Santo Domingo, RD.-En los 41 centros penitenciarios, de los cuales seis son para mujeres, hay alrededor de 1,051 haitianos que tienen medidas de prisión preventiva por diferentes delitos.Nacionales
Alrededor de 1,051 haitianos tienen prisión preventiva en el país.
Santo Domingo, RD.-En los 41 centros penitenciarios, de los cuales seis son para mujeres, hay alrededor de 1,051 haitianos que tienen medidas de prisión preventiva por diferentes delitos.De acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales de la Procuraduría General de la República, en su informe de enero de este año, en el país hay una población de 25,829 privados de libertad; 1,849 de estos ciudadanos son extranjeros, mientras que 673 son mujeres.
De los 25,156 hombres, 15,051 guardan prisión preventiva y 10,105 ya han sido condenados. En el caso de las mujeres, 428 son detenidas preventivas y 245 han sido condenadas.
El mayor número de extranjeros en cárceles de República Dominicana lo ocupan los haitianos, con 1,455 ciudadanos del vecino país. De estos, 404 han sido condenados y 1,051 guardan prisión preventiva.
Otros de mayor número son los venezolanos, con 105 encarcelados; 28 condenados y 77 presos preventivos. Le siguen los colombianos con 94 reclusos, de estos 27 han sido condenados y 67 esperan una sentencia.
En las cárceles del país también hay 22 holandeses, 4 de estos condenados y 18 preventivos. De igual forma, hay 21 ciudadanos estadounidenses detenidos, 12 de estos condenados y 9 preventivos. De españoles hay una población de 11 personas, 5 condenadas y 6 a la espera de un juicio.
De Italia se contabilizan 11 personas, 6 condenados y 5 a la espera de sentencia definitiva. El resto, 94, están divididos en suizos, serbios, puertorriqueños, peruanos, nicaragüenses, jamaiquinas, entre otros. De este número, 27 han sido condenados y 67 se encuentran en condición de preventivos.
La cárcel con mayor número de reclusos sigue siendo La Victoria con 7,574; seguido de la cárcel de La Vega con 1,858 prisioneros y el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres con 1,917.
En el caso de La Victoria, la estadística presentada indica que el recinto tiene una tasa de hacinamiento de 260.2%, debido a que esta cárcel tiene capacidad solo para 2,103 personas y la ocupan 7,574, por lo que su espacio disponible es de menos 5,471. Sumado a esta, otras 19 cárceles del país tienen una sobrepoblación. En toral, la sobrepoblación en cárceles del país, suman 11,953 personas.
Algunas de estas son: la cárcel de La Vega, con capacidad para 730 privados de libertad y posee una población de 1,858; Najayo hombres con capacidad para 1,137 personas y posee 1,917; también la cárcel de El Seibo con capacidad para 248 personas y posee 951.
En el caso de las mujeres, el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres posee el mayor número con 353; luego está la cárcel de Higüey Mujeres con 81; Rafey Mujeres con 68; Baní Mujeres con 54; Montecristi Mujeres 28; Sábana Toro 23; Nagua Mujeres 19;
Licey Al medio con 19; Samaná Mujeres 18 y Salcedo Mujeres 10.
De estas sólo la de Higüey está sobrepoblada. El centro tiene capacidad para 78 mujeres y posee 81.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.