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Una verdadera amenaza ambiental es el Vertedero a orilla de canal en Nizao.
República Dominicana, R.D.-A pesar de sus hermosas playas y biodiversidad, Nizao, municipio de la provincia Peravia, es afectado por un vertedero improvisado que, durante años, ha acumulado la basura de todo el pueblo además de estar rodeado de un canal de riego ya afectado por los desperdicios.
El lugar no está muy lejos del centro del pueblo y está rodeado de parcelas agrícolas. En los terrenos de siembra, las personas que trabajan lo hacen ya con normalidad y aseguran que los desperdicios no les afectan su salud, aunque desde lejos se puede observar el humo que emana de la quema de los desperdicios.
Para ellos ya es una actividad diaria normal. Entre los visitantes que llegan están los llamados “buzos”; personas que van en busca de metales u objetos valiosos para vender, como la plata. La gente llega con botas y con zapatos protectores debido a los pedazos de vidrio y objetos punzantes que están a la intemperie.
El mal olor no es tan fuerte, ha disminuido por la falta de lluvia y el fuerte sol ha mantenido la basura seca, pero el humo que flota en el aire es solo un claro ejemplo de la contaminación que emite este vertedero.
José, uno de los buzos que va en busca de metales y objetos de valor, cuenta que el vertedero lleva algunos siete años y los moradores de Nizao no tienen otro lugar donde depositar la basura.
Buscar objetos valiosos se ha vuelto un trabajo de este hombre de 53 años, antes trabajaba en construcción; pero con la venta de hierros y plata que recolecta del vertedero al día gana entre 800 y 1000 pesos, por eso decidió dejar su otro empleo.
La basura ubicada por todas partes ya ha contaminado su agua, pues uno de sus visitantes cuenta que hasta animales muertos ha visto posar en este, además de las bolsas de basuras que la gente deposita, sin importar a donde terminan.
Ya muy al fondo de estos desechos, vive una pareja, no en una casa como tal, sino rodeados de lonas con pocos hoyos, no tiene piso, sino la tierra del terreno, con un pequeño espacio para cocinar al aire libre. No tienen estufa, nevera, ni lavadora, cocinan en un fogón, lavan con el agua que pasa por “la rigola”.
No tienen comida, pues comen lo que consigan en el día a día y no hay un lugar para almacenarla, no hay electricidad ¿Y qué hacen si sobra comida? “La botamos”.
El agua que utilizan para lavar es la misma con la que se bañan, “yo te hablo la verdad, esa agua no es muy buena para bañarse”, dijo la mujer que lleva ya dos años viviendo entre los desechos.
Enfermedades
Sobreviven en la basura
Plagas.
Para sobrevivir recolectan las botellas plásticas y de vidrio, las almacenan en sacos y por ello ganan 2,000 o 2,500 pesos, aunque al mes no llegan ni a 10,000.
Por el área donde viven, los ratones se ven con frecuencia, muchas entran a su pequeño hogar, a pesar de las enfermedades que puedan causarles, siguen viviendo ahí.
Los moradores de Nizao comentan que es difícil ver un depósito de basura en el centro y que existen ocasiones en las que tienen que esperar muchos días para que el camión recolector de la basura pase por las casas.
Además de este vertedero, hay zonas del municipio en la que se observan grandes cúmulos de basura, algunos muy cerca de la playa Linda Nizao.
La gente comenta que es normal que se observe basura en algunos puntos por la problemática de que los camiones recolectores no pasan con frecuencia.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.