Nacionales
Una hermana de Julio Solano narra cómo su tío lo mató
Carlos Julio Solano llegó muerto al hospital Luis Eduardo Aybar. (Kelvin Mota)
Una hermana de Carlos Julio Solano, asesinado a balazos el pasado lunes por su tío, dijo que su pariente fue ultimado en brazos de un policía que intentó ayudarlo.
Solano, quien estuvo bajo investigación por lavado de activos, recibió dos disparos, uno en el costado izquierdo y otro en una pierna. Alexandra Solano, hermana de la víctima, dijo que un hijo suyo presenció cuando Antonio Solano de la Rosa, arremetió a tiros contra su propia sangre.
Solano de la Rosa confesó que mató a su sobrino en venganza porque el día 5 de abril del 2011 Carlos Julio mandó a asesinar a su hijo, Julio César Solano Bautista. Alexandra dijo que su hijo Brian Sánchez Solano, de 19 años, contó que cuando Carlos Julio recibió el primer balazo fue perseguido por el señor Solano de la Rosa.
Sostuvo que fue en ese instante en que un agente policial intentó auxiliar a Carlos Julio. Dijo que al verlo herido en una pierna, “entonces él (agente) lo agarró y Solano de la Rosa aprovechó y le dio un tiro en el pecho. Pero el policía solo quiso ayudar, aunque no tuvo tiempo de hacer nada”, sostuvo Alexandra.
Esta mujer pide al jefe de la Policía, José Armando Polanco Gómez, que disponga de la mayor protección posible para su hijo Brian Sánchez Solano, debido a que fue testigo presencial de un hecho sangriento que envuelve el enfrentamiento de una familia
El reporte policial asegura que Carlos Julio, de 42 años, llegó muerto al hospital Luis Eduardo Aybar, donde fue llevado por Brian Sánchez.
El ataque de Solano de la Rosa contra su sobrino se produjo en la calle Concepción Bona, casi esquina Juana Saltitopa, del sector Mejoramiento Social, alrededor de las 2:00 de la tarde.
¿Quién era Carlos Solano?
Carlos Julio Solano era el dueño de la casa de cambio Hermanos Solano, ubicada en la calle Juana Saltitopa, del mismo sector donde fue asesinado.
Fue involucrado en un caso de narcotráfico y lavado de activos, en el 2009, que vincula a los reclusos Manuel Emilio Beltré (El Gringo) y a Pascual Cordero Martínez (El Chino).
El 31 de octubre del 2009, al Gringo le ocuparon 4 millones 326 mil 800 pesos y 920 euros, mientras transitaba en una yipeta por la calle José Martí, en la capital.
Cuando se le preguntó por el origen de ese dinero, El Gringo dijo que se lo habían prestado en Hermanos Solano, iniciándose una investigación que llevó a la incautación de 50 millones de pesos en el negocio propiedad de Carlos Julio, que en enero del 2013 estaba prevista su devolución.
Advierten que un primo de Carlos hace amenazas
Al margen de los motivos que Solano de la Rosa dice que tuvo para aniquilar a su sobrino, todo luce indicar que los problemas familiares van mucho más allá. Ayer, mientras esperaban el cadáver en Patología Forense, Alexandra aseguró que un primo llamado César Solano dijo que “las cosas podrían continuar”. Alexandra interpreta esto como advertencia dirigida a los dos hijos de Carlos Julio, a su esposa y a otros dos hermanos que le sobreviven.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.