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Vicepresidenta analiza impacto económico de la inversión social
Santo Domingo. Hasta hace poco tiempo las partidas presupuestarias destinadas por los gobiernos a las políticas de impacto social eran tipificadas como un gasto, sin embargo, con la llegada del Estado Social, ese paradigma ha cambiado, y se le está percibiendo como una inversión que bien focalizada impacta de manera positiva en el crecimiento y desarrollo económico de los pueblos.
La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, se inscribe dentro de la moderna corriente de pensadores que califican la inversión social como un catálogo de políticas que bien focalizadas dinamizan la economía y contribuyen al desarrollo integral de los pueblos.
En el artículo publicado en su columna de los martes del periódico Listín Diario, titulado: “El impacto económico de la inversión social”, la Vicemandataria aduce que en los países como la República Dominicana, poco aún se ha hablado del impacto de la política social en la economía.
¿De qué manera motoriza la política social las economías de los sectores vulnerables del país? ¿Cómo aporta la política social al crecimiento económico de un país? reflexiona la Vicepresidenta de la República, que además coordina el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno que preside Danilo Medina Sánchez.
La doctora Cedeño de Fernández aduce que la política social, dependiendo de su extensión y de las características que tenga, impacta positivamente en la demanda de bienes y servicios y, por tanto, en los distintos agentes involucrados en dichos procesos productivos.
El debate sobre este tema se torna interesante para la República Dominicana que en la reforma constitucional del 2010 recibió el nombre de Estado Social y Democrático de Derecho, pero sin embargo, todavía un porcentaje importante de los actores sociales, políticos y académicos, perciben los Programas Sociales implementados por el Gobierno, en procura de reducir la pobreza, la exclusión y la marginalidad social, como desembolsos sin retornos.
“Se ha considerado siempre a la política social como un gasto en que incurre el Estado, es decir, que pende como una espada de Damocles sobre los limitados ingresos, y por ende sobre la inversión y la producción nacional. Nada más alejado de la realidad. Esta es una percepción que tenemos que destronar”, reflexiona la doctora Cedeño de Fernández.
Cita que en la realidad, lo que el Estado dedica a la implementación y ejecución de las políticas sociales, se trata de una inversión social en las personas, en los ciudadanos, con un retorno tanto social como económico, que incrementa la productividad, reduce las desigualdades, combate la pobreza y genera paz y justicia social.
Es objetivo el juicio de la Vicepresidenta, cuando subraya que la política social aporta a un desarrollo sustentable, con un enfoque humanístico del crecimiento económico, el cual, a través de iniciativas articuladas, innovadoras y sostenibles, priorice el bienestar de la población, promueva empleos productivos, incremente la productividad, fomente el emprendimiento, sobre la base de la equidad, la solidaridad y la justicia social.
Enfatiza que el gasto social debe ser entendido como una verdadera inversión con retorno. Invertir en los más vulnerables es sin duda invertir en nuevas oportunidades de desarrollo y generación de riqueza y capital humano, en definitiva, invertir en nuestro futuro como nación.
El gran desafío de la democracia hoy es reducir la deuda social acumulada fruto de un crecimiento económico que no incluyó mejoría de vida en los más pobres. Por tanto, como plantea la Vicepresidenta, “el concepto mismo de inversión social considera que los programas sociales producen resultados positivos hacia la economía y generan compensaciones a los más vulnerables, ante los efectos negativos que surgen de una economía de mercado”.
En la sociedad de la información y del conocimiento en que vivimos, es importante como plantea la doctora Cedeño de Fernández, concienciar a los líderes de opinión, al liderazgo y la población, en su conjunto, en el sentido de que la política social es determinante para el buen desempeño económico del país, es la herramienta idónea para la redistribución de los ingresos con equidad, para la formación de ciudadanía y para el funcionamiento y realización del Estado Social y Democrático de Derecho.
Haciendo alusión al impacto que produce en la economía el programa Progresando con Solidaridad, la Vicemandataria afirma que esa política social está estrechamente vinculada a la productividad, lo cual se refleja en la sostenibilidad de la demanda en comercios locales, generando liquidez en el tiempo, lo que les permite la planificación del crecimiento a futuro de su negocio y el acceso a mercados crediticios formales e informales.
Cedeño de Fernández dice que además se ha comprobado que estos programas también incrementan el consumo de alimentos en los hogares que no cumplen los criterios de elegibilidad de los programas, y que por ende, no reciben la transferencia monetaria, creando un efecto dominó positivo para la economía.
En la medida en que entendamos y concibamos que la inversión social impacta positivamente en el desarrollo económico, entonces el Estado Social y Democrático de Derecho tomará fuerza, ya que la población y el liderazgo adquirirán conciencia plena del principio de no retroactividad de los derechos sociales.
Elnacional.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.