Editorial
Una va de cal y otra va de arena.
El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ha decidido eliminar el contrasentido de la legalización de las actas de nacimientos en la misma institución que la expide.
Es decir, que este documento carecía de legalidad hasta que no se pagaba la legalización, así como se oye de redundante, lo cual es propio de un genio de la irracionalidad.
Todavía falta eliminar también la caducidad de las actas de nacimiento, porque en el curso del tiempo no se produce ningún cambio que justifique su expiración, porque el que ha recibido ese documento seguirá con los mismos padres y tendrá el mismo lugar y fecha de nacimiento, por lo que no tiene sentido que este documento expire.
Debe aplaudirse que la JCE elimine todas las irracionalidades que afectan al Estado en el marco electoral y del registro civil, pero lo que llama a la atención es que anulan un contrasentido para entonces imponer otro.
Ello así, porque el pleno del órgano comicial tomó también la decisión de ponerle un sueldo de lujo con otros beneficios a los suplentes, cuyo término lo que quiere decir es que este funcionario suple al que está ausente por alguna razón, incluida la muerte.
Esa falta de sensatez de la JCE no tiene justificación desde ningún punto de vista, mucho menos con la asignación de unos sueldos sumamente altos, mientras el país y el mundo atraviesan por una crisis económica que hacen tambalear al Estado como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
La verdad que es una acción que no se entiende y que su justificación resulta un tanto difícil, por no decir imposible.
Esa preocupante decisión pone a pensar a cualquiera, porque si una cosa debe primar en la JCE es la sensatez, la prudencia y el cuidado, sobre todo en lo que respecta al manejo del presupuesto que sale de los bolsillos de los ciudadanos.
Ello así, porque la JCE no sale de una serie de escándalos, algunos de los cuales han puesto en jaque hasta la propia democracia, porque conllevan incluso implicaciones económicas.
La JCE es un órgano que ha servido para medir la falta de institucionalidad que afecta al Estado dominicano y ahora con esta decisión del pleno como que lleva a cualquiera a pensar que la irracionalidad es consustancial a ese órgano.
Ojalá la JCE dé marcha atrás con esa decisión de asignarles sueldos de lujos a los suplentes, porque sus nombres ofrecen una idea clara de que ellos sólo hacen una labor cuando se presenta la ausencia del titular, a partir de cuando sí tiene justificación que tengan la misma compensación que su superior.
Se impone corregir ese entuerto para que desde ya no quede lesionada la credibilidad del órgano encargado de manejar un asunto tan vital para la democracia como son las elecciones para escoger las nuevas autoridades nacionales.
Si hay irracionalidad en una cuestión tan elemental como la función de un suplente, entonces que se puede esperar de asuntos que son muchos más complejos y en los que la ética debe primar con mayor transparencia y credibilidad.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana