Una Denuncia con Repercusión Política y Social, Pero no Penal.

Por José Cabral

La denuncia de corrupción presentada por Guillermo Moreno y su partido Alianza País en contra de Félix Bautista, Víctor de la Rúa y Leonel Fernández sienta un precedente importante, pero la misma no pasará exactamente de eso, una queja.

Esto así, porque Moreno y su partido han apelado a una figura jurídica consignada en el Código Procesal Penal, la cual no es otra cosa que la presentación de una denuncia que luego debe estar acompañada de la acción o la investigación del ministerio público, a fin de avalar lo que jurídicamente se identifica como elementos de pruebas.

De manera, que se impone preguntarse hasta dónde un jefe del ministerio público, llámase Procurador General, el cual es designado en esa posición por el presidente de la República, Danilo Medina, sobre todo si éste ha dicho públicamente que es un hombre del principal  acusado de malversación de fondos públicos, es decir, del imputado que en este caso se trata del expresidente Leonel Fernández.

Lo de esperarse es que Francisco Domínguez Brito declare inadmisible la denuncia de Moreno y de Alianza País y en consecuencia la cuestión termine con la acumulación de algun capital político para el exfiscal y la extinción del caso.

Como bien lo ha proclamado el propio Moreno la carencia de institucionalidad es un mal que mantiene prácticamente  inhabilitado al país, cuyo fenómeno no sólo afecta a las instituciones del Estado, sino a toda la vida nacional, incluyendo a los propios partidos políticos, los cuales se forman sobre una base paternalista.

Sin embargo, hay que estimular acciones como las emprendidas por Moreno y su partido Alianza País, independientemente de que tengan un trasfondo político, porque al margen de sus aspiraciones presidenciales existe un hecho real que consiste en un déficit fiscal que llega hasta los 187 mil millones de pesos fruto de la malversación de fondos públicos por parte de un gobierno corrupto hasta los tuétanos.

Llama mucho a la atención la actitud de resignación de amplios sectores nacionales a la desgracia que hoy vive la República Dominicana, cuyo principal flagelo de la corrupción está presente hasta en la más insignificante institución oficial.

Sería de gran valor que iguales acciones sean tomadas en los casos de la corrupción que prevalece en los ayuntamientos del país, como por ejemplo el de Santiago, encabezado por Gilberto Serulle, donde tal vez sea mucho más fructífera la presentación de una denuncia por corrupción, en razón de que éste no controla, ni podrá controlar el procurador general de la República.

Por los ayuntamientos se podría lograr por lo menos una investigación más profunda en torno a algunos elementos de pruebas que se proyectan sobre una gestión municipal manejada por individuos que sin lugar a dudas actúan como toda una asociación de malhechores.

No obstante, la denuncia presentada frente al ministerio público por parte de Guillermo Moreno y Alianza País constituye una iniciativa que la sociedad dominicana necesita para crear algún dique de contención a una corrupción generalizada que literalmente hablando se traga a la República Dominicana.

Leonel Fernández como cabecilla de esa asociación de malhechores debe por lo menos darle una explicación a la sociedad dominicana, la cual hoy se consume ante flagelos tan devastadores como el narcotráfico, la exclusión social, la violencia, la delincuencia y la corrupción generalizada.

Debe buscarse, si no la condena legal de Leonel Fernández, Félix Bautista y Víctor de la Rúa, así como de otros miembros de esa banda de atracadores del patrimonio publico, por lo menos una sentencia social mediante juicios simbólicos como el anunciado en San Francisco de Macorís, cuyos promotores son hijos del pueblo que han sufrido los rigores de la depredación de los fondos de las arcas nacionales.