Más Noticias
Gobierno dominicano focalizado en la salud mental
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades dominicanas presentaron el Plan Nacional de Estrategia de Salud Mental 2026-2030 mediante el cual buscará cambiar el abordaje de las autoridades del sector salud con relación a ese tipo de enfermedades.
«Vamos a romper el estigma, vamos a cambiar el hecho de que la salud mental, y perdón por la palabra, se vea como un problema de locos. La salud mental es, y así ha sido catalogada, como una enfermedad crónica y el país le va a dar todo el peso que conlleva», indicó Atallah.
Entre los enfoques prioritarios en salud mental se encuentran el fortalecimiento del primer nivel de atención de la red de hospitales traumatológicos, la reforma de la seguridad social, una mejoría en la política de medicamentos y en la atención a la salud mental.
El Centro de Contacto Nacional de Asistencia en Salud Mental, que se amplió su horario hasta las 12 de la medianoche, ha recibido más de 16,000 llamadas, y cuenta con protocolos para referir a clínicas y atenciones especializadas; además se anunció que prontamente la línea será de 24 horas a través del número 8-1-1.
De su lado, el director Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Ladrón, destacó que actualmente dispone de 18 unidades de Intervención en Crisis, de las cuales 17 cuentan con Terapias Electroconvulsiva (TEC), 65 habitaciones para ingresos de pacientes y un total de 137 camas distribuidas a nivel nacional
En tanto que la Red Pública en Salud cuenta con 202 hospitales, de estos 57 pertenecen al 3er nivel y 32 a hospitales regionales, también 1,384 Centros de Primer Nivel (CPN), 84 centros diagnósticos, 234 consultorios y 1,982 Unidades de Atención Primaria (UNAP).
También 767 centros capacitados en la estrategia mhGAP (Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OMS), disponibilidad de 174 psicólogos en los CPN y 53 psicólogos en Centros de diagnósticos.
Para finales del 2026, las autoridades proyectan alcanzaste las 89 Unidades de Intervención en Crisis y de 137 a 500 camas disponibles.
Durante su explicación, el ministro de Salud señaló que el 4.7% de la población adulta de República Dominicana ha sufrido de depresión, mientras que el 5.7 ha padecido de ansiedad.
Ni Atalllah ni Ladrón dieron más detalles sobre como aumentaría las coberturas de parte de la administradoras de riesgos de la salud (ARS), con relación a consultas relacionadas con el tema. Varios de los reclamos realizados ha Sido que la gran mayoría de las ARS no cubren o lo hacen en un porcentaje muy mínimo.
El asesor del Poder Ejecutivo en materia de Salud Mental, José Miguel Gómez, indicó que en el transcurso del 2026 se le dará apertura al Instituto Nacional de Neurociencia y Salud Mental.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
- Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.