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Vicepresidenta analiza impacto económico de la inversión social
Santo Domingo. Hasta hace poco tiempo las partidas presupuestarias destinadas por los gobiernos a las políticas de impacto social eran tipificadas como un gasto, sin embargo, con la llegada del Estado Social, ese paradigma ha cambiado, y se le está percibiendo como una inversión que bien focalizada impacta de manera positiva en el crecimiento y desarrollo económico de los pueblos.
La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, se inscribe dentro de la moderna corriente de pensadores que califican la inversión social como un catálogo de políticas que bien focalizadas dinamizan la economía y contribuyen al desarrollo integral de los pueblos.
En el artículo publicado en su columna de los martes del periódico Listín Diario, titulado: “El impacto económico de la inversión social”, la Vicemandataria aduce que en los países como la República Dominicana, poco aún se ha hablado del impacto de la política social en la economía.
¿De qué manera motoriza la política social las economías de los sectores vulnerables del país? ¿Cómo aporta la política social al crecimiento económico de un país? reflexiona la Vicepresidenta de la República, que además coordina el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno que preside Danilo Medina Sánchez.
La doctora Cedeño de Fernández aduce que la política social, dependiendo de su extensión y de las características que tenga, impacta positivamente en la demanda de bienes y servicios y, por tanto, en los distintos agentes involucrados en dichos procesos productivos.
El debate sobre este tema se torna interesante para la República Dominicana que en la reforma constitucional del 2010 recibió el nombre de Estado Social y Democrático de Derecho, pero sin embargo, todavía un porcentaje importante de los actores sociales, políticos y académicos, perciben los Programas Sociales implementados por el Gobierno, en procura de reducir la pobreza, la exclusión y la marginalidad social, como desembolsos sin retornos.
“Se ha considerado siempre a la política social como un gasto en que incurre el Estado, es decir, que pende como una espada de Damocles sobre los limitados ingresos, y por ende sobre la inversión y la producción nacional. Nada más alejado de la realidad. Esta es una percepción que tenemos que destronar”, reflexiona la doctora Cedeño de Fernández.
Cita que en la realidad, lo que el Estado dedica a la implementación y ejecución de las políticas sociales, se trata de una inversión social en las personas, en los ciudadanos, con un retorno tanto social como económico, que incrementa la productividad, reduce las desigualdades, combate la pobreza y genera paz y justicia social.
Es objetivo el juicio de la Vicepresidenta, cuando subraya que la política social aporta a un desarrollo sustentable, con un enfoque humanístico del crecimiento económico, el cual, a través de iniciativas articuladas, innovadoras y sostenibles, priorice el bienestar de la población, promueva empleos productivos, incremente la productividad, fomente el emprendimiento, sobre la base de la equidad, la solidaridad y la justicia social.
Enfatiza que el gasto social debe ser entendido como una verdadera inversión con retorno. Invertir en los más vulnerables es sin duda invertir en nuevas oportunidades de desarrollo y generación de riqueza y capital humano, en definitiva, invertir en nuestro futuro como nación.
El gran desafío de la democracia hoy es reducir la deuda social acumulada fruto de un crecimiento económico que no incluyó mejoría de vida en los más pobres. Por tanto, como plantea la Vicepresidenta, “el concepto mismo de inversión social considera que los programas sociales producen resultados positivos hacia la economía y generan compensaciones a los más vulnerables, ante los efectos negativos que surgen de una economía de mercado”.
En la sociedad de la información y del conocimiento en que vivimos, es importante como plantea la doctora Cedeño de Fernández, concienciar a los líderes de opinión, al liderazgo y la población, en su conjunto, en el sentido de que la política social es determinante para el buen desempeño económico del país, es la herramienta idónea para la redistribución de los ingresos con equidad, para la formación de ciudadanía y para el funcionamiento y realización del Estado Social y Democrático de Derecho.
Haciendo alusión al impacto que produce en la economía el programa Progresando con Solidaridad, la Vicemandataria afirma que esa política social está estrechamente vinculada a la productividad, lo cual se refleja en la sostenibilidad de la demanda en comercios locales, generando liquidez en el tiempo, lo que les permite la planificación del crecimiento a futuro de su negocio y el acceso a mercados crediticios formales e informales.
Cedeño de Fernández dice que además se ha comprobado que estos programas también incrementan el consumo de alimentos en los hogares que no cumplen los criterios de elegibilidad de los programas, y que por ende, no reciben la transferencia monetaria, creando un efecto dominó positivo para la economía.
En la medida en que entendamos y concibamos que la inversión social impacta positivamente en el desarrollo económico, entonces el Estado Social y Democrático de Derecho tomará fuerza, ya que la población y el liderazgo adquirirán conciencia plena del principio de no retroactividad de los derechos sociales.
Elnacional.com
Santo Domingo. El Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SICIT) fue puesto en marcha por Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mejorar el acceso a información, disponibilidad y recolección de datos de las actividades de cumplimiento laboral e inspección del trabajo.
El nuevo sistema se integra con los programas informáticos que maneja el Ministerio de Trabajo y permite que los usuarios del mismo puedan verificar y consultar, desde cualquier lugar, toda la información relacionada con la labor de inspección del trabajo.
Esta nueva herramienta está disponible en las Representaciones Locales y asegura el inicio, seguimiento y gestión del proceso de la inspección del trabajo, registro administrativo y generación de estadísticas.
La nueva plataforma digital facilita la digitalización de la información recopilada por los inspectores de trabajo, el planeamiento y programación de visitas a empresas, centros y lugares de trabajo, administrar usuarios y sus perfiles y poder realizar auditorías de los procesos.
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.