Análisis Noticiosos
Una JCE de 5, que parecen 3, pero sólo es Roberto Rosario
Por Juan Bolívar Díaz
El discurso con que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, pretendió el jueves negar el desastre organizativo y el colapso del escrutinio electrónico en los comicios del 15 de mayo que impuso contra viento y marea, constituye una ofensa a la inteligencia colectiva, con una sarta de mentiras y omisiones.
Si algo dejó clara la perorata es que, tal como se evidenció durante todo el proceso, la JCE dejó de ser el organismo colegiado contemplado en la Constitución y la Ley Electoral, integrado por cinco miembros titulares, que han aparentado ser sólo tres, pero en realidad ha sido sólo Roberto Rosario.
La Junta Electoral soy yo. Si a alguien le quedaba alguna duda de que Roberto Rosario había secuestrado el carácter colegiado de la JCE, su discurso del jueves la disipa, como lo cita el reconocido jurista y militante social que es Francisco Álvarez Valdez: “Se trató de un discurso personal, que no era conocido por el pleno, que no varió la forma unipersonal con la que Rosario maneja la JCE. Y lo grande del caso es que lo admite y pretende justificar con el siguiente párrafo: “Más que la Junta Central Electoral, una parte de la población, de alguna manera, ha esperado que su presidente les rinda un informe sobre las condiciones y circunstancias en que se desarrollaron las elecciones”.
A pesar del fracaso organizativo y sobre todo de su intento de automatización, Rosario aún no baja de la nube en que se encumbró. El expresidente colombiano Andrés Pastrana, no pudo ocultar su asombro cuando al visitar la JCE la semana antes de las elecciones fue recibido sólo por su presidente, con quien habló por más de una hora, y al final llamó a los otros cuatro titulares del organismo, para las fotografías.
En todo el proceso la mayor parte de las decisiones fundamentales fueron por votación de tres a dos. Con Roberto Rosario vota siempre Rosario Graciano de los Santos, que al igual que él llegó al organismo por su condición de dirigente del partido gobernante, y César Féliz Féliz, de los aliados reformistas. Eddy Olivares Ortega, recomendado perredeísta pero proveniente del ministerio público, y el politólogo José Angel Aquino, un real experto en asuntos electorales, que había sido importante actor técnico de Participación Ciudadana, fracasaron reiteradas veces en planteamientos de pluralidad y equidad.
Qué pasó con los equipos. El presidente de la JCE admite que 3,700 equipos de registro automatizado de concurrentes (los capta huellas) no funcionaron, para un ya muy elevado 24%, lo que no le impidió decir que funcionaron bien, confundiendo sus deseos con la realidad. Pero ignoró que el informe de Participación Ciudadana (PC) indicó que el 29.3% de los colegios no recibió esos equipos, lo que afectó a más de la mitad de los colegios. Atribuye las fallas a problemas de carácter técnico, incapacidad de operadores y a “acciones de boicot, desarrolladas antes y durante las jornadas de votación”, pero no denuncia los responsables.
El mismo discurso de Rosario confirma el colapso electrónico cuando consigna que el primer boletín de resultados preliminares, a las 12 de la noche, recogió los resultados del 18 por ciento de los colegios, y que el segundo, mucho más tarde, alcanzó el 46%, es decir ni siquiera la mitad del nivel presidencial, y mucho menos del congresual y municipal.
Al señalar que todo fue organizado en base a tecnología y que los partidos a última hora “impusieron la vuelta a la manualidad, al conteo manual de los votos, que no estaba contemplado en la planificación estratégica electoral”, admite que no se entrenó a los miembros de los colegios en el conteo manual, como procedimiento contingente para el evento de que faltaran o fallaran los equipos como ocurrió.
Ignora la observación electoral. Es relevante que el doctor Rosario haya ignorado el contenido de los informes de observación electoral, sobre todo el de la misión de la OEA, y el de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que hasta hace poco él mismo presidió. Del de Participación Ciudadana, abundante en datos que sustentan el colapso del conteo electrónico, sólo escoge uno para manipularlo diciendo que el mismo “pasó con buena nota”. Lo que PC sostuvo es que el resultado de su muestra, era similar, en el nivel presidencial, a lo que indicaban los primeros cuatro boletines provisionales, de los cuales menos de la mitad era electrónico.
El informe de la OEA fue contundente en registrar “desorden e incertidumbre generados por la instalación de las máquinas de apoyo al proceso”, por lo que el conteo manual “terminó siendo indispensable”, que todo cambio tecnológico “debe tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”. Y que recibieron denuncias de compras de votos, pudieron observar proselitismo en los colegios y “altos niveles de inequidad” en el acceso de los partidos a los medios de comunicación en la campaña.
El de la Unión de Organismos electorales consigna el colapso electrónico cuando dice que no se cumplió la previsión de instalar y probar los equipos en los dos días anteriores a los comicios, y “que el proceso de normalización de las votaciones, principalmente por la habilitación del sistema manual, hacia las 8.30 de la mañana, (retraso de dos horas) no era uniforme, lo que se demuestra en el hecho de que algunos colegios operaban sin ningún apoyo tecnológico, otros sólo con la máquina de identificación de ciudadanos y algunos con los tres equipos, lo que se mantuvo a lo largo de toda la jornada hasta el escrutinio”.
Daniel Zovatto, director regional del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), un frecuente consultor de la JCE, observó “con preocupación y dolor que la calidad e integridad de las elecciones de RD han sufrido un serio retroceso”.
Desorden e irregularidades. Roberto Rosario se quedó muy lejos de establecer los responsables del desorden y las incontables irregularidades en que devino el escrutinio, lo que pudo afectar resultados congresuales y municipales y ha generado protestas dramáticas, como las huelgas de hambre de candidatos en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte y centenares de impugnaciones, ensombreciendo los comicios.
Fue la imprevisión, la imposición, el colapso tecnológico, la asignación de “cargos ganados” cuando en los niveles congresuales y municipales apenas algunos concluían el cómputo, lo que generó caos en los colegios, abandonados en cientos de casos por sus directivos y delegados políticos. Falta una explicación al hecho de que en el DN tuvieran que anular 157 colegios, y más de 200 en Santo Domingo Oeste, éstos mandados a contar ahora por el Tribunal Superior Electoral. Los huelguistas de SDE tienen derecho a preguntar dónde estuvieron las valijas de 430 colegios que a la noche del día 17 no habían llegado a la junta municipal, según les certificaron.
Rosario llegó al colmo de considerar elevada la concurrencia a la votación, ignorando que su colega Eddy Olivares había pedido explicación de la abstención del 31%, pese a la depuración del padrón que implicó la nueva cédula, y que tras la anterior, en el 2000, fue de apenas 17.87%. Nada dijo de la elevada tasa de nulidad, especialmente en la boleta congresual y municipal, de hasta 7% ni de la diferencia de hasta 300 mil votos entre la presidencial y las municipal, congresual y diputados preferidos.-
ITodo el país lo vio por TV.
En cualquier país de mediana intensidad democrática Roberto Rosario tendría que haberse disculpado por el desperdicio de los 32 millones de dólares invertidos en los equipos de automatización, y aún así estaría en graves dificultades, pero aquí, donde la impunidad es la norma, él se atreve a negar y distorsionar lo que todos pudieron ver en la transmisión televisiva de la JCE la noche del escrutinio electoral.
Nunca apareció con los demás integrantes del “organismo colegiado”, y se le vio a las 7.05 anunciar que a continuación irían difundiendo directamente, y enviando a los partidos y los medios de comunicación, los resultados de cada colegio electoral, en contradicción con lo que exigían los partidos opositores de que no se hiciera antes de pasar la prueba del cómputo manual. De inmediato aparecieron los primeros, aunque no llegaron esa noche ni a los partidos ni a los medios. Y los boletines preliminares que empezaron tras la medianoche no aparecieron en la página web de la JCE hasta el medio día del lunes.
Rosario pretendió culpar a los partidos opositores del enorme retraso del escrutinio. Durante meses sostuvo que en dos o tres horas se conocerían los resultados gracias al salto tecnológico que él impuso sin la menor prudencia ante un cambio implementado en contados países y progresivamente. No puede explicar porqué tres horas después, a las 10, sólo habían publicado los resultados presidenciales del 19 por ciento de los colegios, y del 27 por ciento a la media noche cuando la transmisión “directa de los colegios” fue sustituida por los boletines preliminares. La transmisión electrónica había colapsado.
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.