Santo Domingo, RD.-Todos los condenados en la Operación 13, incluida la presentadora del sorteo fraudulento del primero de mayo 2021, Valentina Rosario Cruz, deberán “aprender una profesión u oficio que les permita vivir dignamente en la sociedad, en coordinación con el Juez de Ejecución de la Pena”.Nacionales
Implicados en Operación 13 deberán aprender un oficio y hacer 60 horas de trabajo.
Santo Domingo, RD.-Todos los condenados en la Operación 13, incluida la presentadora del sorteo fraudulento del primero de mayo 2021, Valentina Rosario Cruz, deberán “aprender una profesión u oficio que les permita vivir dignamente en la sociedad, en coordinación con el Juez de Ejecución de la Pena”.Así lo establece la sentencia condenatoria dictada la tarde de este lunes por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, contra los 10 implicados en esta acusación.
Por el caso fueron condenados ocho de los 10 implicados a cumplir penas de 5 a 7 años de cárcel, mientras que el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, fueron descargados por falta de pruebas además se ordenó el cese de la medida de coerción.
William Lizandro Rosario Ortiz fue declarado culpable de soborno a un funcionario público, soborno activo y lavado de activo. El mismo fue condenado a cumplir la pena de siete años de prisión en el Centro de Corrección y rehabilitación Najayo Hombres.
Asimismo, Eladio Batista Valerio (a) El Gago fue encontrado culpable de asociación de malhechores y lavado de activos y condenado a cumplir la pena de seis años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Felipe Santiago Toribio también fue encontrado culpable de asociación de malhechores y lavado de activos y condenado a cinco años de prisión; tres años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, y dos años suspendidos, es decir, en libertad.
Carlos Manuel Berigüete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalle y Valentina Rosario Cruz fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, coalición de funcionario, prevaricación, y lavado de activos. Todos condenados a cinco años de prisión; tres en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres/ Najayo Mujeres y dos años suspendidos, quedando inhabilitados por un período de 5 años para el ejercicio de cargos u oficios públicos.
De igual forma, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y Rafael Mesa Nova fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, coalición de funcionario, prevaricación, y lavado de activos. También se les condenó a cinco años de prisión; suspendidos de forma total y quedando inhabilitados por cinco años para el ejercicio de cargos u oficios públicos.
Durante el tiempo de pena que les fue suspendida a Felipe Santiago Toribio, Carlos Manuel Berigüete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalle, Valentina Rosario Cruz y Rafael Mesa deberán además de aprender una profesión, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas; realizar 60 horas de trabajo comunitario en la Fiscalía del Distrito Nacional; abstenerse de viajar al extranjero sin previa autorización judicial y residir en el domicilio aportado al tribunal. En caso de cambiar del mismo deben notificar al Juez de ejecución de pena.
Esto mismo dictado contra Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, exceptuando realizar 60 horas de trabajo comunitario en la Fiscalía del Distrito Nacional.
“Advierte a los condenados Felipe Santiago Toribio, Carlos Manuel Berigüete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalle, Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez y Rafael Mesa, que, de no cumplir con las reglas impuestas en el período establecido, deberán cumplir de forma íntegra la totalidad de la pena suspendida”, dice la sentencia.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.