Latinoamericanas
Venezuela solicita orden de captura contra Milei por «robo de avión»; situación similar a la de RD
Agencias
CARACAS.- La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei -a quien abrió «una averiguación»-, por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.
La institución «anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión» también contra la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich.
En febrero de este año el Gobierno de Estados Unidos confiscó un avión de carga Boeing de la estatal venezolana Emtrasur, que había sido vendido por una aerolínea iraní sancionada en violación de las leyes federales de control de exportaciones.
El avión de carga, un Boeing 747-300M, partió desde Argentina, donde estaba retenido desde 2022, y aterrizó en un aeropuerto no revelado en la Florida.
Antes de su venta a la estatal venezolana, la aeronave era propiedad de Mahan Air, una compañía a la que Washington señala por su apoyo a las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designada por Estados Unidos como una organización terrorista.
Situación en RD
La situación es muy similar a la ocurrida el pasado 2 de septiembre en República Dominicana cuando la justicia dominicana decidió enviar la aeronave a Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia de ese país.
El Gobierno de República Dominicana ha negado cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos, alegando que todo el proceso se desarrolló en el ámbito de los tribunales, sin intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.
Según Álvarez, en mayo de este año “el Ministerio Público recibió una solicitud formal de Estados Unidos para inmovilizar la aeronave como parte de una investigación criminal relacionada con actividades de fraude, contrabando y lavado de activos. La aeronave se encontraba en la República Dominicana para fines de mantenimiento debido a la alta calidad de los servicios disponibles en el país. Posteriormente, el 22 de mayo, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial de un tribunal competente que autorizó la inmovilización del avión”.
La respuesta de Argentina al proceso de Maduro
El Gobierno de Argentina repudió este miércoles la decisión de la Fiscalía de Venezuela de tramitar la solicitud de una orden de captura contra el presidente, Javier Milei, por el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.
«La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur», dijo la Cancillería argentina en un comunicado.
Según el Gobierno de Milei, «el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».
«El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro», añade el comunicado.
En declaraciones transmitidas este miércoles por el canal estatal VTV, el fiscal general, de Venezuela Tarek William Saab, anunció que dos fiscales especializados «se encuentran tramitando la orden de aprehensión» contra Milei, su hermana Karina y Bullrich.
Explicó que, en el caso del avión, que fue «totalmente desmantelado» en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir».
Por otra parte, Saab informó de la designación de un «fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes» contra Milei y Bullrich por «las acciones cometidas contra el pueblo argentino» y aseveró que se podría «estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
El fiscal, quien llamó «fascista» y «neonazi» a Milei, dijo que en Argentina se aplica un «programa de violencia institucional premeditado» contra su población, por lo que señaló al mandatario argentino como «el violador de derechos humanos más feroz del continente» y como «un peligro brutal para todo el hemisferio».
Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros cabecillas del régimen», ante «el agravamiento de la situación» tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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