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El caso Coral todavía no se cierra, según Wilson Camacho.
Santo Domingo, RD.-El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA),Wilson Camacho, dijo que el caso Coral todavía no se cierra con el apresamiento de 13 personas más vinculadas a una red de lavado de activos que estafó al Estado por miles de millones de pesos.
Indicó que en consecuencia tampoco se cierra la posibilidad de que haya más personas procesadas en el caso.
Camacho habló luego de salir de la sala de audiencia donde se le conocía la medida de coerción a los 13 imputados, la cual fue aplazada para este jueves a las 11:00 de la mañana.
La medida fue aplazada a solicitud de la defensa, para darle tiempo a que puedan estudiar el expediente, de 537 páginas depositado por el ministerio público contra los acusados.
“Para que la defensa, como consecuencia del alto volumen de documentos presentado por el ministerio público, y eso es así, hemos depositado más de 15 mil páginas de evidencias, y en base a eso han solicitado al tribunal un aplazamiento y que se le dé tiempo para revisar las evidencias presentadas”, dijo Camacho a su salida del tribunal.
Indicó que aceptaron la solicitud por respeto al debido proceso. “Queremos que cada una de las personas que está aquí se defienda y hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de videncia que ha presentado el ministerio público en este caso”, dijo el representante del ministerio público.
Al referirse a los acusados, indicó que esas personas se enriquecen a costa del bienestar de la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas.
“No es justo para los hombres y mujeres que dignifican el uniforme y que arriesgan sus vidas dentro de los cuerpos castrenses, porque el dinero que debería servir para mejorar su calidad de vida es sustraído por un grupo de personas que se enriquecen a costa del bienestar de la mayoría de los miembros de las FFAA”, indicó.
Abierto a posibles negociaciones con imputados
Al ser preguntado que si en este caso seguirían la misma línea de otorgar facilidades a los imputados que colaboren con la investigación, como lo han hecho en procesos anteriores, indicó que el ministerio público siempre estará abierto a darle un tratamiento diferente a esas personas que así lo requieran.
“Nosotros siempre hemos dicho que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente, nosotros estamos abierto a cualquier personas que esté procesada que colabora con la investigación y el ministerio público se comportará en consecuencia”, puntualizó Camacho.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.