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Ministerio Público tiene evidencias contundentes del entramado de corrupción del Caso Coral, advierte magistrado Wilson Camacho.
Santo Domingo.-Wilson Camacho, procurador adjunto, aseguró la madrugada de este viernes que el Ministerio Público tiene todas las evidencias de las confesiones realizadas durante el conocimiento de la medida de coerción del Caso Coral por el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez , quien expuso al tribunal, en forma amplia y detallada, cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos de los contribuyentes.
El imputado Girón Jiménez hizo uso de su derecho a declarar, durante la audiencia que se conoce en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en la que expuso cómo operaba la red delictiva que tenía entre sus cabezas al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como las acciones ejecutadas de manera particular por cada uno de los imputados y las maniobras utilizadas para desfalcar al Estado con el manejo fraudulento de las nóminas de entidades castrenses.
Durante su intervención, Girón Jiménez explicó cómo desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica se refirió al rol dentro de la red que ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora, con maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza.
El imputado describió los procedimientos fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de cientos de miles de pesos desde el Cusep a La Pastora disfrazados de supuestas contribuciones por cultos religiosos.
También afirmó que un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, lo adquirió con fondos provenientes de actos de corrupción el general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cestur.
Mientras ofrecía los detalles del entramado de corrupción, dijo que el Ministerio Público cuenta con las pruebas con las que podrán confirmar todos los hechos, incluyendo nóminas, diferentes documentos y mensajes de WhatsApp sobre órdenes directas y transacciones bancarias.
Al concluir su amplia exposición sobre las actividades de la organización, responsabilizó a los imputados y a otras personas, incluyendo a miembros de las citadas entidades de seguridad, sobre cualquier atentado contra su integridad física y la de su familia.
Al salir de la audiencia, que entró en receso hasta las 2:00 de la tarde de este viernes, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, detalló que todo el contenido de la declaración de Girón Jiménez se encuentra debidamente documentada.
“El Ministerio Público tiene las evidencias de todas las afirmaciones que ha hecho Girón en este proceso y esas evidencias son las que le han dado la seguridad al Ministerio Público de decir todo el tiempo que tiene un caso construido y en el que la defensa no tiene ninguna oportunidad”, dijo.
Destacó que esas evidencias son contundentes para procurar justicia y castigar a los responsables de defraudar al Estado con millones de pesos.
Camacho precisó que Girón Jiménez ha colaborado con las autoridades, tras indicar que todo el que colabore con una investigación del Ministerio Público tendrá toda la seguridad que sea necesaria para garantizar su integridad física y las de sus familiares.
Camacho encabeza, junto a la directora general de Persecución del Ministerio Público, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, el equipo que representa al Ministerio Público en la audiencia.
Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.
El pasado miércoles, luego de presentar la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público concluyó pidiendo que sean impuestos 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso seguido en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para este jueves a la 1:00 de la tarde.
Por más de 12 horas la jueza Romero escuchó a los abogados defensores y a los imputados que hicieron uso de su derecho a la declarar, procediendo nueva vez a ordenar un receso hasta las 2:00 de la tarde de este viernes 7 de mayo.
En la continuación de la audiencia será escuchado el abogado del imputado Girón Jiménez y posteriormente los fiscales que representan al Ministerio Público.
Los imputados en el Caso Coral fueron apresados el pasado mes de abril durante 27 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y diferentes provincias del país
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.