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El país ha dado pasos de avance en lucha contra la corrupción, según Yeny Berenice.
Santo Domingo, R.D.-El país es uno de los países que a nivel legislativo y de políticas públicas ha dado pasos de avances en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.
Así lo afirmó la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, durante el primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por el Banco de Reservas, donde sostuvo que la ley contra este flagelo en el país está considerada como una de las legislaciones más completas y más fuertes a nivel mundial.
Manifestó que para el Ministerio Público no ha sido tarea fácil combatir la corrupción, al indicar que en la última década la misma comenzó a verse mucho más estructurada en el país.
Sin mencionar casos, se refirió al tema de la corrupción, manifestando que en el país crearon entramados societarios que movieron en un solo caso, en menos de un año, 19 mil millones de pesos.
Sostuvo que dicho entramado, aún con el Ministerio Público tener todas las herramientas necesarias para investigar, les ha sido un tanto complejo llegar a las personas responsables y partir desde cero de cómo se organizó.
Reynoso indicó que no se puede ver el lavado de activos al margen del narcotráfico ya que estos delitos van de la mano.
Expresó que la corrupción es un delito madre que tiene hijos destacados, entre ellos mencionó: el lavado de activos, narcotráfico, delito contra la persona y propiedad, contrabando, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, delitos financieros, entre otros.
Agregó que más del 70 % de los casos de los delitos de crímenes que ocurren en República Dominicana tienen presencia de armas de fuego.
«Es decir, entonces, en un pensamiento lógico debemos decir, la corrupción si me impacta el tráfico de armas y el tráfico de armas me impacta la seguridad ciudadana, es decir qué hay un vínculo entre corrupción y seguridad», dijo al hacer referencia que ambos casos no se pueden ver como hechos aislados.
Aumento de fiscales ha sido de gran ayuda
La magistrada Yeni Berenice Reynoso manifestó que el aumento de fiscales ha sido de gran ayuda para la lucha contra la corrupción en el país.
Destacó el esfuerzo que ha hecho la procuradora general de la República, Miriam Germán, con hacer prioridad una buena cantidad de fiscales para poder dar abasto con estos fines.
Sostuvo que para el año 2020 sólo contaban con seis fiscales y que actualmente hay 50 en la Procuraduría General de la República.
Mientras, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, destacó tres desafíos que apremian en la actualidad: lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Pereyra aseguró que este encuentro fue creado con la intención de fortalecer las estrategias para combatir de manera eficaz la amenaza que se enfrenta con el crimen organizado.
El congreso se está llevado a cabo en uno de los salones del hotel Intercontinental, donde también estuvo presente el ministro de la Presidencia, Joel Santos; el director de la Policía Nacional, Alberto Then y el director general de la Dirección de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.