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Opinión

Una pretensión Internacional Inaceptable

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Por Isaías Ramos

El pensar que un territorio, una raza, o un idioma define una nación es una grandísima aberración.

Cuando escuchamos a comunicadores, sobre todo del ámbito internacional referirse a nuestra isla, donde conviven dos culturas diametralmente opuestas, se nota un alto desconocimiento de la realidad de ambos pueblos.

Ese desconocimiento sería la única excusa posible para querer imponer a los pobladores de esta isla una camisa de fuerza que en el fondo ninguna de las partes persigue.

Este afán de unificación, de continuar, lo que hará es traer sangre, dolor y sufrimiento a ambas poblaciones.

Para verlo, solo debemos recordar cómo terminó la usurpación de nuestro territorio por los pobladores de la parte occidental de la isla.

Las pretensiones de imposición de una nación sobre otra siempre conlleva graves consecuencias.

Las poblaciones de ambos lados de la frontera siempre han actuado como el aceite y el agua; es decir, no existe posibilidad alguna de asumir una a la otra a menos que se imponga con métodos sangrientos.

De este lado somos una nación multi-raza, donde tenemos ADN nativo, Africano, Europeo, del Medio Oriente y Asiático.

Mientras, los pobladores Haitianos carecen de mezcla porque, de manera visceral, se les enseña a no aceptar ninguna otra raza.

Parte de esas enseñanzas han derivado en una renuencia hacia la población dominicana, justificada en la creencia de que los dominicanos son responsables de sus miserias, y llevando a sus pobladores a desconfiar hasta de la intención sana del pueblo dominicano.

De este lado continuamos abiertos a recibir extranjeros, siempre y cuando lleguen de manera legal y respeten nuestro territorio.

Por eso hoy en día somos una nación de los más variados cruces genéticos del mundo.

Del lado occidental eso es simplemente impensable.

Ellos se niegan a mezclar razas y culturas, por lo que debemos de respetar su forma de vida, siempre y cuando no perjudiquen a nuestra nación.

Debido a la reacción pasiva ante esta invasión silenciosa que estamos siendo víctimas, fruto de gobernantes inescrupulosos que se hicieron los graciosos con organismos internacionales y potencias extranjeras, hoy tenemos un enorme monstruo migratorio.

Este monstruo, de continuar creciendo, creará una segregación social que podría terminar en hechos violentos y sangrientos.

Esto es precisamente lo que debemos evitar, realizando un programa de desalojo ordenado, humano y acorde a cumplir con nuestras leyes y nuestra constitución.

La comunidad internacional debe recibir un mensaje claro de nuestro lado de que no permitiremos una fusión o invasión territorial bajo ningún pretexto.

Las naciones no se imponen, ni siquiera cuando exista lengua, raza, territorio y religión en común, que no es el caso en cuestión.

Para eso se requiere una voluntad de estar unidos bajo un propósito y un fin de convivencia en los valores y principios que nos definen.

No debemos permitir que nos echen en el mismo saco por el simple hecho de habitar una misma isla.

No existen intereses comunes para crear esos principios espirituales que le dan origen a una nación.

Hoy más que nunca nos toca trabajar para refundar esta patria, bajo ese legado que nos dejaron nuestros libertadores sin intrusos que perturben nuestra paz.

Es tener la voluntad por hacer realidad ese sueño inconcluso que ha sido imposible porque hemos sido a sometidos por los traidores una y otra vez.

Es unificar ese pasado con nuestro presente y esa herencia que recibimos.

Tal herencia no la podemos ignorar, desperdiciar y mucho menos abandonar, porque simplemente malos dominicanos nos hayan entregado a la merced de intereses de organismos y potencias extranjeras, que no conocen nuestro arraigo y nuestra fuerza.

No permitamos que esta nación continúe a la deriva, como un barco que no sabe dónde ir.

Buscar ese rumbo conlleva esfuerzo y sacrificio, que debemos asumir en busca de nuestra libertad y paz.

De lo contrario nos espera mucho sufrimiento, dolor y sangre.

No perdamos de vista el sacrificio y la sangre derramada de los que lograron liberar esta patria tantas veces.

No continuemos alimentando a esos traidores que han logrado casi su propósito. Rescatemos este pueblo y defendamos nuestro territorio, para preservar lo que nuestros antepasados conquistaron.

A Duarte le tocó fundar la patria, a Luperón restaurarla.

Ahora nos toca a nosotros refundarla. De lo contrario estamos condenados a perecer.

Trabajemos juntos para lograr ese país que la mayoría soñamos, con ciudadanos respetuosos a Dios, amantes de la patria y defensores de la libertad.

Una nación que sea sinónimo del orden, la justicia y la igualdad, ante la ley y las oportunidades.

RD si puede!

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Opinión

Responsabilidad Penal Individual y Delitos del Estatuto de Roma

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Por Rommel Santos Díaz

Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos  que operan como parte de una extensa organización criminal.

Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos  crímenes  normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.

Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos  que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos  que estuvieron también indirectamente involucrados.

Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:

  1. a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto  de otro, sea este o no penalmente responsable;
  2. b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
  3. c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
  4. d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas  que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
  5. e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
  6. f)Intente cometer ese crimen.

Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma  por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.

Los Estados partes del Estatuto  de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.

De lo contrario, no podrían  enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos  en el Estatuto de Roma.

Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

La verdad se comprueba con los hechos.

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Por Elba García Hernández

En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.

Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.

Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.

En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.

Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.

Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.

Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.

Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.

Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.

En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia  deja mucho que desear.

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Opinión

No es resentimiento ni frustración.

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Por José Cabral

El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.

Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.

El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.

En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.

En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.

El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.

Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.

En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.

Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.

Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.

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