Latinoamericanas
Un muerto y 48 reos fugados, con la recaptura de 5, tras motín en cárcel de Ecuador
Quito, (EFE).- El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, la agencia penitenciaria de Ecuador, anunció este lunes que halló un reo fallecido y descubrió la fuga de 48, de los que se ha recapturado a cinco, en la cárcel de Esmeraldas, capital de la provincia homónima del noroeste del país y fronteriza con Colombia.
El SNAI precisó en un comunicado que encontró un preso muerto y que 48 reos se habían fugado durante la intervención policial y militar realizada el domingo a esta cárcel que había permanecido tomada por reclusos amotinados en una situación que se repitió en al menos otras seis prisiones del país.
El domingo, más de mil efectivos militares y policiales ingresaron al interior de esa cárcel para efectuar una requisa general, pero tras la inspección «se evidenció la evasión de 48 personas privadas de libertad», indicó al fuente.
La institución penitenciaria aseguró que en la misma intervención se informó del «fallecimiento de una persona privada de libertad que estaba en ese centro», por lo que se «coordinó con la institución competente para determinar las causas de este suceso».
La semana pasada, al menos siete prisiones ecuatorianas fueron tomadas por los reos que, además y retuvieron a algo más de 200 guardias y funcionarios administrativos penitenciarios.
El lunes de la semana pasada, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto de «estado de excepción» por 60 días y escala nacional, para atajar las acciones violentas en las cárceles.
El martes la situación se desbordó y la violencia se trasladó también a las calles del país, con explosiones, vehículos incendiados, robos, asaltos y hasta una irrupción de delincuentes armados a un canal de televisión, además de los motines en las cárceles.
En esos amotinamientos simultáneos también se registraron fugas masivas como la de la cárcel de Riobamba, de donde escaparon 32 reclusos, entre ellos Fabricio Colón Pico, presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Lobos’ y señalado de presuntamente planear un atentado contra la fiscal general, Diana Salazar.
Fue entonces cuando el presidente Noboa firmó un decreto que reconoció un «conflicto armado interno» en Ecuador y dispuso que las Fuerzas Armadas y la Policía neutralicen a las bandas del crimen organizado imputadas de la espiral de violencia, y a las que calificó como «grupos terroristas» y actores estatales no beligerantes.
La espiral de violencia se desató hace una semana, justo después de que Noboa había anunciado que se disponía a avanzar en su ‘Plan Fénix’, con el objetivo de recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por las bandas del crimen organizado, donde han sido asesinados más de 450 presos desde 2020 en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.
Aunque la tensión vivida la semana pasada en Ecuador ha bajado de intensidad, en el país hay una tensa calma por el temor de que reaparezcan las acciones violentas, mientras las fuerzas de seguridad patrullan las calles y mantienen operaciones en las cárceles en virtud del «estado de excepción» y «conflicto armado interno» en vigor. EFE
BOGOTÁ.- Excancilleres de diez países de América Latina expresaron su «pleno respaldo» a la posición de Panamá sobre el canal interoceánico, que consideran un «activo estratégico», tras la queja del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que exigirá su devolución si no se reducen las tarifas que se cobran para su tránsito.
Así lo manifestaron en un comunicado divulgado este domingo en el que validan la postura del Gobierno y el pueblo panameño «en su firme afirmación de que la soberanía e independencia de Panamá sobre el canal interoceánico no son negociables».
«Es indiscutible que la República de Panamá y su gente han gestionado el Canal con responsabilidad, garantizando su aporte al comercio marítimo internacional y al desarrollo económico global, lo cual constituye un símbolo de autonomía y orgullo latinoamericano», señalaron los firmantes, entre quienes se encuentran los excancilleres panameños José Miguel Alemán, Ricardo Alberto Arias, Samuel Lewis, Erika Mouynes e Isabel de Saint Malo.
El comunicado recuerda que «los Tratados Torrijos-Carter, firmados entre Estados Unidos y Panamá en 1977 (…) establecieron un cronograma para la transferencia del Canal y sus áreas adyacentes al control panameño» que se concretó hace 25 años, el 31 de diciembre de 1999.
«Este acuerdo histórico fue el resultado de una prolongada y decidida lucha del pueblo panameño, apoyada por una amplia solidaridad internacional», señalan los firmantes.
Igualmente reafirman su «solidaridad con Panamá y su pueblo, apoyando su legítima defensa de la soberanía sobre este valioso activo estratégico».
El documento lleva también la firma de los excancilleres María Ángela Holguín y María Emma Mejía (Colombia); Jorge Castañeda, José Antonio Meade, Claudia Ruiz Massieu y Bernardo Sepúlveda Amor (México).
Igualmente los suscriben los exministros de Relaciones Exteriores chilenos Mariano Fernández, Alejandro Foxley, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, Ignacio Walker y José Miguel Insulza, este último también exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Completan la lista de firmantes los excancilleres Luis Gallegos (Ecuador); Diego García Sayán (Perú); Manuel A. González y Roberto Tovar Faja (Costa Rica); Eladio Loizaga y José Antonio Moreno Rufinelli (Paraguay); Susana Malcorra (Argentina); Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Aloysio Nunes (Brasil).
Los comentarios de Trump sobre el Canal de Panamá causaron un revuelo mayúsculo a finales de diciembre al amenazar con recuperar esa vía interoceánica si no se reducen las tarifas que cobran al comercio de Estados Unidos para transitarlo.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha sido enfático al defender la soberanía de su país sobre el Canal y señalar que los peajes no se van a bajar porque «no se hacen al antojo de los presidentes (de Panamá) y del administrador» de la vía sino que se fijan en un «proceso público y abierto» en el que participan clientes y otros actores.
TEGUCIGALPA.- Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Honduras ratificaron su compromiso con la democracia y el respeto a la Constitución, tras la detención del exgeneral Romeo Vásquez, artífice del golpe de Estado de 2009.
Vásquez, quien encabezó el 28 de junio de 2009 la asonada militar contra el entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue arrestado este domingo junto a otros dos ex altos cargos por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves contra una manifestación pacífica en julio de ese año.
En un comunicado emitido por su Estado Mayor Conjunto, las FF.AA. aseguraron que no habrá más golpes de Estado en este país centroamericano y reafirmaron su compromiso con la democracia y la Constitución.
«Rechazamos de manera categórica cualquier acción que implique la violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales», remarca el texto.
La institución castrense afirmó que las nuevas generaciones de oficiales están firmemente comprometidas con el respeto al marco legal de la nación, y reconoció la importancia de aprender de la historia y de fortalecer la institucionalidad.
El respeto a la Constitución de la República y los derechos humanos son pilares fundamentales en el cumplimiento de nuestra misión, subrayó el escrito.
«Reiteramos que, en cumplimiento al mandato constitucional, por ningún motivo las armas confiadas a nuestra institución militar serán utilizadas para afectar a nuestro pueblo», reza el comunicado.
El comunicado fue difundido tras la captura de tres antiguos miembros de las FF.AA., involucrados en graves violaciones de derechos humanos durante las protestas pacíficas contra el golpe de hace 15 años.
Los detenidos están acusados de ser responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isis Murillo y Alex Zavala, simpatizantes que permanecían en los alrededores del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, a la espera del retorno al país de Zelaya.
Latinoamericanas
Machado convoca a los venezolanos a las calles un día antes de la investidura presidencial
La líder opositora María Corina Machado llamó este domingo a «todos» a salir a las calles de Venezuela y del mundo el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial, que tanto el mandatario Nicolás Maduro como el líder antichavista Edmundo González Urrutia prometen asumir.
«Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquista», manifestó Machado en un audio publicado en X.
Pidió salir «llenos de confianza» porque -subrayó- «Maduro no se va ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás».
«Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes, de hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo», dijo la exdiputada, quien asegura estar en la clandestinidad al temer por su seguridad.
Machado y la mayor coalición opositora sostienen que González Urrutia es el ganador de las presidenciales del 28 de julio, por lo que reclaman que este triunfo sea reconocido, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Maduro.
Entretanto, el líder opositor -exiliado desde septiembre en España- reitera que viajará a Venezuela para asumir la Presidencia y, como paso previo, se encuentra en una gira internacional, que ya lo ha llevado a Argentina y Uruguay, en busca de apoyos.
Mañana, lunes, será recibido en Estados Unidos, donde espera reunirse con el presidente Joe Biden.
Mientras, la Fiscalía mantiene una orden de detención contra González Urrutia y la Policía ofreció, recientemente, una recompensa de 100.000 dólares a quien brinde información sobre el paradero del opositor o aporte algún dato que facilite su arresto.
El Gobierno de Venezuela desplegó 1.200 efectivos en todo el país con el objetivo de «garantizar la paz» de cara a la toma de posesión de la Presidencia.
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