo Domingo, RD.-Unos 30 días después de iniciar auditoría de frustradas elecciones del pasado 16 de febrero, la OEA no ha dicho lo que pasó con los equipos usados en los comicios.Más Noticias
La OEA un mes después de comenzar auditoría no dice qué pasó en las elecciones de febrero.
Santo Domingo, RD.-Unos 30 días después de iniciar auditoría de frustradas elecciones del pasado 16 de febrero, la OEA no ha dicho lo que pasó con los equipos usados en los comicios.Según las palabras de Castaños Guzmán en ese momento, la mayoría de los equipos presentaron problemas al momento de cargar las boletas automatizadas haciendo que solo aparecieran uno o dos candidatos.
De inmediato las acusaciones de sabotaje y fraude entre el oficialismo y la oposición no se hicieron esperar mientras la sociedad civil exigía al órgano Electoral una explicación sobre lo ocurrido, mediante numerosas protestas en la Plaza de la Bandera, justo al frente de la sede principal de la JCE.
Aunque las autoridades dominicanas llevaron a cabo una investigación y la JCE suspendió a su director de informática, Miguel Ángel García, la oposición le quitó validez a ese proceso en más de una ocasión, solicitando la intervención de organismos internacionales.
El 21 de febrero, el Gobierno dominicano instruyó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar el fallo en el sistema de voto automatizado y dejando suspendidas en efecto la investigación del Ministerio Público.
La semana siguiente, la JCE y la OEA firmarían las bases del acuerdo que daba apertura a la auditoría que realiza el organismo Internacional.
La auditoría, según lo dicho en la ruede de prensa de ese día, consiste en la toma de manera aleatoria 80 equipos del voto automatizado de las suspendidas elecciones.
De esos 80 equipos serán elegidos veinte aparatos que nunca presentaron inconvenientes, veinte que presentaron fallas y nunca se arreglaron, veinte maquinas que estuvieron defectuosas, pero finalmente funcionaron y veinte que pertenecían a la parte de respaldo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó en ese momento que la misión principal de esta auditoría técnica es identificar las causas que provocaron el fallo en los equipos que se utilizarían en 18 demarcaciones.
También añadía que esos trabajos no iban a entorpecer en el montaje de los comicios extraordinarios realizados el 15 de marzo.
Un día después, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, anunciaba que dicha auditoría no estaría lista hasta después de las elecciones de marzo. Brache daba la información luego de reunirse con los miembros de la misión técnica de OEA.
La República Dominicana está en el conteo regresivo para las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo, y han pasado 20 días desde la celebración de los comicios extraordinarios y aún la OEA no ha dado los resultados de dicha auditoría ni tampoco planteado una fecha para informar dicho hallazgo.
Inclusive, la entidad internacional no se ha expresado sobre el tema desde el pasado tres de marzo, a pesar de que su misión técnica, encabezada por Eduardo Frei permaneció en el país hasta después de celebradas las elecciones del 15 de marzo.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.