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Ministerio Público tiene evidencias contundentes del entramado de corrupción del Caso Coral, advierte magistrado Wilson Camacho.
Santo Domingo.-Wilson Camacho, procurador adjunto, aseguró la madrugada de este viernes que el Ministerio Público tiene todas las evidencias de las confesiones realizadas durante el conocimiento de la medida de coerción del Caso Coral por el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez , quien expuso al tribunal, en forma amplia y detallada, cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos de los contribuyentes.
El imputado Girón Jiménez hizo uso de su derecho a declarar, durante la audiencia que se conoce en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en la que expuso cómo operaba la red delictiva que tenía entre sus cabezas al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como las acciones ejecutadas de manera particular por cada uno de los imputados y las maniobras utilizadas para desfalcar al Estado con el manejo fraudulento de las nóminas de entidades castrenses.
Durante su intervención, Girón Jiménez explicó cómo desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol dentro de la red que ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora, con maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza.
El imputado describió los procedimientos fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de cientos de miles de pesos desde el Cusep a La Pastora disfrazados de supuestas contribuciones por cultos religiosos.
También afirmó que un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, lo adquirió con fondos provenientes de actos de corrupción el general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cestur.
Mientras ofrecía los detalles del entramado de corrupción, dijo que el Ministerio Público cuenta con las pruebas con las que podrán confirmar todos los hechos, incluyendo nóminas, diferentes documentos y mensajes de WhatsApp sobre órdenes directas y transacciones bancarias.
Al concluir su amplia exposición sobre las actividades de la organización, responsabilizó a los imputados y a otras personas, incluyendo a miembros de las citadas entidades de seguridad, sobre cualquier atentado contra su integridad física y la de su familia.
Al salir de la audiencia, que entró en receso hasta las 2:00 de la tarde de este viernes, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, detalló que todo el contenido de la declaración de Girón Jiménez se encuentra debidamente documentada.
“El Ministerio Público tiene las evidencias de todas las afirmaciones que ha hecho Girón en este proceso y esas evidencias son las que le han dado la seguridad al Ministerio Público de decir todo el tiempo que tiene un caso construido y en el que la defensa no tiene ninguna oportunidad”, dijo.
Destacó que esas evidencias son contundentes para procurar justicia y castigar a los responsables de defraudar al Estado con millones de pesos.
Camacho precisó que Girón Jiménez ha colaborado con las autoridades, tras indicar que todo el que colabore con una investigación del Ministerio Público tendrá toda la seguridad que sea necesaria para garantizar su integridad física y las de sus familiares.
Camacho encabeza, junto a la directora general de Persecución del Ministerio Público, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, el equipo que representa al Ministerio Público en la audiencia.
Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El pasado miércoles, luego de presentar la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público concluyó pidiendo que sean impuestos 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para este jueves a la 1:00 de la tarde.
Por más de 12 horas la jueza Romero escuchó a los abogados defensores y a los imputados que hicieron uso de su derecho a la declarar, procediendo nueva vez a ordenar un receso hasta las 2:00 de la tarde de este viernes 7 de mayo.
En la continuación de la audiencia será escuchado el abogado del imputado Girón Jiménez y posteriormente los fiscales que representan al Ministerio Público.
Los imputados en el Caso Coral fueron apresados el pasado mes de abril durante 27 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y diferentes provincias del país
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.