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Unos 87,000 refugiados rohinyás llegaron a Bangladesh en diez días
El gobierno de Daca instauró controles fronterizos cuando estalló el último episodio de violencia hace diez días.
AFP
BANGLADESH. Unas 87.000 personas, en su gran mayoría refugiados rohinyás, llegaron a Bangladesh desde que estalló la violencia en la vecina Birmania, el 25 de agosto, entre crecientes críticas al gobierno birmano de la premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi.
Decenas de miles de miembros de esa minoría musulmana en un país de mayoría budista cruzaron la frontera con Bangladés desde que comenzaron los combates, para amontonarse en los ya saturados campamentos de refugiados.
En total “llegaron 87.000 desde el 25 de agosto”, anunció la oficina de la ONU en Bangladesh.
Unos 20.000 siguen en la frontera entre Bangladesh y el estado de Rakáin, en el oeste de Birmania, a la espera de poder cruzar, añadió Naciones Unidas.
De ellos, más de 2.000 —incluyendo a numerosos niños— que se escondían en una isla de Bangladesh a algunos kilómetros de la costa— fueron renviados a Birmania.
El gobierno de Daca instauró controles fronterizos cuando estalló el último episodio de violencia hace diez días.
Un guardia fronterizo bangladesí dijo a la AFP que la importante llegada de personas desesperadas hizo imposible detener el flujo. “Es más importante que la última vez”, dijo el guardia, que pidió no ser identificado.
La ONU indicó que la mayoría de los recién llegados se instalaron en los ya saturados campamentos de refugiados rohinyá de los alrededores de la ciudad costera de Cox’s Bazar.
Pero varios no tienen techo debido a las fuertes lluvias del monzón. Los periodistas de la AFP en el lugar constataron que en los últimos días se erigieron centenares de refugios precarios en los alrededores de los campamentos.
Críticas
Los refugiados de Cox’s Bazar denunciaron que sus familias fueron masacradas y los pueblos incendiados por las fuerzas de seguridad y grupos de budistas.
La violencia se desencadenó tras el ataque el 25 de agosto contra una treintena de comisarías de policía por parte del movimiento rebelde Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Desde entonces, el ejército lanzó una gran operación en esa región pobre y remota del oeste de Birmania.
Aung San Suu Kyi, líder de facto del gobierno birmano, exprisionera política de la junta birmana, es cada vez más criticada por mostrar poca disposición a hablar sobre el trato a los rohinyás o a reprender a los militares.
Desde que estalló el último episodio de violencia no hizo comentarios.
“Los últimos años he condenado en repetidas ocasiones el trágico vergonzoso trato” a los rohinyás, dijo en Twitter la activista paquistaní Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz como Aung San Suu Kyi. “Sigo esperando que mi compañera laureada Aung San Suu Kyi haga lo mismo”, subrayó.
La crisis pone en riesgo las relaciones de Birmania con los países de mayoría musulmana del sudeste asiático, donde públicamente se repudia el trato a los rohinyás.
El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió el lunes en Naypyidaw, la capital de Birmania, con el jefe de las Fuerzas Armadas birmanas, el general Min Aung Hlaing, en un intento de presionar al gobierno para que haga más por aliviar la crisis.
Desde 2012 el estado de Rakáin es escenario de violencia religiosa.
Muchos rohinyás fueron asesinados y decenas de miles de personas —en su mayoría de la minoría musulmana— se vieron obligadas a huir a campamentos de refugiados.
Pero la actual ola de violencia es la peor registrada hasta ahora.
Según el ejército birmano murieron casi 400 personas en los últimos diez, 370 de ellos militantes rohinyás.
Entre los fallecidos también hay budistas del estado de Rakáin y otros grupos tribales. Algunas personas y fueron desplazadas y perseguidas por activistas rohinyás, según las denuncias.
Muchas personas se ahogaron al intentar cruzar el río Naf que delimita parte de la frontera con Bangladesh.
Más de 400.000 rohinyás se encuentran ya en Bangladesh, un país mayoritariamente musulmán que dejó en claro que ya no quiere acoger más refugiados.
por Sam JAHAN
Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que «muy pronto» comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que vincula con el narcotráfico. Además, advirtió de las mismas consecuencias para cualquier país que produzca o trafique drogas hacia EE.UU.
«En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto», dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
FUERZAS ARMADAS DE EEUU ACTUARAN MUY PRONTO
El mandatario ya mencionó la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán «muy pronto» en tierra contra supuestos narcotraficantes de Venezuela y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano «cerrado en su totalidad».
Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 supuestos narcotraficantes.
ADVERTENCIA DE TRUMP A OTROS PAISES
Trump advirtió que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano «está sujeto a ataques», al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico.
«He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo?. Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela», dijo.
FUERTES CRITICAS CONTRA GUSTAVO PETRO
En octubre pasado, el republicano también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como «líder del narcotráfico» y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.
Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de «grosero e ignorante con Colombia». También ha rechazado como «injerencia» el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contra las supuestas narcolanchas, algunos de ellos llevados a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.
an/am
WASHINGTON.- El secretario del Departamento de Estado de Marco Rubio afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro «no podrá burlarse de Donald Trump» si Estados Unidos retoma conversaciones directas con Caracas.
Aseguró que Maduro «rompió cada acuerdo que ha hecho» en la última década, incluidos los que —según él— negoció con la administración Biden.
Sostuvo que ese Gobierno accedió a liberar a sobrinos del mandatario venezolano condenados por narcotráfico, así como a un colaborador financiero, a cambio del compromiso de celebrar elecciones libres y justas. «Nunca lo hizo. Les robaron las elecciones», afirmó Rubio a Fox News durante un análisis sobre la situación de Venezuela e Irán y la posibilidad de cambios de régimen en ambos países.
Según Rubio, «Maduro se burló de Joe Biden».
El secretario del Departamento de Estado republicano contrapuso ese escenario con lo que espera bajo el liderazgo de Donald Trump. «Ellos se burlaron de Joe Biden. No se van a burlar de Donald Trump», expresó en alusión a la firmeza que, a su juicio, tendría una eventual negociación encabezada por el expresidente.
Rubio describió a Trump como un líder dispuesto a dialogar «con quien sea», pero advirtió que tal apertura solo funciona «si del otro lado hay alguien con quien se pueda hacer un acuerdo». Aseguró que Trump ha hablado con Putin de Rusia, con Xi Jinping de China y con el presidente sirio; pero en el caso de Maduro, este ha roto todos los acuerdos alcanzados.
Insistió en que cualquier esfuerzo diplomático debe centrarse en impedir que Venezuela siga siendo —según dijo— un punto de apoyo para la influencia iraní y actividades contrarias a los intereses estadounidenses. «Si puedes traer estabilidad al hemisferio y evitar que Venezuela sea base de esas operaciones, sería ideal», señaló.
Aun así, subrayó que la principal dificultad no está en la voluntad de Washington, sino en la conducta del propio Maduro. «Ese es el problema fundamental», dijo. «No significa que no debamos intentarlo, pero no puedes confiar en él».
El presidente Donald Trump está dispuesto a revertir los estrictos estándares de ahorro de combustible de su predecesor Joe Biden, argumentando que la medida reducirá los precios de los automóviles, incluso cuando los críticos advierten que hará que los conductores paguen más en la gasolinera y acelerará el cambio climático.
El miércoles, Trump estará acompañado en la Oficina Oval por los directores ejecutivos de Ford y Stellantis, y un gerente de General Motors, para anunciar la reducción, con la presencia de los llamados «Tres Grandes» fabricantes de automóviles, lo que indica una aceptación crítica de la industria.
«Las regulaciones de eficiencia de combustible de Joe Biden habrían aumentado el costo de un vehículo nuevo en $1,000», dijo la Casa Blanca en X, y agregó que el restablecimiento de Trump ahorraría a los estadounidenses $109 mil millones.
ambientalistas respondieron
Los ambientalistas respondieron rápidamente, diciendo que la medida se destacaba incluso entre las muchas acciones anti-ecológicas de Trump debido a su impacto descomunal en los Estados Unidos dependientes del automóvil.
«Trump está demoliendo la medida más importante que cualquier nación haya tomado jamás para combatir el uso del petróleo, la contaminación que causa el calentamiento global y ayudar a los consumidores a ahorrar dinero en la gasolinera», declaró a la AFP Dan Becker, activista del Centro para la Diversidad Biológica que ha hecho campaña por políticas de vehículos ecológicos desde la década de 1980. «Esta es la gran medida».
El alcance total de la reversión no quedó claro de inmediato.
Pero la administración Trump ha señalado repetidamente su oposición a los aumentos de eficiencia promulgados bajo la administración Biden, que aumentó en un ocho por ciento para los años modelo 2024-2025 y en un 10 por ciento para 2026, con el objetivo de superar las 50 millas por galón para 2031.
En una propuesta de norma emitida en junio, el Departamento de Transporte de Trump argumentó que los funcionarios de Biden habían tenido en cuenta incorrectamente los vehículos eléctricos e híbridos al diseñar esos objetivos, diciendo que los estándares serían inalcanzables para los automóviles a gasolina y efectivamente forzarían un cambio en el mercado.
– La pelea por los vehículos eléctricos de Trump –
Trump ha criticado lo que él llama un «mandato» de vehículos eléctricos, un tema que lo ha puesto en desacuerdo con su intermitente aliado multimillonario Elon Musk, el CEO y mayor accionista de Tesla, que todavía tiene la mayor participación de mercado de vehículos eléctricos en los EE. UU. incluso cuando otras marcas están ganando terreno.
Los republicanos en el Congreso han derogado los créditos fiscales para las energías limpias en un importante proyecto de ley sobre impuestos y gastos, y han puesto la mira en la capacidad de California de establecer sus propios límites de emisiones de vehículos.
Pero aún no está claro si los ahorros derivados de la reducción de la inversión en vehículos eléctricos llegarán a los consumidores.
Si bien el abandono de los vehículos eléctricos permite a los fabricantes de automóviles retrasar o renunciar a miles de millones de dólares en nuevas inversiones, algunos de esos fondos se están destinando a nuevas iniciativas para agregar capacidad de construcción de automóviles en Estados Unidos a la luz de los aranceles de Trump.
reequipar fábricas
GM, por ejemplo, anunció en junio un gasto de 4.000 millones de dólares para reequipar fábricas en Michigan, Kansas y Tennessee.
GM, que ha dicho que espera un impacto arancelario de entre 3.500 y 4.500 millones de dólares en 2025, también ha otorgado una gran prioridad a la devolución del exceso de efectivo a los accionistas.
Gina McCarthy, ex alta funcionaria de Biden y Barack Obama, dijo que la medida en última instancia dañaría a la industria automotriz al retrasar su transición hacia vehículos eléctricos y empeorar el cambio climático.
«El resto del mundo seguirá innovando y creando coches más limpios que la gente quiera comprar y conducir, mientras nosotros nos vemos obligados a permanecer sentados en nuestros viejos coches, pagando más por la gasolina y emitiendo más emisiones».