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Vicepresidenta analiza impacto económico de la inversión social
Santo Domingo. Hasta hace poco tiempo las partidas presupuestarias destinadas por los gobiernos a las políticas de impacto social eran tipificadas como un gasto, sin embargo, con la llegada del Estado Social, ese paradigma ha cambiado, y se le está percibiendo como una inversión que bien focalizada impacta de manera positiva en el crecimiento y desarrollo económico de los pueblos.
La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, se inscribe dentro de la moderna corriente de pensadores que califican la inversión social como un catálogo de políticas que bien focalizadas dinamizan la economía y contribuyen al desarrollo integral de los pueblos.
En el artículo publicado en su columna de los martes del periódico Listín Diario, titulado: “El impacto económico de la inversión social”, la Vicemandataria aduce que en los países como la República Dominicana, poco aún se ha hablado del impacto de la política social en la economía.
¿De qué manera motoriza la política social las economías de los sectores vulnerables del país? ¿Cómo aporta la política social al crecimiento económico de un país? reflexiona la Vicepresidenta de la República, que además coordina el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno que preside Danilo Medina Sánchez.
La doctora Cedeño de Fernández aduce que la política social, dependiendo de su extensión y de las características que tenga, impacta positivamente en la demanda de bienes y servicios y, por tanto, en los distintos agentes involucrados en dichos procesos productivos.
El debate sobre este tema se torna interesante para la República Dominicana que en la reforma constitucional del 2010 recibió el nombre de Estado Social y Democrático de Derecho, pero sin embargo, todavía un porcentaje importante de los actores sociales, políticos y académicos, perciben los Programas Sociales implementados por el Gobierno, en procura de reducir la pobreza, la exclusión y la marginalidad social, como desembolsos sin retornos.
“Se ha considerado siempre a la política social como un gasto en que incurre el Estado, es decir, que pende como una espada de Damocles sobre los limitados ingresos, y por ende sobre la inversión y la producción nacional. Nada más alejado de la realidad. Esta es una percepción que tenemos que destronar”, reflexiona la doctora Cedeño de Fernández.
Cita que en la realidad, lo que el Estado dedica a la implementación y ejecución de las políticas sociales, se trata de una inversión social en las personas, en los ciudadanos, con un retorno tanto social como económico, que incrementa la productividad, reduce las desigualdades, combate la pobreza y genera paz y justicia social.
Es objetivo el juicio de la Vicepresidenta, cuando subraya que la política social aporta a un desarrollo sustentable, con un enfoque humanístico del crecimiento económico, el cual, a través de iniciativas articuladas, innovadoras y sostenibles, priorice el bienestar de la población, promueva empleos productivos, incremente la productividad, fomente el emprendimiento, sobre la base de la equidad, la solidaridad y la justicia social.
Enfatiza que el gasto social debe ser entendido como una verdadera inversión con retorno. Invertir en los más vulnerables es sin duda invertir en nuevas oportunidades de desarrollo y generación de riqueza y capital humano, en definitiva, invertir en nuestro futuro como nación.
El gran desafío de la democracia hoy es reducir la deuda social acumulada fruto de un crecimiento económico que no incluyó mejoría de vida en los más pobres. Por tanto, como plantea la Vicepresidenta, “el concepto mismo de inversión social considera que los programas sociales producen resultados positivos hacia la economía y generan compensaciones a los más vulnerables, ante los efectos negativos que surgen de una economía de mercado”.
En la sociedad de la información y del conocimiento en que vivimos, es importante como plantea la doctora Cedeño de Fernández, concienciar a los líderes de opinión, al liderazgo y la población, en su conjunto, en el sentido de que la política social es determinante para el buen desempeño económico del país, es la herramienta idónea para la redistribución de los ingresos con equidad, para la formación de ciudadanía y para el funcionamiento y realización del Estado Social y Democrático de Derecho.
Haciendo alusión al impacto que produce en la economía el programa Progresando con Solidaridad, la Vicemandataria afirma que esa política social está estrechamente vinculada a la productividad, lo cual se refleja en la sostenibilidad de la demanda en comercios locales, generando liquidez en el tiempo, lo que les permite la planificación del crecimiento a futuro de su negocio y el acceso a mercados crediticios formales e informales.
Cedeño de Fernández dice que además se ha comprobado que estos programas también incrementan el consumo de alimentos en los hogares que no cumplen los criterios de elegibilidad de los programas, y que por ende, no reciben la transferencia monetaria, creando un efecto dominó positivo para la economía.
En la medida en que entendamos y concibamos que la inversión social impacta positivamente en el desarrollo económico, entonces el Estado Social y Democrático de Derecho tomará fuerza, ya que la población y el liderazgo adquirirán conciencia plena del principio de no retroactividad de los derechos sociales.
Elnacional.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.