Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.

La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.

Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita, 

El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.

Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.

La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.

Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.

Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.

Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.

Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.

Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.

El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.

Puerto Plata.-Las autoridades ampliaron este miércoles el perímetro de búsqueda de la menor de tres años Brianna Genao Rosario y reforzaron el acordonamiento policial y militar en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, donde ya se encuentran desplegados agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de los operativos para dar con su paradero, tras más de 14 días sin resultados positivos.

Los agentes estadounidenses permanecen integrados dentro del perímetro de seguridad, junto a unidades caninas especializadas del FBI y de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), adscrita a la Embajada de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las labores de rastreo mediante técnicas avanzadas de localización.

La ampliación del área de búsqueda incluyó la extensión del perímetro hasta la comunidad de Los Mangos, ubicada a unos dos kilómetros del punto donde la menor fue vista por última vez, así como la restricción del acceso a la zona, limitando la entrada de los medios de comunicación y desplazando el área destinada a la prensa a mayor distancia del centro del operativo.

En el lugar se presentó el procurador adjunto Wilson Camacho, quien supervisó las acciones que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado.

Desde el inicio del operativo, la zona boscosa ha sido intervenida de manera constante por aire y tierra, con apoyo de drones, equipos tácticos, unidades caninas y tecnología especializada, acumulando cientos de horas de trabajo ininterrumpido por parte de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Sistema 9-1-1 y organismos de socorro.

Las autoridades reiteraron que la búsqueda continúa activa y en constante evaluación, y aseguraron que no cesarán los esfuerzos hasta obtener respuestas concretas sobre el paradero de la menor, cuyo caso mantiene en vilo a la comunidad de Imbert y zonas aledañas.