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Estado y funcionarios RD deben garantizar derechos niñez, dice la UNICEF.
Por EFE
Santo Domingo.- El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) subrayó este lunes que el Estado y sus funcionarios deben ser garantes de los derechos de la infancia, tras las recientes muertes violentas en el país de un niño y una adolescente presuntamente por empleados públicos.
En un comunicado, la representante de Unicef en República Dominicana, Rosa Elcarte, se refirió al fallecimiento de Donaly Martínez, de 12 años, por el disparo de un policía y de Esmeralda Richiez, de 16, en el que el principal sospechoso es un profesor.
«Reafirmamos nuestro compromiso con el apoyo técnico para el fortalecimiento de capacidades, de manera que ningún chico o chica vuelva a perder la vida en manos de las autoridades policiales o cualquier otro integrante del Estado dominicano» y «nos comprometemos a seguir trabajando arduamente para evitar que estas situaciones se vuelvan a dar», aseguró.
Unicef, indicó, «confía en las autoridades para que la investigación sea rápida, imparcial y transparente y con resultados para definir responsabilidades».
Respecto al caso de Donaly Martínez, consideró que habría que revisar «si el protocolo (de actuación policial) se encuentra actualizado, si los agentes han sido adecuadamente formados y si estaban preparados para actuar» en situaciones como eventos masivos o populares.
Por otra parte, manifestó, “dolorosamente frecuente» es el caso de Esmeralda Richiez, cuyas «circunstancias no están completamente claras, pero los hechos públicos son sumamente preocupantes”.
“Estos tristes sucesos se suman a otros ocurridos anteriormente en territorio dominicano, en los que los niños, las niñas y adolescentes son objeto de violencia física y de abuso y explotación sexual”, añadió.
Para Elcarte, en República Dominicana hay «una excesiva normalización de las relaciones sexuales entre adultos y personas menores de edad, sin tener en cuenta que estas implican violencia sexual».
Alertó de que, según diferentes estudios, en el país el 65 % de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida y un 2 % de mujeres jóvenes tuvo un hijo antes de los 15 años, hechos bajo los cuales se dan frecuentemente situaciones de abuso, incesto y violencia sexual.
Para proteger a los menores, la responsable de Unicef resaltó que el Código Penal debe dejar claro que no se acepta ningún tipo de violencia contra menores, en cualquier entorno, incluido el digital.
Además, hace falta una ley para definir la edad que determine cuándo es posible el «consentimiento» para mantener relaciones sexuales, las cuales se considerarían violaciones en caso de no alcanzar esos años.
Abogó también por «el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos, la persecución de los perpetradores y la asistencia de las víctimas de abuso sexual” e instó a que funcionarios o empleados públicos como agentes de la ley, procuradores y jueces, maestros, sanitarios y quienes traten con menores reciban formación con el objetivo de «eliminar completamente la violencia psicológica, física y sexual». EFE
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.