Editorial
Urge Una Renovación de la Iglesia Católica
La escogencia de un nuevo papa y de procedencia latinoamericana, lo que sienta un importante precedente en la historia de la Iglesia Católica, ojalá implique un cambio en los cristianos del mundo, dándole a ésta un perfil mucho más humano.
Porque precisamente de eso se trata, de imprimir un sentido humano al mundo de hoy, en el que se pueda lograr la detención de una vez y para siempre de problemas tan graves como la pederastía y otras aberraciones, que sin dudas, le han quitado mucha credibilidad a la Iglesia Católica.
El papa Francisco, quien sustituye a Benedicto XVI, renunciante, tiene la sensibilidad de todo latinoamericano, cuyos países han sufrido las consecuencias de la opresión y la explotación de naciones altamente desarrolladas, los cuales están bañadas de una pobreza provocada que muy bien puede ser contrarrestada con una bien desenada política de solidaridad del nuevo papa en virtud de que cuenta con la autoridad y la influencia necesarias para producir grandes cambios.
Pero esos cambios deben comenzar por casa, lo que parece haberse iniciado con la escogencia del papa Francisco, procedente de los países que tienen el más alto porcentaje de católicos, como los de la denominada américa morena.
Son muchos los retos del nuevo jefe del Vaticano, pero los más importantes tienen que ver con el combate a la corrupción y darle un perfil más humano a la iglesia, donde la gente vea un sincero refugio para mitigar su dolor, su sufrimiento y donde haya una consistente política de combate de la pobreza, el narcotráfico y la delincuencia que hoy arropa las naciones más pobres como consecuencia de la exclusión social, la mala distribución de las riquezas, la carencia de la igualdad de oportunidades y del bien común.
El nuevo papa debe en lo inmediato fortalecer su código de ética y establecer sanciones más severas para los cardenales, obispos y curas en el sentido más amplio de la palabra, que no sólo cometen violaciones sexuales y una gran variedad de corrupción, sino que también se convierten en aliados de las oligarquías latinoamericanas para depredar descaradamente recursos estatales.
Es una realidad muy triste que hoy abate a las naciones de donde procede el papa Francisco, donde ya no cabe más pobreza y corrupción.
De igual modo, el nuevo papa debe empeñarse que cuando en una misa llega el momento del abrazo de la paz y de la hermandad que éste sea sincero y que proyecte un valor humano que pare para siempre un gesto meramente protocolar para que se convierta en un elemento de solidaridad y de amor verdadero.
Ahí estaría la clave para que se detenga la emigración de católicos hacia otras corrientes religiosas para que no disminuya su poder, el cual descansa en la enorme cantidad de devotos que tiene en todo el mundo.
Porque su poder está más que nada en lo cuantitativo, pero lo cualitativo ya prácticamente no existe, no hay una respuesta al problema tan grave que confronta el mundo de hoy como lo es la falta de calor humano, la pérdida de valores tan importantes como la solidaridad, la reciprocidad y la hermandad.
El nuevo papa Francisco debe implementar un plan universal para restablecer una serie de valores en las familias, los cuales han sido barridos por la avaricia, la codicia y la usura, convirtiendo la sociedad de hoy en un mundo de las individualidades, las insensibilidades y el amor profundo por las cosas materiales.
El papa Francisco tiene la oportunidad de establecer un antes y un después, cuyo precedente renovará el catolicismo y muchos de los que se han ido regresarán para no abandonar jamás esa doctrina religiosa.
La suerte está echada, papa Francisco.
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo
Hay quienes piensan que la violación de la Constitución y de la ley es parte del juego democrático, sin darse cuenta que ese detalle es un instrumento de atraso y de los tiempos de la caverna.
Lo preocupante del fenómeno es que un órgano como la Junta Central Electoral sea parte de ese juego sucio y que se constituye en una grave amenaza en contra del progreso y el crecimiento nacionales.
La Junta Central Electoral debe entender que su focalización no pueden ser los partidos políticos, sino los ciudadanos, que son los que conforman el pueblo dominicano y en los que descansa la soberanía nacional.
Apoyándose en los ciudadanos este órgano no está supuesto a hacertar el chantaje de los partidos políticos, que como dijo este periódico ensu reportaje de esta semana, no creen en el respeto a la ley y la transparencia.
La falsa democracia nacional se fundamenta en el fraude, la corrupción y la distorsión de las mejores prácticas del sistema representativo.
El hecho de que la JCE se sume a esa forma de democracia la hace inmerecedora de la confianza que demanda el sistema electoral del país.
Naturalmente, no se puede ver el asunto al margen de fenómeno general, cuya regla del juego consiste en hacer lo mal hecho, fuera del régimen legal, para ser merecedor de jugar un papel de primer orden en la corrompida democracia dominicana.
La JCE debe definir su compromiso con esa partidocracia totalmente corrompida de una sociedad que demanda mejor suerte, un comportamiento diferente de los actores de la vida política nacional.
Talvez es mucho pedir en un sistema en el que todo se fundamenta en la búsqueda de beneficios personales, tráficos de influencia y la componenda entre los actores de una partidocracia que por el camino que va echará todo a perder.