Resolución de Junta Central Electoral más que ayudar su labor es un motivo de incertidumbre.

La Junta Central Electoral acaba de emitir la resolución 33-2019, mediante la cual permite el proselitismo que desarrollan los funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Danilo Medina, pero solo en horarios no laborables.

La medida luce muy permisiva con el poder, ya que todo el mundo sabe que siempre habrá tiempo para hacer lo que no se debe hacer, como por ejemplo utilizar recursos públicos en favor de los candidatos oficialistas, principalmente del presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Ya no hay la menor duda de que los candidatos del PLD no van a escatimar esfuerzos para recurrir a los recursos  públicos para utilizarlos en favor de los candidatos de su preferencia, porque no sólo se trata de una cuestión de simpatía, sino de compromisos con intereses muy específicos como la corrupción y la impunidad.

La resolución de la JCE evidencia que han servido de poco las investigaciones periodísticas que establecen que en apenas tres o cuatro meses el candidato presidencial del PLD utilizó al margen de la ley unos mil quinientos millones de pesos y todo parece indicar que la mayor parte de ese dinero fue invertido durante el proceso de las primarias en las que fue escogido como candidato presidencial Gonzalo Castillo.

El pleno de la Junta Central Electoral ha incurrido en uno de sus peores errores, porque vislumbra que en el presente proceso electoral no hay equidad y que el Gobierno sale muy aventajado, dado que el órgano arbitral ha dejado una estela de dudas en torno a su imparcialidad.

A partir de ahora los funcionarios del Gobierno podrán hacer campaña en horas no laborales, lo cual abre una brecha para que los que ocupan posiciones publicas aprovechen su influencia para incurrir en una serie de violaciones a la ley.

La posibilidad de que se usen los recursos públicos siempre existe, aun sin la resolución emitida por la JCE, ya que la utilización de los mismos  no está determinado por las horas ni los días, sino por el poder y el control del patrimonio del Estado  que confiere la posición.

Con esta medida la Junta Central Electoral se vuelve permisiva y tolerante con lo que no debe ser y que incluso está sancionado por la ley, lo cual constituye un revés importante en contra de la democracia.

Dice una expresión popular que a perros hueveros aunque les quemen la boca seguirán comiendo huevos, lo cual en este contexto significa  que aunque haya una prohibición total para  que los funcionarios no hagan campañas en favor de su compañero de partido, siempre existe el riesgo de que usen los recursos públicos en favor de los candidatos oficialistas.

La resolución 33-2019 evidencia el grave problema que confronta la República Dominicana en términos de institucionalidad y de respeto de la ley.