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Vicepresidenta analiza impacto económico de la inversión social
Santo Domingo. Hasta hace poco tiempo las partidas presupuestarias destinadas por los gobiernos a las políticas de impacto social eran tipificadas como un gasto, sin embargo, con la llegada del Estado Social, ese paradigma ha cambiado, y se le está percibiendo como una inversión que bien focalizada impacta de manera positiva en el crecimiento y desarrollo económico de los pueblos.
La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, se inscribe dentro de la moderna corriente de pensadores que califican la inversión social como un catálogo de políticas que bien focalizadas dinamizan la economía y contribuyen al desarrollo integral de los pueblos.
En el artículo publicado en su columna de los martes del periódico Listín Diario, titulado: “El impacto económico de la inversión social”, la Vicemandataria aduce que en los países como la República Dominicana, poco aún se ha hablado del impacto de la política social en la economía.
¿De qué manera motoriza la política social las economías de los sectores vulnerables del país? ¿Cómo aporta la política social al crecimiento económico de un país? reflexiona la Vicepresidenta de la República, que además coordina el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno que preside Danilo Medina Sánchez.
La doctora Cedeño de Fernández aduce que la política social, dependiendo de su extensión y de las características que tenga, impacta positivamente en la demanda de bienes y servicios y, por tanto, en los distintos agentes involucrados en dichos procesos productivos.
El debate sobre este tema se torna interesante para la República Dominicana que en la reforma constitucional del 2010 recibió el nombre de Estado Social y Democrático de Derecho, pero sin embargo, todavía un porcentaje importante de los actores sociales, políticos y académicos, perciben los Programas Sociales implementados por el Gobierno, en procura de reducir la pobreza, la exclusión y la marginalidad social, como desembolsos sin retornos.
“Se ha considerado siempre a la política social como un gasto en que incurre el Estado, es decir, que pende como una espada de Damocles sobre los limitados ingresos, y por ende sobre la inversión y la producción nacional. Nada más alejado de la realidad. Esta es una percepción que tenemos que destronar”, reflexiona la doctora Cedeño de Fernández.
Cita que en la realidad, lo que el Estado dedica a la implementación y ejecución de las políticas sociales, se trata de una inversión social en las personas, en los ciudadanos, con un retorno tanto social como económico, que incrementa la productividad, reduce las desigualdades, combate la pobreza y genera paz y justicia social.
Es objetivo el juicio de la Vicepresidenta, cuando subraya que la política social aporta a un desarrollo sustentable, con un enfoque humanístico del crecimiento económico, el cual, a través de iniciativas articuladas, innovadoras y sostenibles, priorice el bienestar de la población, promueva empleos productivos, incremente la productividad, fomente el emprendimiento, sobre la base de la equidad, la solidaridad y la justicia social.
Enfatiza que el gasto social debe ser entendido como una verdadera inversión con retorno. Invertir en los más vulnerables es sin duda invertir en nuevas oportunidades de desarrollo y generación de riqueza y capital humano, en definitiva, invertir en nuestro futuro como nación.
El gran desafío de la democracia hoy es reducir la deuda social acumulada fruto de un crecimiento económico que no incluyó mejoría de vida en los más pobres. Por tanto, como plantea la Vicepresidenta, “el concepto mismo de inversión social considera que los programas sociales producen resultados positivos hacia la economía y generan compensaciones a los más vulnerables, ante los efectos negativos que surgen de una economía de mercado”.
En la sociedad de la información y del conocimiento en que vivimos, es importante como plantea la doctora Cedeño de Fernández, concienciar a los líderes de opinión, al liderazgo y la población, en su conjunto, en el sentido de que la política social es determinante para el buen desempeño económico del país, es la herramienta idónea para la redistribución de los ingresos con equidad, para la formación de ciudadanía y para el funcionamiento y realización del Estado Social y Democrático de Derecho.
Haciendo alusión al impacto que produce en la economía el programa Progresando con Solidaridad, la Vicemandataria afirma que esa política social está estrechamente vinculada a la productividad, lo cual se refleja en la sostenibilidad de la demanda en comercios locales, generando liquidez en el tiempo, lo que les permite la planificación del crecimiento a futuro de su negocio y el acceso a mercados crediticios formales e informales.
Cedeño de Fernández dice que además se ha comprobado que estos programas también incrementan el consumo de alimentos en los hogares que no cumplen los criterios de elegibilidad de los programas, y que por ende, no reciben la transferencia monetaria, creando un efecto dominó positivo para la economía.
En la medida en que entendamos y concibamos que la inversión social impacta positivamente en el desarrollo económico, entonces el Estado Social y Democrático de Derecho tomará fuerza, ya que la población y el liderazgo adquirirán conciencia plena del principio de no retroactividad de los derechos sociales.
Elnacional.com
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.