Un Tribunal de apelaciones permite la entrada en vigor de la ley antimigrantes de Texas

El Quinto Circuito deja sin efecto la decisión de un tribunal inferior, pero da siete días al Gobierno de Biden para recurrir el fallo, que se acerca al territorio del Supremo

La ley antimigrantes de Texas se acerca al territorio del Supremo. Un fallo del Quinto Circuito de Apelaciones ha dejado sin efecto la decisión de una corte de distrito que frenaba la entrada en vigor de la polémica norma, que permite detener a cualquiera bajo sospecha de no tener papeles e iniciar los trámites para su expulsión a México. El Quinto Circuito otorgó el sábado siete días al Ejecutivo para que este presente una nueva apelación, lo que llevaría el caso ante los jueces constitucionales. Si el Supremo no interviene, las autoridades podrá aplicar ley desde el sábado.

La decisión del tribunal, radicado en Nueva Orleans, llegó la noche del sábado, dos días después de que el juez federal David Ezra frenara la ley, conocida como SB4, argumentando que esta es inconstitucional. El magistrado asegura que la norma propuesta por el gobernador Greg Abbott da a las autoridades estatales facultades de regulación de la migración que solo competen a los funcionarios federales. Abbott, un mandatario que ha hecho el combate a la inmigración irregular una de sus prioridades, anunció el mismo viernes que apelarían la decisión de Ezra ante el Quinto Circuito.

Abbott anunció el jueves pasado que su Gobierno recurriría al Quinto Circuito. Pero el gobernador ya tiene la esperanza puesta en la mayoría conservadora que tiene el Tribunal Constitucional en Washington. “Incluso desde su tribunal, este juez de Distrito admite que este caso será decidido últimamente por el Supremo”, señala el mandatario.

El gobernador promulgó la ley en diciembre durante un evento celebrado en la frontera con México, una zona que ha producido en 2023 números récord de inmigrantes irregulares. La SB4 convierte la entrada ilegal a Texas en un crimen que puede ser castigado hasta con seis meses de prisión. Los reincidentes, sin embargo, se exponen a penas más duras, que pueden llegar a los dos e incluso hasta los 20 años tras las rejas.

Una de las partes más polémicas de la norma permite a las autoridades estatales llevar a las personas sin papeles ante jueces locales. Estos togados podrían entonces iniciar los trámites de expulsión del Estado de los migrantes. Estos serían enviados presuntamente hacia México, sin importar si son o no nacionales mexicanos. El Gobierno de ese país ha rechazado de manera rotunda y repetida la SB4. La deportación de migrantes por un Estado es considerada inconstitucional por varias instancias. “La expulsión toca una de las más sensibles consideraciones de asuntos exteriores de la política federal”, señaló el juez Ezra en el fallo que ha sido revertido.

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