JCE con muchas nebulosas que se deben despejar, incluidas acciones al margen de la ley.

El nuevo presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez,  está compelido a despejar muchas de las nebulosas que todavía cubren el panorama político nacional por el  manejo dado a  las pasadas elecciones generales de la República Dominicana por el pleno que sale de tan importante instrumento de la democracia nacional, con acciones y comportamientos al margen de la ley, entre cuyos actores estuvieron los partidos políticos dominicanos, incluidos los  de la  Liberación Dominicana (PLD) y  Revolucionario Moderno (PRM).

Fue una gran demostración de ineptitud, negligencia y complicidad de una JCE a la que se le denunciaron una serie de irregularidades que nunca ese órgano enfrentó, no sólo con transparencia y rectitud, sino con por menos acogerse a ley sobre la materia, lo cual puso en una peligrosa situación la democracia dominicana.

En el proceso electoral hubo un comportamiento antiético y cuestionable de ambas partidos mayoritarios, los cuales iban desde imponer candidaturas al margen de la ley con la complicidad de algunos funcionarios electorales,  hasta convencer a miembros de la JCE para que se hicieran de la vista gorda de irregularidades sumamente graves.

Sin embargo, el lastre más pesado que cae sobre el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, es transparentar, entre otras situaciones, el manejo dado a los fondos que aporta el Estado dominicano a los partidos políticos, cuya mayoría falsifica documentos para justificar gastos que nunca hacen.

La JCE nunca ha manejado como manda la ley el problema planteado y esa forma mafiosa de administrar  los recursos públicos, fruto de políticas impositivas implementadas sobre la base de la misma filosofía, que mancha a la clase política nacional, ya que incluso los llamados partidos alternativos y de izquierda se llevan ese dinero a sus bolsillos, lo cual constituye un robo de los tantos que se cometen en contra del patrimonio público.

El nuevo Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por el recién escogido presidente de este órgano comicial, tiene la responsabilidad de exhibir su vocación de respeto a la  ley con someter a todos los partidos políticos a un nivel de fiscalización lo suficientemente minuciosa para determinar cómo es que manejan el dinero público una gran cantidad de organizaciones políticas controladas con un criterio mafioso por dos o tres dirigentes sin rendirles cuenta a los demás que conforman su órganos de dirección.

Por ahí hay un gran caldo de cultivo que podría contribuir a mejorar una democracia de papel, en la que prevalecen, más que nada, una serie de actitudes tramposas y negadoras de los derechos que tiene el pueblo dominicano de saber hacia dónde van los recursos económicos que se canalizan a través del Estado para lograr una mejor sociedad.

No parece haber un solo partido que pueda tirar la primera piedra, aunque en toda regla hay su excepción y probablemente ésta  esté representada por  Alianza País, que ha sido la única que incluso devolvió parte de los fondos recibidos de la Junta Central Electoral.

Este problema es tan grave que algunos de esos partiditos han enriquecido a algunos de sus dirigentes mediante los fondos que otorga la JCE, ya que el asunto se maneja con un criterio tan mafioso que los fundadores de los mismos actúan a partir de lo que ha sido en el país la cultura patrimonialista y corrupta de la clase política nacional.

Si Román Jáquez logra transparentar lo que ocurre con los fondos que se les otorgan a los partidos políticos sobre la base de lo establecido en la ley, tal y como se condujo en su función de presidente del Tribunal Superior Electoral, otro gallo cantará en la República Dominicana, porque aquella organización que no pueda justificar ningún gasto del dinero entregado tendrá que devolverlo al órgano comicial.

No basta con venderse la imagen de independiente, sino de tomar acciones dirigidas a transparentar todo el quehacer político nacional, pero principalmente hacia dónde van los fondos que reciben los partidos políticos por tratarse de un barril sin fondo que se traga cualquier economía, no importa que grande sea.