En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado

Históricamente, Centroamérica ha sido dominada por cuatro grandes tendencias: la violencia política, el intervencionismo extranjero, la desigualdad económica y social, y la ausencia de regímenes democráticos. Es decir, de regímenes estructurados en torno a un Estado de derecho más o menos viable, instituciones legítimas y, sobre todo, una administración capaz de gestionar lo público con eficacia y eficiencia.

Con excepciones, tales tendencias suelen acompañarse de algunos factores inexorables: el militarismo, la corrupción y la exclusión de la mayoría de la población, ya sea por razones étnicas, sociales, económicas o políticas. Y aunque fueron brevemente neutralizadas tras la firma del Plan de Paz de Esquipulas II (7 de agosto de 1987), en las últimas dos décadas Centroamérica ha iniciado un proceso de involución que recuerda -pero todavía no sobrepasa- los horrores de la década perdida de los años 1980.

En efecto, Centroamérica logró reencauzar sus esfuerzos de reconstrucción y reconciliación de forma gradual durante el decenio de 1990, mismo que produjo elecciones libres en todos los países, el relanzamiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y lo que parecía ser una etapa de estabilidad. Pero, lamentablemente, todo aquello se volvió un espejismo.

Ya para inicios del siglo XXI empezaron a despuntar nuevas, y a reverdecer viejas, disfunciones en toda la zona. Ello fue resultado de una combinación de factores como la reaparición de poderes fácticos, en particular el crimen organizado; el gradual debilitamiento de las democracias electorales; el lento proceso de reactivación económica prometido pero no concretado por el libre comercio; la inconclusa transición hacia modelos de gobierno y de sociedad más inclusivos, y el abandono del desarrollo sostenible como concepto guía del sistema regional. Pronto afloraron nuevas formas de violencia y represión, y se iniciaron masivas olas migratorias hacia Estados Unidos. En pocos años, Nicaragua cayó presa de una dictadura atroz gracias al llamado Pacto Ortega-Alemán (2000), Honduras experimentó un nuevo golpe de Estado (2009), se produjeron un sinnúmero de eventos como el asesinato de periodistas y dirigentes ambientalistas y sociales, y aparecieron poderosas redes de narcotraficantes y renovadas tensiones geopolíticas. Estos elementos configuran hoy una región que en poco tiempo, y pese a la masiva ayuda recibida de la Cooperación Internacional, ha sucumbido ante los avatares de su propia historia.

Acabar con las guerras domésticas -y particularmente con el terrorismo de Estado- fue uno de los logros más notables del Procedimiento de Esquipulas II. Sin embargo, desde entonces Centroamérica ha sido víctima de “otras violencias” no menos graves y dolorosas. Quizá la mayor de ellas sea la resultante de las acciones del crimen organizado y ordinario, cuyas raíces en el área eran de larga data, pero que se aceleraron y profundizaron como resultado de una triple coyuntura: el descalabro institucional de las democracias electorales a partir del año 2008; los rápidos cambios acaecidos en la producción, la comercialización y el control de las redes de del narcotráfico internacional, y el aumento y diversificación de los flujos de cocaína proveniente de Colombia, resultantes de las nuevas condiciones domésticas en ese país (acordadas en el plan de paz de 2016).

Ello vino acompañado de un incremento de otras formas de crimen organizado no menos perniciosas, como la trata de personas, el tráfico de armas, los diversos tipos de contrabando (oro, bienes culturales y naturales, cigarrillos, cosméticos y licores, entre otros) y el fenómeno de las pandillas o “maras”, que impusieron un virtual “estado de sitio” en amplios espacios urbanos del llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Las extorsiones, secuestros, estafas cibernéticas y, más recientemente, el aumento de los femicidios y los actos de violencia contra otras poblaciones en condición de vulnerabilidad son también expresiones de una realidad que afecta a todas las sociedades centroamericanas.

El miedo y la zozobra que acompañan siempre a la violencia, y en particular a la violencia criminal cuando esta se entroniza y produce una percepción generalizada de inseguridad e indefensión, han traído como consecuencia el retorno de las propuestas de mano “super dura”, que se han posicionado como “únicas e idóneas” para neutralizar tales fenómenos. Ese fue el caldo de cultivo que permitió el arrollador triunfo en el Salvador del presidente Nayib Bukele, quien fue capaz de someter a las “maras” de su país por medio de políticas represivas ampliamente apoyadas por la población. Si bien el costo de esas políticas en términos de libertades públicas y calidad democrática ha sido devastador, las mismas han catapultado a Bukele como líder internacional de un “modelo” de Estado que repudia a la democracia liberal y propone sustituirla por un régimen autocrático unipersonal.

En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado. Este proceso de deterioro ha sido resultado de las disfunciones propias de regímenes políticos que, en distintas proporciones y formas, han tenido como características comunes la ausencia de políticas públicas inclusivas, el consecuente aumento de la desigualdad y la pobreza, una masiva corrupción y el ya mencionado aumento de la violencia criminal. Todos estos fenómenos han producido, más recientemente, el surgimiento de liderazgos populistas que, emulando a otros en América Latina, Estados Unidos y Europa, proponen soluciones “contra la dominación de los de siempre” (a quienes se señala como beneficiarios de la corrupción), y de un entramado presuntamente cómplice de estos, conformado por medios de comunicación, poderes judiciales, partidos políticos, agentes legislativos y algunos sectores económicos privados.

Además del caso salvadoreño ya mencionado, hay dos ejemplos muy claros (aunque también muy distintos) de esta tendencia. El primero, de perfiles decimonónicos, es la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que desde 2018 domina al país a sangre y fuego a través de mecanismos de represión que recuerdan los peores días del somocismo, e incluso los superan. Estos mecanismos, algunos tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyen -además de asesinatos, torturas, desapariciones y persecución de medios y periodistas independientes– el destierro, las expropiaciones arbitrarias y la eliminación de la nacionalidad de quienes el régimen considera enemigos. El segundo caso, sorpresivo y para muchos inaudito, es el de Costa Rica. Allí gobierna, con amplio respaldo popular, Rodrigo Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial, quien fue electo en 2022 con una propuesta antisistema. Neoliberal en lo económico y conservador (aunque laico) en lo social, Chaves ha satanizado los entendimientos políticos predominantes en el país desde 1948, promovido la confrontación entre el Ejecutivo y los demás poderes de la República (incluido el Tribunal Supremo de Elecciones), deteriorado la libertad de expresión y de prensa, alimentado deliberadamente la polarización social y, últimamente, deslegitimado la institucionalidad judicial, que es la única que hasta ahora ha impedido el éxito de su proyecto político.

Los tres países restantes también discurren por sendas complicadas. En Guatemala, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, desde antes de su toma de posesión (2024), libra una batalla sin descanso contra el llamado “Pacto de Corruptos”, un conglomerado de poderes fácticos que buscan afanosamente su caída por medio de permanentes conspiraciones que involucran a la Fiscal General y a jueces corruptos del Poder Judicial. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro -quien fue electa con altas expectativas tras dos mandatos de un presidente que terminó indultado por Trump luego de haber sido condenado en los tribunales estadounidenses por narcotráfico- hoy propone anular los últimos comicios generales (noviembre de 2025) en medio de un proceso electoral de gran opacidad, persiguiendo fines de muy dudosa naturaleza. Mientras tanto, en Panamá el clima político y social se ha enrarecido en la administración de Raúl Mulino, un presidente que fue electo como sustituto del candidato de su partido, el expresidente Ricardo Martinelli, quien fue encontrado culpable de corrupción e inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral para ocupar cargos públicos.

Todo lo anterior se produce en un contexto de reconstitución hegemónica de los Estados Unidos, cuyo gobierno ha retomado su dominio histórico, basado en al menos dos ámbitos: el enfrentamiento con China y el apoyo público -e incluso la interferencia abierta en procesos electorales internos- a los gobiernos y líderes dispuestos a cumplir con sus designios en la zona (especialmente en temas migratorios y de inversiones en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la minería, de combate al narcotráfico y de cooperación militar). Además, buena parte de los gobiernos centroamericanos se han sumado a la diplomacia estadounidense en los foros multilaterales, alineándose en temas como el apoyo a Israel, las críticas a la Agenda 2030, el cambio climático, la invasión rusa a Ucrania, etc. Ese sometimiento, sin duda, recuerda al predominante durante la Guerra Fría.

La democracia vive hoy horas oscuras en Centroamérica, horas que, pareciera, no serán más luminosas en el futuro previsible.

elpais.com

El operativo de la extinta guerrilla del M-19 y la reacción militar, en pleno centro de Bogotá, dejaron un centenar de muertos, una docena de desaparecidos y una cúpula judicial masacrada

Bogotá.-“Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática.(…) Divulgue a la opinión pública eso, para que el presidente dé la orden”, suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la cúpula de la rama judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los golpes mediáticos, había entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a hacer un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el mandatario dejó en manos de los militares, fue incluso más sangrienta. El edificio terminó calcinado, 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema fueron asesinados, miles de expedientes de todo tipo se perdieron.

En una larga historia de violencia política como la colombiana, los hechos del Palacio siguen especialmente vigentes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y más recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, y dejó 110 muertos. En 2000, paramilitares asolaron el corregimiento de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 personas muertas, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en el Chocó, y asesinaron a por lo menos 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y por eso un episodio que en Colombia se ha denominado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o en las artes, solo comparable el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.

Además, la rama judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de las siguientes generaciones, y su muerte dejó una impronta que aún hoy lamente la justicia.

Además de esa herida abierta, el debate por la toma y la retoma es tan vigente y pugnaz que de él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue miembro del mismo M-19 y, si bien no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus antiguos camaradas. Es tan sensible el asunto que recientemente una juez ordenó eliminar un diálogo de una película sobre el Palacio; es tan vigente que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”.

La actualidad de lo ocurrido hace cuatro décadas pasa por las preguntas sin respuesta. Una de ellas tiene que ver con la protección de los magistrados. Pese a que se había develado un plan de la guerrilla para atacar el Palacio, una noticia que había llenado titulares de prensa, y a que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Yo quisiera tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal por las desapariciones forzadas de una decena de personas, en manos de militares.

Ceremonia de entrega de los restos mortales de Gloria Isabel Anzola, una de las víctimas femeninas del asalto, en Bogotá, el 10 de diciembre de 2019.Juancho Torres (Anadolu Agency via Getty Images)

Otra pregunta sin respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió una proclama desde el Palacio sobre la que llamó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Convocamos al juzgamiento público de unas minorías apátridas que han hecho fraude a los anhelos de paz y traicionando las exigencias de progreso y de justicia social a la nación entera”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir a los principales medios de comunicación la difusión del proceso que soñaban. “Señores magistrados: tienen ustedes la gran oportunidad, de cara al país, y en su condición de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.

Pero la sombra del narcotráfico ha planeado sobre lo ocurrido desde 1985, pues los guerrilleros coincidían en una demanda de los narcotraficantes. “Mediante un impopular escandaloso Tratado de Extradición, se entrega nuestra juricidad –la más creciente y novedosa de todas las entregas–, que es golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, sobre todo personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, intentando evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se oponían a sangre y fuego. Quien fuera al lugarteniente, Jhon Jairo Velásquez, Popeye, es una de esas fuentes; otras han sido Virginia Vallejo, amante del narco, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La pregunta sigue en el aire, pues no hay pruebas ni es claro que una atrocidad de ese tipo tuviera el efecto esperado. Lo más cercano a una respuesta, de acuerdo con una Comisión de la Verdad conformada por las altas cortes en 2005 para esclarecer los hechos del Palacio, es señalar esta como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.

Un tercer interrogante es hasta dónde los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que se dio un vacío de poder, en el que fueron los generales quienes decidieron qué hacer. Pero su entonces colega de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no hubo tal, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temía que darle juego a los guerrilleros hubiera llevado a que estos lograran un levantamiento popular y se tomaran el poder.

El cuarto interrogante gira alrededor de la responsabilidad por cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones encontradas; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han pasado-; en unos más, la falta de pruebas de balística o la manipulación del Palacio por policías y militares antes de que llegaran los funcionarios judiciales impide tener las suficientes pruebas técnicas.

Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va de lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a hacer el ataque y lo permitieron, para así poder golpear con fuerza al M-19 en lo que algunos han llamado “operación ratonera”. Aunque los generales lo han negado de forma reiterada, los tres magistrados que lideraron entre 2005 y 2010 una comisión para investigar los hechos, le dan crédito a la ida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “vejado en su dignidad” y “herido en su amor propio” por acciones pasadas de una guerrilla especialmente mediática. Otros han adicionado que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado diálogos de paz sin consultarles y contra su opinión.

Lo más complejo, según la exministra Buitrago, es que las respuestas a esas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron conocer el plan del M-19. Y eso mantiene vivas y abiertas las heridas.

elpais.com

EFE

Proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda

Puerto Príncipe.-El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas alertó este jueves de que la escalada de violencia, los desplazamientos, la inestabilidad económica y las interrupciones en la producción local de alimentos están provocando un «hambre récord» en Haití, con millones de personas en riesgo, lo que hace que las necesidades se disparen.

Según un comunicado de esta agencia de la ONU, el último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC en sus siglas en inglés) proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda.

De ellas, se prevé que poco más de dos millones afronte hambre en nivel de emergencia y que 8,400 personas encaren el nivel de catástrofe, el más crítico de inseguridad alimentaria con escasez extrema de alimentos, desnutrición aguda grave y riesgo de inanición.

Ante esta situación, el PMA y sus socios han extendido de forma significativa sus operaciones en Haití, alcanzando a más de 1.3 millones de personas en lo que va de año, de ellas un millón en marzo, lo que supone una cifra récord de ciudadanos asistidos en un solo mes, pero, advirtió la organización, «las necesidades superan los recursos disponibles».

Este 2025 esta agencia de Naciones Unidas ya ha suministrado 740,000 comidas calientes a más de 112,000 personas recientemente desplazadas, así como dinero en efectivo para alimentos y apoyo para prevenir la desnutrición infantil, además de haber conseguido acceder a zonas controladas por los grupos armados y entregar alimentos esenciales a comunidades de difícil acceso en Croix-des-Bouquets, Cité Soleil, Lower Delmas y La Saline.

«En este momento, luchamos para contener el hambre. Sin los inmensos esfuerzos que ya se están realizando, la situación sería mucho peor», dijo la directora de País del PMA en Haití, Wanja Kaaria.

Violencia extrema

«Para seguir el ritmo de la creciente crisis, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que brinde apoyo urgente; sobre todo, el país necesita paz», agregó Kaaria, quien afirmó que el PMA necesita urgentemente 53.7 millones de dólares para continuar sus operaciones vitales en Haití durante los próximos seis meses.

Haití vive una crisis multidimensional y una violencia extrema, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en un 85 % bajo control de las bandas armadas.

La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSSM), liderada por Kenia y con el aval de la ONU, no ha conseguido resultados tangibles frente a esta violencia, que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares y convertirse en desplazadas.

• En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU.

A finales de marzo pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó de que al menos 4,239 personas fueron asesinadas y 1,356 heridas en Haití entre julio y febrero pasados con armas que llegan ilegalmente del extranjero, pese al embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.