Santo Domingo, RD.-En los 41 centros penitenciarios, de los cuales seis son para mujeres, hay alrededor de 1,051 haitianos que tienen medidas de prisión preventiva por diferentes delitos.Nacionales
Alrededor de 1,051 haitianos tienen prisión preventiva en el país.
Santo Domingo, RD.-En los 41 centros penitenciarios, de los cuales seis son para mujeres, hay alrededor de 1,051 haitianos que tienen medidas de prisión preventiva por diferentes delitos.De acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales de la Procuraduría General de la República, en su informe de enero de este año, en el país hay una población de 25,829 privados de libertad; 1,849 de estos ciudadanos son extranjeros, mientras que 673 son mujeres.
De los 25,156 hombres, 15,051 guardan prisión preventiva y 10,105 ya han sido condenados. En el caso de las mujeres, 428 son detenidas preventivas y 245 han sido condenadas.
El mayor número de extranjeros en cárceles de República Dominicana lo ocupan los haitianos, con 1,455 ciudadanos del vecino país. De estos, 404 han sido condenados y 1,051 guardan prisión preventiva.
Otros de mayor número son los venezolanos, con 105 encarcelados; 28 condenados y 77 presos preventivos. Le siguen los colombianos con 94 reclusos, de estos 27 han sido condenados y 67 esperan una sentencia.
En las cárceles del país también hay 22 holandeses, 4 de estos condenados y 18 preventivos. De igual forma, hay 21 ciudadanos estadounidenses detenidos, 12 de estos condenados y 9 preventivos. De españoles hay una población de 11 personas, 5 condenadas y 6 a la espera de un juicio.
De Italia se contabilizan 11 personas, 6 condenados y 5 a la espera de sentencia definitiva. El resto, 94, están divididos en suizos, serbios, puertorriqueños, peruanos, nicaragüenses, jamaiquinas, entre otros. De este número, 27 han sido condenados y 67 se encuentran en condición de preventivos.
La cárcel con mayor número de reclusos sigue siendo La Victoria con 7,574; seguido de la cárcel de La Vega con 1,858 prisioneros y el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres con 1,917.
En el caso de La Victoria, la estadística presentada indica que el recinto tiene una tasa de hacinamiento de 260.2%, debido a que esta cárcel tiene capacidad solo para 2,103 personas y la ocupan 7,574, por lo que su espacio disponible es de menos 5,471. Sumado a esta, otras 19 cárceles del país tienen una sobrepoblación. En toral, la sobrepoblación en cárceles del país, suman 11,953 personas.
Algunas de estas son: la cárcel de La Vega, con capacidad para 730 privados de libertad y posee una población de 1,858; Najayo hombres con capacidad para 1,137 personas y posee 1,917; también la cárcel de El Seibo con capacidad para 248 personas y posee 951.
En el caso de las mujeres, el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres posee el mayor número con 353; luego está la cárcel de Higüey Mujeres con 81; Rafey Mujeres con 68; Baní Mujeres con 54; Montecristi Mujeres 28; Sábana Toro 23; Nagua Mujeres 19;
Licey Al medio con 19; Samaná Mujeres 18 y Salcedo Mujeres 10.
De estas sólo la de Higüey está sobrepoblada. El centro tiene capacidad para 78 mujeres y posee 81.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La destitución de Cordero se conoció horas más tarde ese mismo día. Medios estadounidenses confirmaron, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, que Cordero había sido arrestado como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidense para informantes confidenciales.
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
La menor murió en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago de los Caballeros, durante una actividad recreativa organizada por el centro educativo.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
“Ni siquiera se incluyó al presidente del colegio Leonardo Da Vinci ni a los propietarios de la Hacienda Los Caballos, quienes tampoco habrían cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y la Defensa Civil”, expresó.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
En medio del dolor, la madre de la menor fallecida, Loveli Raphael, salió de la sala de audiencia visiblemente afectada y entre lágrimas expresó que lo único que desea es que se haga justicia por la muerte de su hija.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
La jurista explicó que la corte evaluó los argumentos presentados antes de ratificar la medida de coerción.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.