Editorial
Una comunidad sólo receptora de malos tratos.
El clientelismo y los intereses grupales han proyectado la idea de que cumplir con los dominicanos del exterior es nombrar a uno procedente de allí en un carguito público.
Ese es un gran engaño, una mentira que traiciona los intereses de un conglomerado de dominicanos que sólo en los Estados Unidos ya supera los dos millones de personas.
Y esa cantidad de inmigrantes dominicanos habla muy claro de que en la medida que ese segmento sea estimulado a presionar a través de los mecanismos de la democracia para producir cambios mediante la gestión pública en el país, mayores serán sus logros en el lugar donde viven y donde están sus familias.
El crecimiento exponencial en términos poblacionales de la comunidad en el exterior irá en aumento, pero los cambios en lo que respecta a políticas públicas en su favor desde los gobiernos nacionales, dependerá de qué tanto la comunidad se empodere a través del voto.
En la actualidad se habla de una población votante dominicana registrada en el exterior que supera las seiscientas mil personas, pero pudieran ser mucho más si se diseña un plan que haga entender que los que han huido hacia tierras extrañas cuentan también con el poder económico para hacer grandes cambios si se focalizan en lo que tienen que hacer para mejorar incluso su propia situación.
En el caso de los dominicanos del exterior sólo falta lograr una mayor incorporación suya en la agenda nacional, ya que total se trata de inmigrante de primera generación que esa condición les hace tener muy pocas posibilidades de jugar un papel protagónico en la administración de los gobiernos donde residen.
De cualquier modo, los dominicanos del exterior, sobre todo los de primera generación, por una serie de factores de tipo psicológico, sociológico y étnico siempre tendrán empeño en que las cosas en el país se manejen mejor.
Son muy diversas las potencialidades que tienen los dominicanos del exterior, ya que incluso cuentan con una serie de valores cívicos y democráticos que han sido adquiridos luego de vivir en otros destinos que podrían ayudar a depurar y mejorar a la sociedad dominicana.
Este medio siempre ha tenido la idea de que la incorporación de los dominicanos del exterior al mapa político nacional conlleva necesariamente una herramienta para que el país mejore su democracia, pero ello sólo será posible si los propios criollos que viven del otro lado se empeñan en que las cosas aquí sean diferentes.
Es importante que se entienda que el aporte del dominicano del exterior no es sólo a través de la remesa, la cual no deja de jugar un papel de primer orden en la economía nacional, aunque también necesita de ser refocalizada, sino que se debe asimilar que su contribución llega además a la cultura, la política y otros muchos renglones de la vida nacional.
El 2024 debe ser definido como el año del empoderamiento de la comunidad en el exterior con la expulsión de todos los vividores que se aprovechan de sus logros para colocarse, por ejemplo, en una curul en el Congreso Nacional con una agenda muy personal y que en nada beneficia a los buenos y verdaderos dominicanos.
Ha llegado el momento ya de decir no a la demagogia, la politiquería y el engaño en contra de una comunidad en el exterior que lo ha dado todo por su gente y que su esfuerzo no recibe ninguna recompensa, sino castigos y desprecios.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana