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El caso Coral todavía no se cierra, según Wilson Camacho.

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Santo Domingo, RD.-El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA),Wilson Camacho, dijo que el caso Coral todavía no se cierra con el apresamiento de 13 personas más vinculadas a una red de lavado de activos que estafó al Estado por miles de millones de pesos.

Indicó que en consecuencia tampoco se cierra la posibilidad de que haya más personas procesadas en el caso.

Camacho habló luego de salir de la sala de audiencia donde se le conocía la medida de coerción a los 13 imputados, la cual fue aplazada para este jueves a las 11:00 de la mañana.

La medida fue aplazada a solicitud de la defensa, para darle tiempo a que puedan estudiar el expediente, de 537 páginas depositado por el ministerio público contra los acusados.

“Para que la defensa, como consecuencia del alto volumen de documentos presentado por el ministerio público, y eso es así, hemos depositado más de 15 mil páginas de evidencias, y en base a eso han solicitado al tribunal un aplazamiento y que se le dé tiempo para revisar las evidencias presentadas”, dijo Camacho a su salida del tribunal.

Indicó que aceptaron la solicitud por respeto al debido proceso. “Queremos que cada una de las personas que está aquí se defienda y hemos estado de acuerdo con que se aplace la audiencia para que la defensa revise el alto volumen de videncia que ha presentado el ministerio público en este caso”, dijo el representante del ministerio público.

Al referirse a los acusados, indicó que esas personas se enriquecen a costa del bienestar de la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas.

 “No es justo para los hombres y mujeres que dignifican el uniforme y que arriesgan sus vidas dentro de los cuerpos castrenses, porque el dinero que debería servir para mejorar su calidad de vida es sustraído por un grupo de personas que se enriquecen a costa del bienestar de la mayoría de los miembros de las FFAA”, indicó.

Abierto a posibles negociaciones con imputados

Al ser preguntado que si en este caso seguirían la misma línea de otorgar facilidades a los imputados que colaboren con la investigación, como lo han hecho en procesos anteriores, indicó que el ministerio público siempre estará abierto a darle un tratamiento diferente a esas personas que así lo requieran.

“Nosotros siempre hemos dicho que las personas que colaboren con la investigación deben tener un tratamiento diferente, nosotros estamos abierto a cualquier personas que esté procesada que colabora con la investigación y el ministerio público se comportará en consecuencia”, puntualizó Camacho.

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La entrega de dinero por soborno a fiscal fue parte del plan concebido por Procuraduría para su apresamiento.

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Santo Domingo, R.D.-El proceso de investigacion que terminó con el apresamiento por sobornos del fiscal Aulerio Valdez Alcántara por supuestmente recibir 10 mil dólares fue montaedo por la Procuraduria General de la Republica mediante una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la cual  sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Es un testigo en el caso Senasa a quien el fiscal le habría pidido dinero, un reloj y un auto.

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Santo Domingo, R.D.-Roberto Canaán, imputado en el caso Senasa, a quien el fiscal  Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido los diez mil dálares, un reloj y un anto, cuyo monto total solicitado ascendia a 200 mil dólares, segun el expediente del Ministerio Publico.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Fue aplazada nuevamente audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aplazada nuevamente la audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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