Más Noticias
El coronavirus presiona la salida de República Dominicana de un millar de haitianos.
Santo Domingo, RD.-La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) declaró que un millar de haitianos ha abandonado República Dominicana desde que se decretó el cierre de fronteras entre ambos países la semana pasada debido al brote de coronavirus.En total 1.124 haitianos, incluyendo hombres, mujeres y niños han cruzado la frontera común, que se ha abierto «unos minutos al día» para permitir la salida de los migrantes, según detalló a Efe el jefe de Misión de la OIM en República Dominicana, Josué Gastelbondo.
La apertura de la frontera funciona de forma «similar» a los permisos que concede el Gobierno dominicano para los vuelos especiales en los que se están evacuando a los turistas que permanecen en el país.
«Debido al coronavirus los migrantes no ven oportunidades y muchos están prefiriendo retornar a su país por un tiempo», dijo Gastelbondo por teléfono.
El responsable de la OIM explicó que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno dominicano para ayudar a la población más desfavorecida no alcanzan a los haitianos, que en su mayoría trabajan en la informalidad, por lo que muchos prefieren volver a su país temporalmente.
El impacto económico ha sido «muy fuerte» en la zona fronteriza, donde la población vive del comercio entre ambos países, y también se ha sentido en zonas urbanas de República Dominicana, donde los haitianos trabajan principalmente en las obras de construcción, que ahora están paralizadas por el brote del coronavirus.
El coordinador general del Observatorio de la Migración y la Trata Transfronteriza (OMTT) de Haití, Sylvestre Fils Dorcilus, dijo a Efe que se producen retornos de haitianos a diario, algunos por el coronavirus y otros no, a los que se suman las deportaciones.
«República Dominicana sigue deportando haitianos todos los días en la frontera. Cuando llegan, los oficiales de inmigración de Haití se ven obligados a abrir las puertas para dejarlos entrar», afirmó Dorcilus.
República Dominicana registra 245 contagios por el coronavirus, incluyendo tres fallecimientos, mientras que en Haití se han notificado seis casos hasta la fecha.
El responsable de la OIM alertó de que la salida de haitianos es «coyuntural» y la situación puede cambiar cuando aumente el número de casos de coronavirus en Haití, un país con una infraestructura sanitaria muy frágil.
«Cuando se agrave la situación en Haití, la frontera va a requerir medidas especiales», manifestó Gastelbondo.
En su opinión, esa región necesita una política epidemiológica «diferente», coordinada entre los dos países y, en especial, entre las autoridades locales de los municipios a ambos lados de la frontera.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
Más Noticias
Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.