Nacionales
Un muerto, más de 12,500 desplazados y 104 zonas aisladas
Una de las Paredes de la Escuela Manuel B. Troncoso en el sector Villa Tropicalia. de Santo Domingo Este, colapso la mañana de este jueves como consecuencia de los fuertes aguaceros y ráfagas de vientos que ocasionó a su paso los reflejos del huracán Sandy. (Foto: Alcibíades Rincón).
SAN PEDRO DE MACORIS.- Una persona muerta y otra desaparecida, en esta ciudad e Higüey, respectivamente, es el balance de las lluvias de las últimas horas en esta zona tras el paso del huracán Sandy.
El muerto es Bernory Cruz, de 22 años, conocido como Lendoy, quien residía en la calle A del barrio Guachupita, de aquí. Su cadáver fue rescatado del balneario Caganche de Caño Salado, en el municipio de Quisqueya. Se dice que Cruz acudió al lugar a visitar a una persona y trató de cruzar el balneario, cuyas aguas habían crecido.
El cadáver fue hallado a orillas del referido balneario y levantado por una médico legista y autoridades.
En tanto, Miguel Ángel Santana, de 21 años, fue dado como desaparecido tras lanzarse de un puente sobre el río Duey, en Higuey, desafiando la crecida del afluente. Se lanzó al río acompañado de otras dos personas, que lograron salir a nado a pesar de la intensidad de la corriente.
Brigadas del COE trabajaban tarde y noche para localizar a este último en medio de llantos y muestras de desesperación de sus familiares, quienes dijeron sentirse angustiados por lo ocurrido.
En ciudades como La Romana y San Pedro de Macorís fueron notorias las inundaciones por las continuas precipitaciones provocadas por el huracán Sandy. Mientras, en El Seibo algunas comunidades rurales quedaron bloqueadas, como fue el caso de Mata de Palma.
El balance del COE
SANTO DOMINGO.- Al menos 12 mil 500 pesonas han sido desplazadas, mil 149 viviendas afectadas y 104 comunidades incomunicadas debido a las lluvias y vientos que han acompañado el huracán Sandy, informó el Comité de Operaciones de Emergencias (COE).
Entre las zonas incomunicadas se encuentran el kilómetro 22 autopista Duarte y La Cuaba, debido a una crecida del río Isabela así como Sonador, Palmar del Río, Sábana del Ríos, La Cita, Yarumbo y Los Tres Ojos, en la provincia Sánchez Ramírez; Guazara y Hato Viejo, en Monte Plata; Padre Las Casas y Guayabal, en Azua; Los Peinados, Contreras y Juana Rodríguez, en la provincia Duarte.
El presidente Danilo Medina habló este jueves en la tarde con los miembros del Comité de Emergencia, quienes le informaron sobre la situación del país.
El Mandatario ordenó a dicho Comité que adopte las medidas necesarias a fin de evitar socorrer a las familias afectadas y evitar pérdidas humanas.
Lluvias hasta el sábado
El director del COE, general Juan Manuel Méndez informó que las precipitaciones a causa del huracán Sandy se mantendrán hasta el próximo sábado, por lo que llamó a la población a tomar las previsiones de lugar y a mantenerse en contacto con las instituciones de protección civil más cercanas, principalmente aquellas poblaciones de alto riesgo en las provincias alertadas.
Advirtió que habrá crecidas de ríos, arroyos y cañadas de manera repentina, así como deslizamientos de tierra o agrietamiento de terrenos, lo que debe ser informado a los organismos de emergencia.
Dijo que el COE y todos los organismos que lo componen mantienen alerta roja para Barahona, Pedernales, Bahoruco, San Juan dela Maguana, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Azua, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Provincias en alerta
En alerta roja están Barahona, Pedernales, Bahoruco, San Juan de la Maguana, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Azua, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, San Pedro de Macorís y La Altagracia.
En amarilla, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, El Seybo, Hato Mayor, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, San Cristóbal, Valverde, Peravia y Sánchez Ramírez.
En verde están: Espaillat, Santiago, Puerto Plata, Samaná, Maria Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal.
Méndez ofreció la información durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio Nacional, junto a los titulares dela Oficina Nacionalde Meteorología, Gloria Ceballos;la Defensa Civil, general Luis Luna Paulino; Plan Social dela Presidencia, César Prieto e Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández, luego de reunirse con el presidente Danilo Medina, a quien rindieron un informe detallado de la situación.
Dijo que los afectados están recibiendo asistencia de los organismos correspondientes, como el Plan Social dela Presidencia, los Comedores Económicos, Ministerio de Obras Públicas, PROMESE/CAL y otros, ya que fueron apostados con suficiente tiempo en los lugares previstos, por instrucciones del Presidente dela República.
El COE mantiene equipos en lugares estratégicos de la región sur del país para responder a las necesidades que se presenten a la brevedad posible.
En tanto, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ingeniero Olgo Fernández, confirmó que todos los embalses de las presas, en especial los de Sabana Yegua y Tavera, están en condiciones de recibir los niveles de precipitaciones previstos.
almomento.net
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.