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Editorial

Un Verdadero Bochorno

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Los atrasos y déficits de la sociedad dominicana son un verdadero bochorno frente a los avances, sobre todo en asuntos institucionales, de otros países latinoamericanos, que es el ámbito en que debemos medirnos.

La vergüenza que tenemos que pasar los dominicanos por la desfachatez de nuestros gobernantes y también por la falta de conciencia de nuestros gobernados.

Es que hay detalles de nuestras debilidades que dan vergüenzas hablarlas y que las pueda escuchar un extranjero, porque pensaría muy mal de nosotros.

Un detalle sobresaliente de lo que decimos fue la reciente denuncia de que miles de médicos cometieron fraudes para alzarse con una sub-especialidad.

Pero todo el mundo sabe que en la República Dominicana los profesionales de la Medicina tienen formulas para pasar los exámenes de especialidades con la simple compra del cuestionario que se utiliza para evaluarlos.

Es definitivamente una vergüenza porque esa situación nos pone en peligro a todos, dado que un médico sin una buena formación y que no sabe que hacer con pacientes afectados de una determinada enfermedad,  probablemente esa persona sea un candidato a la muerte.

Ese desenlace no es motivo de preocupación en un país donde no hay un régimen de consecuencias, porque la justicia es otra vergüenza, tal vez la peor.

Sin embargo, el sector salud es un verdadero bochorno nacional, máxime cuando hay que soportar una información como la aparecida hoy en que una madre graba un video para que la gente sepa como acuestan hasta cuatro y cinco niños en una misma cama en el hospital Arturo Grullón de Santiago.

Es una situación que no da por ningún lado un razonamiento lógico por parte de los propiciadores de semejante desvergüenza y falta de delicadeza, lo cual deja clara la falta  de conocimientos elementales para que entender que eso puede ser una forma de propagar enfermedades contagiosas entre los infantes.

Sabemos que en el país las autoridades competentes siempre buscarán una quinta pata al gato para justificar lo injustificable.

Pero hay cosas peores de ahí que ocurren en los hospitales públicos de la República Dominicana, como ejemplo la denuncia hecha hace algún tiempo de que el agua usada en la morgue para higienizar los cadáveres iba directamente a la cocina de ese centro asistencial y que la misma era utilizada para lavar los platos e incluso para cocer los alimentos.

Otra situación vergonzante es el hecho de que en ese hospital hay pacientes que pasan días con sueros puestos sentados en una silla, sin que nadie se sonroje de semejante falta de consideración y sensibilidad frente a los enfermos.

Todo esto es parte de la rutina, pero el cuadro es aún mucho peor de ahí, porque en la República Dominicana el mal manejo de los hospitales públicos no es sólo un problema de falta de recursos, sino de que los mismos son malgastados y manejados a través de la cultura del dispendio que prevalece en el país.

Lo otro es que no está en discusión que la sociedad en todas sus instancias luce como cansada y tal vez hasta enferma como consecuencia de que lo mal hecho ya es parte de nuestra cultura.

Lo penoso de todo esto es que cuando aparece alguien que se expresa en contra de ese flagelo lo ven como un loco, como un anormal.

La situación es tan grave que no dude nadie que en cualquier momento encuentre a muchas personas caminando con lo cabeza hacia abajo y que aparezca una gran mayoría que defienda esa anormalidad y que pregone que así es que se camino y que el que diga lo contrario no es más que un loco y desajustado.

Porque en qué cabeza puede caber, mucho menos en la de un medico, que niños afectados de diferentes enfermedades puedan ser acostados en una misma cama, cuando lo mas probable es que haya una propagación de cualquier virus o bacteria hacia aquellos infantes  que tal vez padecen una simple alergia o cualquier otra dolencia no contagiosa

 La información parece, sin lugar a dudas, provenir de la sociedad de la ignoracia. 

La realidad, lamentablemente, no es menos de ahí

 

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Editorial

Las candidaturas independientes es un riesgo que necesita la democracia nacional.

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La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.

Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.

Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.

Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.

Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.

Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.

Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,

Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.

De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el  adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.

El reto está echado. Manos a la obra.

 

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Editorial

Niveles muy preocupantes de educación dominicana.

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La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.

 El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.

 Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para  su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.

Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.

 Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que  para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve  más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente  la primera garantiza la segunda.

Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día,  de poco desarrollo industrial,  el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.

Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.

 Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo  de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir  como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.

 La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas,  la principal debilidad de los países pobres  y subdesarrollados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Editorial

El TC y la revisión de amparo

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Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal  anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.

De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.

En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.

Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.

Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.

No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.

Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.

Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.

Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.

Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.

Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica,  el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.

No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.

Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.

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