Editorial
Una mala Imagen que Necesita de un Gran Esfuerzo para Superarla
El triunfo de Joe Bade en el estado de Pensilvania ha terminado con la llamara era Trump, porque este mandatario no sólo ha perdido su carrera hacia la reelección, sino que no puede volver a presentarse a ningún cargo público en los Estados Unidos.
Eran innumerables los temores sobre cuatro años más de un hombre que en realidad más que ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, debía ser procesado por los tribunales de la ley de la nación más poderosa del mundo.
Trump ha hecho daños muy profundos a los norteamericanos, no sólo por los tantos casos en los que comprometió su responsabilidad civil y penal, como la evasión de impuestos, las acusaciones muy bien fundamentadas sobre violaciones sexuales, su vinculación a los fraudes fiscales, el manejo inadecuado de los fondos de la fundación que opera y de la creación y matriculación de estudiantes en una universidad falsa, sino también por su torpeza para entender la regla del juego de una sociedad de grandes intereses políticos y económicos.
Lo único que ha impedido que Donald Trump haya sido procesado por estos delitos comunes, sin incluir el caso de la intervención rusa en el proceso electoral del 2016, que más bien se trata de un asunto político, así como por la presión a que sometió al gobierno de Ucrania para que iniciara acciones legales en contra del ahora presidente electo de la mayor potencia mundial, ha sido su inmunidad por su condición de presidente de la República.
Es decir, que hay mucha tela por donde cortar, porque también se agrega la denuncia falsa de Trump de que hubo fraude en su contra en las pasadas elecciones, de la cual no tiene ninguna prueba que la avale.
Todo esto no sólo se trata de un comportamiento de un hombre con una gran vocación para actuar al margen del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, sino que además él parece estar interesado en hacerle un daño irreparable a un país que tiene más bondades que cuestiones por las se pueda satanizar en lo que respecta a su política interna.
Donald Trump ahora no cuenta con el poder que le daba facultad para lesionar la imagen y la historia de los Estados Unidos, cuyo comportamiento indicaba que su principal interés es destruir la democracia y la bien ganada reputación de una serie de instituciones, como el Buró Federal de Investigaciones, conocido en su sigla en inglés como (FBI), entre otras.
Fueron muchos y muy graves los ataques del presidente Trump a uno de los órganos de investigación de los Estados Unidos que tiene una reputación muy fuerte en todo el mundo, pero el jefe Estado hizo esfuerzos incansables por destruir su imagen sobre la base del capricho y de su proceder impensado e irracional.
La sociedad norteamericana debe procurar que Donald Trump pague por todos los daños causados y que ahora que no goza de inmunidad sea profundamente investigado y juzgado por todo aquello que esté avalado con las pruebas suficientes.
No hacerlo así sienta un peligroso precedente en contra de una nación que se la pasa articulando expedientes en contra de todo aquel que comete delitos comunes y políticos para imponer la fuerza de sus armas y de de su ordenamiento jurídico.
La derrota de las aspiraciones de Trump no sólo representa una posibilidad de recomponer muchos de los problemas dejados por un bárbaro de la política, sino también de enviar la señal correcta de que Donald Trump ni ningún individuo está por encima de la institucionalidad y de los intereses de un país donde se considera que la racionalidad y la cosa bien hecha rigen su vida nacional.
Si por una cosa se caracteriza el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es por la falta de sensatez, de prudencia y por mucha ignorancia en lo respecta a qué es un Estado.
La falta de visión de qué es un Estado ha llevado a Luis Abinader a arruinar la que pudo haber sido una salida diferente a la crisis dominico-haitiana, ya que ha pretendido convertirse en presidente de las dos naciones que ocupan la isla.
Abinader ha llegado tan lejos que ha viajado hasta a Africa para solicitar la intervención armada en Haití, lo cual demuestra un desconocimiento total de cuál debe ser el protocolo entre dos naciones que están condenadas convivir juntas para toda la vida, como dos hermanas siamesas, naturalmente sobre la base del respeto de la soberanía de ambas.
Este manejo torpe de Abinader no sólo se ha podido observar en contexto de la política exterior de su Gobierno, sino también con los errores o tal vez mejor llamarles “meteduras de patas” frente ya no sólo al problema haitiano, sino que ahora se convierte en juez y parte en la confrontación entre la oposición y las actuales autoridades venezolanas.
La primera desagradable intromisión de Abinader fue con su pedido e insistencia de la invasión en Haití y ahora ratifica esa conducta de mal manejo de sus relaciones con otros países al proclamar en el Palacio Nacional a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela e incluso utilizar los recursos del Estado para que este autoproclamado jefe de Estado de la nación sudamericana se mantenga hospedado en un hotel de la capital desde donde ha anunciado que entrará en cualquier momento a territorio de la hermana nación.
Es como si el presidente Abinader tuviera pretensiones hegemónicas y de convertir a la República Dominicana en una potencia latinoamericana, pese a que su trabajo debía estar focalizado en resolver todo el tollo que ha creado en el entorno nacional.
Es bueno que se entienda que el país está sumergido en problemas tan graves como el endeudamiento externo y el preocupante déficit fiscal que arrastra la economía nacional, el cual es atribuible a la poca calidad del gasto público y a la corrupción que está presente en todo el escenario nacional.
De manera, que un país con tantos problemas sociales y económicos no debe focalizar sus esfuerzos a intervenir en asuntos internos de otros países, sino a diseñar políticas públicas para contrarrestar los males que podrían llevar al país al abismo.
El problema es que ya Abinader, que no para de caer en grandes torpezas y falta de razonabilidad, ha comprometido al país con causas que los ciudadanos dominicanos no necesariamente avalan, lo cual a futuro no deja de ser un camino equivocado muy consolidado, el cual daña más que beneficiar.
Lo preocupante de esa torpeza que caracteriza a Luis Abinader es que su segundo Gobierno apenas se ha iniciado y si continúa por ese derrotero se puede asegurar que nada bueno se augura para el país que necesita renovar la forma de gobernador de la llamada partidocracia, entre cuyos miembros principales está el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha pronunciado un discurso con motivo del “Día de Poder Judicial” sobre un tema en el que ha sido recurrente, en el sentido del daño que causa la mora judicial.
Y ciertamente es así, porque este periódico ya lo ha planteado de que justicia tardía no es otra cosa que denegación de justicia, lo cual lesiona peligrosamente el Estado de Derecho.
Sin embargo, independientemente de la importancia de este tema, este periódico entiende que el magistrado Molina debió también referirse a otros aspectos que también han erosionado todo el sistema de justicia.
Nos referimos a las sentencias manipuladas de los tribunales ordinarios, las cuales muchas veces obedecen a razones de negligencia, ineptitud e incluso de complicidad de muchos juzgadores que todavía desempeñan su función con un trujillito dentro, lo cual no es casual, sino normal por tratarse de una nación que han sido muy marcada por las dictaduras.
Sería bueno preguntarle al magistrado Molina si tiene o no conocimiento de que en lo que respecta a la región del Cibao el Estado de Derecho en el sistema de justicia se muere a partir del kilómetro 9 de la autopista Duarte, lo que hace presumir que lo mismo ocurre en otras zonas del país.
Pero desconoce el magistrado Molina que las violaciones del Estado de Derecho por parte de los tribunales del interior, principalmente del distrito judicial de Santiago, implican hasta la negación de derechos fundamentales que no respetan el derecho constitucional y convencional.
Sabía usted, magistrado, que en Santiago hay tribunales penales y civiles que les niegan a muchos justiciables hasta el derecho a recurrir y los cuales son víctimas de un comportamiento, que no sólo debe examinarse a través de los recursos jurisdiccionales como la casación, sino también mediante de una labor de seguimiento del Consejo del Poder Judicial.
Esta preocupación no le quita legitimidad al tema de la mora judicial, pero este periódico entiende que hay otras aristas que deben ser incluidas por el Consejo del Poder Judicial si de verdad se quieren combatir los motivos que erosionan la credibilidad de todo el sistema de justicia.
Tanto la moral judicial como la ineficiencia y el abuso de poder de muchos jueces son temas que deben ir de las manos para que simultáneamente estas debilidades sean expulsadas de un sector tan vital para la democracia nacional.
En este 2025 se repite lo mismo de los años pasados en lo que respecta a crear falsas expectativas en la gente pobre de la nación, cuyos anhelos y sueños están fundamentados, más que en cualquier otra cosa, en un poder proveniente del más allá que tiene su razón de ser en creencias mágico-religiosas.
La República Dominicana y el mundo occidental se apoyan para proyectar prosperidad y bonanza económica en un paradigma que consiste en una percepción que nunca tiene nada que ver con la realidad.
En este contexto hay que ver el crecimiento económico sostenido del país, el cual no tiene ningún impacto en los niveles de pobreza y de desigualdad social, porque los que se llevan los beneficios del mismo son unos grupos económicos enquistados en la macroeconomía.
En estos momentos ya prácticamente no queda ningún margen para que se pregone que la República Dominicana ocupa niveles importantes de crecimiento y desarrollo.
Por esta razón, el 2025 no pinta nada bueno debido a que los niveles de endeudamiento ya es un tema de gran preocupación nacional, porque por lo que se ve los gobiernos que ha tenido el país, incluido el actual, se han inclinado por la vía más fácil, que no es otra que coger dinero prestado con una calidad de gasto que deja mucho que desear.
Las autoridades nacionales no han priorizado el aumento de la producción nacional para satisfacer el mercado interno y al propio tiempo aumentar las exportaciones para generar las divisas que necesita el país para cumplir con su balanza de pagos.
Todo lo contrario, hay un empeño de coger prestado todo lo que aparezca, sin importar consecuencias, lo cual coloca la nación en tener que utilizar un 25 por ciento de su presupuesto para el pago de intereses de una deuda que ya alcanza más del 60 por ciento del producto interno bruto.
En esas condiciones, no se puede ser optimista en el año que acaba de hacer su entrada, el 2025, cuando el país se encamina hacia un cuadro parecido al sufrido por naciones hermanas como Puerto Rico, Grecia y Argentina.
Quién es tan osado en la República Dominicana para pensar que ante lo que ocurre puedan venir cosas buenas en el 2025, sobre todo porque esa política de endeudamiento no tiene la tendencia a bajar, sino a subir.
De modo, que el 2025 es un año que más que traer cosas buenas, podría representar una mayor profundización de la pobreza y de la delincuencia como consecuencia de la exclusión social y de la mala distribución de las riquezas nacionales.
Pero, además, habría que preguntarse si hay reales esperanzas de que en el país disminuya la corrupción administrativa cuando ese es un mal consustancial con la forma de involucrarse con el Estado, pese, además, que es un flagelo que trasciende del sector público al privado y penetra en todos y cada uno de los ámbitos de la vida nacional.
Es importante recordar que el Producto Interno Bruto del país descansa en dos renglones como son el turismo y las remesas, ambos resultados, primero de las riquezas naturales de que ha dado sido dotada la nación y el segundo, resultado de los dominicanos que han tenido que irse del país por no tener oportunidades para disfrutar de una vida más digna en las tierras que los vio nacer, lo cual indica que esos dos polos de la económica nacional no están asociados necesariamente a una buena gestión de gobierno, sino a razones muy diferentes, cuyas abusivas autoridades los que persiguen hasta en el exterior, donde están asentadas las comunidades de criollos fuera del país, es explotarlos inmisericordemente para llenarle el bolsillo a uno de sus protegidos y un buen ejemplo al respecto es el consulado dominicano en Nueva York, el cual es un botín de los dirigentes del partido en el poder, sin importar su color o cuál sea.