Editorial
Una reforma policial que su éxito depende de la visión integral con que se aborde.
El presidente Luis Abinader ha puesto un gran empeño en reformar la Policía Nacional, cuyo primer paso fue la creación de una comisión con ese propósito, pese a que los miembros de la misma conocen muy poco del asunto.
Ahora al retomar el tema a propósito de los últimos hechos violentos ocurridos en el país que involucran a agentes del orden, el manejo del problema no parece que sea el correcto, porque el mismo debía ser a través de una transformación integral del Estado.
Podría decirse que no es mucho lo que se puede lograr con una reforma a partir de lo que se ve a simple vista en la Policía Nacional, porque habría que adentrarse en su seno para que se puedan conocer todos los demonios que se alojan en ella.
Hace ya algún tiempo que este periódico era de opinión que la Policía Nacional debe ser eliminada por lo menos por dos años hasta que se formen agentes con una visión ética y más acorde con los fines perseguidos.
Los compromisos de la Policía Nacional con el crimen organizado y una serie de ilícitos que se producen cotidianamente en la sociedad, dejan a cualquiera con la boca abierta.
Creer que con una comisión para reformarla y la creación de algunos mecanismos de fiscalización se va a transformar la Policía Nacional, es un sueño de inocentes.
Los intereses que se mueven dentro de la Policía Nacional y cuyo mal tiene años y más años y que indica que no es tan fácil transformarla y convertirla en lo que debe ser.
Sin embargo, hay que felicitar el empeño del presidente Abinader, pero el problema debe abordarse desde una perspectiva más integral y que implique una reforma de todo el Estado, porque de lo contrario es como arar en el desierto.
En todo caso podría disminuirse la violencia promovida y originada por los agentes policiales, que es mucho decir, pero otros problemas que no se ven a simple vista van a seguir produciéndose y su desaparición sólo será posible con que haya una reforma integral del Estado dominicano.
De cualquier modo, hay que saludar y felicitar al presidente en su empeño, pero hay que abandonar las utopías para tomar la realidad como referente para producir los cambios que busca la sociedad dominicana.
No se puede aspirar a tener policías correctos, éticos, cumplidores de la ley y con responsabilidad civil, mientras al propio tiempo tenemos diputados y senadores con vínculos con el crimen organizado y ministros al acecho para apropiarse de lo que no es suyo, lo cual implica una vocación delincuencial.
Sólo una reforma integral del Estado es una garantía ideal de que el país cuente con servidores públicos comprometidos con la democracia y los deberes irrenunciables del Estado, lo cual no es un imposible porque en otras naciones esto se ha logrado y no se trata de seres de otros planetas, sino de personas humanas con las mismas imperfecciones que las dominicanas.
La verdadera reforma policial es muy posible a partir de la visión más integral de los responsables de producirla para llevar a la sociedad a unos niveles de vida normales en cualquier nación mínimamente civilizada.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana