Una sentencia con sentido jurídico, pero no ético y saludable para la democracia.

Por Elba Rosa García Hernández.

El Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre la propaganda por los medios de comunicación durante la precampaña mediante la anulación de un artículo de la Ley 33-18 del régimen electoral.

La decisión constituye el regreso a los tiempos en que el país se pasaba prácticamente los doce meses del año en campaña electoral.

Pero eso no es lo peor, sino el hecho de que lesiona gravemente la democracia, porque se requiere de una mayor inversión económica en la precampaña electoral para ganar una candidatura.

Ese detalle pone en ventaja a los que tienen más recursos para participar en la actividad política y lograr, por ejemplo, una curul en el Congreso Nacional.

La exigencia de tener muchos recursos económicos para participar de la actividad política le abre el camino a los que buscan dinero fácil a través del lavado de activos, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Esta realidad hace que aumente la corrupción y todo aquello que daña la democracia, exactamente peor que como ocurre ahora.

Los personajes del bajo mundo han minado los partidos políticos y en consecuencia se han convertido en los líderes de los diferentes municipios y circunscripciones en que está dividido el país.

De manera, que no importa que tan legal y constitucional sea la sentencia emitida, lo cierto es que la misma constituye un retroceso a los tiempos en que el país estaba inundada durante la precampaña con candidaturas que hablan muy mal de la democracia y el país.

Lo decidido por el Tribunal Constitucional daña más que ayudar a adecentar la política vernácula y sin la menor duda que también evita que se cree un nuevo liderazgo sobre la base de convicciones y valores cívicos y democráticos.

Con sentencias como esa no parece que el futuro de la gestión pública pueda cambiar en el curso de los años, lo cual presagia el colapso total del Estado, el cual funciona con serias deficiencias institucionales.

Definitivamente que las esperanzas en el panorama político nacional no son las mejores, sólo el destino podrá librarnos de un país permeado por el bajo mundo y la consecución del dinero fácil.

La sentencia del Tribunal Constitucional podrá ser muy legal y correcta desde el punto de vista del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero generadora de circunstancias muy poco moral y ética en el campo de la política nacional.