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Editorial

Una va de cal y otra va de arena.

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El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ha decidido eliminar el contrasentido de la legalización de las actas de nacimientos en la misma institución que la expide.

Es decir, que este documento carecía de legalidad hasta que no se pagaba la legalización, así como se oye de redundante, lo cual es propio de un genio de la irracionalidad.

Todavía falta eliminar también la caducidad de las actas de nacimiento, porque en el curso del tiempo no se produce ningún cambio que justifique su expiración, porque el que ha recibido ese documento seguirá con los mismos padres y tendrá el mismo lugar y fecha de nacimiento, por lo que no tiene sentido que este documento expire.

Debe aplaudirse que la JCE elimine todas las irracionalidades que afectan al Estado en el marco electoral y del registro civil, pero lo que llama a la atención es que anulan un contrasentido para entonces imponer otro.

Ello así, porque el pleno del órgano comicial tomó también la decisión de ponerle un sueldo de lujo con otros beneficios a los suplentes, cuyo término lo que quiere decir es que este funcionario suple al que está ausente por alguna razón, incluida la muerte.

Esa falta de sensatez de la JCE no tiene justificación desde ningún punto de vista, mucho menos con la asignación de unos sueldos sumamente altos, mientras el país y el mundo atraviesan por una crisis económica que hacen tambalear al Estado como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

La verdad que es una acción que no se entiende y que su justificación resulta un tanto difícil, por no decir imposible.

Esa preocupante decisión pone a pensar a cualquiera, porque si una cosa debe primar en la JCE es la sensatez, la prudencia y el cuidado, sobre todo en lo que respecta al manejo del presupuesto que sale de los bolsillos de los ciudadanos.

Ello así, porque la JCE no sale de una serie de escándalos, algunos de los cuales han puesto en jaque hasta la propia democracia, porque conllevan incluso implicaciones económicas.

La JCE es un órgano que ha servido para medir la falta de institucionalidad que afecta al Estado dominicano y ahora con esta decisión del pleno como que lleva a cualquiera a pensar que la irracionalidad es consustancial a ese órgano.

Ojalá la JCE dé marcha atrás con esa decisión de asignarles sueldos de lujos a los suplentes, porque sus nombres ofrecen una idea clara de que ellos sólo hacen una labor cuando se presenta la ausencia del titular, a partir de cuando sí tiene justificación que tengan la misma compensación que su superior.

Se impone corregir ese entuerto para que desde ya no quede lesionada la credibilidad del órgano encargado de manejar un asunto tan vital para la democracia como son las elecciones para escoger las nuevas autoridades nacionales.

Si hay irracionalidad en una cuestión tan elemental como la función de un suplente, entonces que se puede esperar de asuntos que son muchos más complejos y en los que la ética debe primar con mayor transparencia y credibilidad.

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Editorial

Una crisis que se ve a simple vista.

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La República Dominicana es impactada por una profunda crisis ética y de vocación por el trabajo, lo cual pone en peligro los cimientos de la sociedad.

Es una combinación de una cosa y otra, porque si bien la gente no quiere trabajar, sino irse por lo más fácil, razón de ser de las famosas «botellas», muy comunes en el sector público, también en el país se ha desarrollado una gran devoción por el fraude.

Es ya prácticamente normal que el que logra establecer una relación de negocio con el Estado piensa antes que nada engañarlo, estafarlo como si nada fuera, porque esa conducta es parte del criterio que el dinero público no es de nadie.

Lo gracioso de este fenómeno es que el dominicano piensa que es legítimo y legal engañar al Estado, lo cual explica la gran cantidad de maestros que cobran salarios de lujos cuando viven en el extranjero.

Esta situación es encontrada en todas y cada una de las instituciones públicas, porque el dinero del presupuesto nacional no le duele a nadie.

Millones de pesos que se van por el camino equivocado de la corrupción, ya que tener a cientos o sino miles de personas que cobran sin hacer nada, lo que indica es que somos una sociedad descarrilada y parasitada.

Este es un problema que no es tan fácil de resolver porque tiene una serie de componentes profundamente culturales y el mismo constituye un grave problema para el crecimiento y el desarrollo nacional.

Ello así, porque no hay forma de poner a caminar a un país atrapado en medio de la vagancia, la falta de ética y con una gran vocación por el fraude y el engaño generado por los partidos políticos, que son los que controlan el Estado.

Lo ocurrido en el Ministerio de Educación también se produce en todos los ministerios y los órganos descentralizados del Estado.

Es una verdadera plaga que sólo puede ser erradicada mediante un duradero programa de restablecimiento de valores que debe partir de las propias entrañas del Estado.

Sin embargo, el gran obstáculo en esta materia consiste que son los mismos que se suponen que deben librar al país de esos males los que lo promueven, lo que lo estimulan y que cada día le dan vida.

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Editorial

El impacto del triunfo de Donald Trump.

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Aunque ciertamente las elecciones de los Estados Unidos no constituyen un asunto de fondo, porque ya lo ha dicho este periódico, porque ambos candidatos representan prácticamente lo mismo en política exterior, aunque sí hay una cierta diferencia en asuntos internos como la inmigración.

Sin embargo, hay que ser realista y reconocer que no es lo mismo Trump que Harris, porque el primero tiene una posición ultraconservadora y de maltrato a los que provienen en los Estados Unidos de naciones pobres y subdesarrolladas.

Y eso visto desde los intereses de la región implica mucho, porque no hay quién se atreva a decir que la inmigración no ha sido una válvula de escape de la crisis eterna de las naciones del tercer mundo, máxime en sus economías que se manejan en medio de grandes déficits fiscales y deudas, cuya principal tabla de salvación es precisamente la remesa que procede de su gente en el exterior.

Entonces, a partir de cómo impactan las elecciones estos temas, tiene una importancia capital las elecciones que tuvieron lugar el pasado martes en los Estados Unidos y donde resultó elector Donald Trump.

Buscar eliminar la inmigración de la gente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos representa una fórmula de agudizar sus crisis, incluida la política.

Pero además el hecho de que Trump haya sido el elegido en los comicios de la nación más poderosa del mundo indica que muchos antivalores serán asimilados por los políticos que están bajo su órbita, lo cual indica que  la mala conducta y corrupción es una opción mucho más viable en Latinoamérica.

De manera, con las elecciones recién concluidas en la nación mas poderosa del mundo también estaba echada  la suerte de los países latinoamericanos.

Ahora no queda duda de la preferencia del ciudadano estadounidense , cuya validación de una conducta supuestamente reprochable por el sistema norteamericano ha sido confirmada, lo que mucho gente no quería y en consecuencia la misma puede ser reproducida por todo aquel actor político que no cree en otra cosa que en eso, sobre todo en las naciones que están bajo su influencia.

Sin embargo, hay que decir que la decisión tomada por el votante en las pasadas elecciones es legitima en atención a sus derechos ciudadanos, pero la misma deja un mal sabor para el que propugna y aboga por verdaderos cambios.

De manera, que nadie ponga en tela de juicio la cuestión, que el voto en favor de Trump  tiene un impacto en la vida y el futuro de las familias de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y de los países de donde son originarios, porque el triunfo de este político podría implicar dañar la vida de los que venden sus fuerzas de trabajo en la unión americana y de la necesaria institucionalidad de las naciones de donde provienen.

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Editorial

El dilema de la violación y la defensa de la Constitución de la República.

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El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no pegan una, actúan como si no tuvieran la menor idea de lo que quieren y de sus metas.

Buscan combatir la corrupción, pero al propio tiempo la promueven, cuyo mejor ejemplo de ese comportamiento es que ahora andan de las manos de los corruptos que hace poco fueron acusados de incurrir en este flagelo.

Porque la verdad es que Abinader y el PRM no tienen ninguna diferencia con el PLD, la Fuerza del Pueblo y otras crápulas de la política vernácula.

Puede asegurarse que la diferencia sólo tiene que ver con el nombre de los actores, tal vez el color de la piel u otros detalles de poca trascendencia, porque en el fondo tienen el mismo comportamiento ante el patrimonio público.

Aunque de alguna manera se cuidan de no exhibir su doble moral, pero su conducta los traiciona, como ocurre ahora que hablan de derechos constitucionales, pero los violan cuando entienden que deben hacerlo.

Hace prácticamente horas que en un acto solemne proclaman una nueva Constitución, pero luego viene la violación  de los derechos más sagrados del ser humano, el de la intimidad, el honor y el buen nombre.

La desfachatez es tan grande que a los pocos días repiten los mismos errores, aunque con una poderosa razón para incurrir en los mismos, como es la torpeza,  lo cual, incluso, va en contra de lo que proclaman, porque es que no saben diferenciar una cosa de otra.

Lo grave de todo esto es que Luis Abinader y el PRM con su comportamiento legitiman a una oposición que no tiene derecho hablar, porque es igual  que los que hoy ocupan el gobierno.

De manera, que los que buscan llegar al poder a través de sus críticas al Gobierno sólo tienen como consigna “quítate tú pa ponerme yo y nada más, pero lo propio hacen los que ahora están arriba y que luego se ven abajo.

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