Editorial
Una va de cal y otra va de arena.
El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ha decidido eliminar el contrasentido de la legalización de las actas de nacimientos en la misma institución que la expide.
Es decir, que este documento carecía de legalidad hasta que no se pagaba la legalización, así como se oye de redundante, lo cual es propio de un genio de la irracionalidad.
Todavía falta eliminar también la caducidad de las actas de nacimiento, porque en el curso del tiempo no se produce ningún cambio que justifique su expiración, porque el que ha recibido ese documento seguirá con los mismos padres y tendrá el mismo lugar y fecha de nacimiento, por lo que no tiene sentido que este documento expire.
Debe aplaudirse que la JCE elimine todas las irracionalidades que afectan al Estado en el marco electoral y del registro civil, pero lo que llama a la atención es que anulan un contrasentido para entonces imponer otro.
Ello así, porque el pleno del órgano comicial tomó también la decisión de ponerle un sueldo de lujo con otros beneficios a los suplentes, cuyo término lo que quiere decir es que este funcionario suple al que está ausente por alguna razón, incluida la muerte.
Esa falta de sensatez de la JCE no tiene justificación desde ningún punto de vista, mucho menos con la asignación de unos sueldos sumamente altos, mientras el país y el mundo atraviesan por una crisis económica que hacen tambalear al Estado como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
La verdad que es una acción que no se entiende y que su justificación resulta un tanto difícil, por no decir imposible.
Esa preocupante decisión pone a pensar a cualquiera, porque si una cosa debe primar en la JCE es la sensatez, la prudencia y el cuidado, sobre todo en lo que respecta al manejo del presupuesto que sale de los bolsillos de los ciudadanos.
Ello así, porque la JCE no sale de una serie de escándalos, algunos de los cuales han puesto en jaque hasta la propia democracia, porque conllevan incluso implicaciones económicas.
La JCE es un órgano que ha servido para medir la falta de institucionalidad que afecta al Estado dominicano y ahora con esta decisión del pleno como que lleva a cualquiera a pensar que la irracionalidad es consustancial a ese órgano.
Ojalá la JCE dé marcha atrás con esa decisión de asignarles sueldos de lujos a los suplentes, porque sus nombres ofrecen una idea clara de que ellos sólo hacen una labor cuando se presenta la ausencia del titular, a partir de cuando sí tiene justificación que tengan la misma compensación que su superior.
Se impone corregir ese entuerto para que desde ya no quede lesionada la credibilidad del órgano encargado de manejar un asunto tan vital para la democracia como son las elecciones para escoger las nuevas autoridades nacionales.
Si hay irracionalidad en una cuestión tan elemental como la función de un suplente, entonces que se puede esperar de asuntos que son muchos más complejos y en los que la ética debe primar con mayor transparencia y credibilidad.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.