Editorial
Una sociedad donde no hay culpables, sólo inocentes.
A pesar de que en la sociedad dominicana el que comete el crimen de corrupción administrativa anda casi siempre con el cuerpo del delito arrastro, el cual es regularmente un carro de lujo, una mansión o depósitos en los bancos que no tienen como justificar.
Pero ése que no tenía en que caerse muerto cuando llegó a la administración pública, va a los medios de comunicación y cualquiera lo compra como un angelito.
Lo peor de esa simulación es que la cultura de la apariencia lo traiciona, porque siempre quiere hacerle ver a la gente que le conoce desde la infancia de que ha tenido una buena acumulación económica, no importa como haya sido.
Sus principales defensores son aquellos a los que ese sujeto les da algunas migajas, cuyo buen ejemplo de este cuadro es lo que pasó en el país con el caso Quirino, quien encontró hasta conocidos abogados que consideraban que sus aspiraciones de ser senador por Pedernales eran legítimas e incluso hubo miles de ciudadanos de esa provincia que se lanzaron a las calles para pedir a viva voz su postulación.
Esa situación indica lo mal que anda la sociedad dominicana, tal como ocurre ahora que periodistas nacionales que han explotado porque fueron apresadas las principales figuras del gobierno de Danilo Medina y hablan de que la democracia corre peligro, cuando en realidad la sociedad estuviera seriamente amenazada si en el país no hay una real persecución en contra de los que van al Estado a apropiarse de lo que no es suyo.
El escenario que se presenta en el país por las persecuciones del Ministerio Público deja claro el nivel de distorsión y de corrompimiento, así como de complicidad que prevalece en prácticamente todos los estratos sociales, la cual sí constituye una razón más que suficiente para que todo el mundo esté muy preocupado.
Lo grave y complicado de estos procesos es que comprometen a mucha gente, no importa que no estén imputados, porque su moral está seriamente cuestionada, como por ejemplo la del presidente Luis Abinader, ya que mientras el jefe de Estado no aclare lo que dijo Angel Lockuard, en el sentido de que le donó 400 millones de pesos para la pasada campaña electoral., se mantiene la duda al respecto, sobre todo porque son unos recursos que han sido sustraídos a la administración pública que él ha proclamado que quiere adecentar.
De manera, que este tipo de proceso a nivel del delito de cuello blanco no sólo impacta a los que aparecen en primer orden, sino también a otros que incurrieron en la misma irregularidad, pero desde una posición, podría decirse, secundaria.
Pero unos y otros quedan comprometidos con una deuda que tarde o temprano deberán saldar a la sociedad dominicana.
Ahora lo que nunca se debe esperar es que entren en conflicto con su conciencia, porque están formados para cometer este tipo de ilícito y comportarse como si nada hubiera ocurrido, lo cual es propio de todas las organizaciones que conforman la partidocracia, porque van a la política no a servir, sino a servirse.
Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.
En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.
La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.
Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.
Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.
Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.
Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.
El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.
La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.
El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.