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Yeni Berenice: ¿en un limbo jurídico o se desconoce de su ratificación en el cargo?
El especialista en temas judiciales Francisco Álvarez manifestó el Consejo Superior del Ministerio Público tiene la potestad de manipular lo establecido en la Ley No. 133-11, pero debería informar los movimientos que realice en base a la aplicación de los artículos contenidos en la misma.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Las fiscalías se integran por un equipo de procuradores fiscales y fiscalizadores que estarán dirigidos por un Procurador Fiscal designado como Titular, conforme al escalafón, del Consejo Superior del Ministerio Público por un período de cuatro años”, así reza el artículo 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Dominicano.
En base a ese mandato legal fue elegida Yeni Berenice Reynoso para ser la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, luego de haber ocupado una posición similar en la provincia de Santiago.
Tras haber sido designada el 28 de diciembre del año 2011 la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional cumplió su periodo de cuatro años frente a la institución, en el mes de diciembre del año 2015 como lo indica la ley. Empero, tras dos años de haber transcurrido dicho cumplimiento aún se encuentra a su cargo.
“Es una mujer preparada para dirigir cualquier entidad y la hemos visto en varios casos donde se ha enfrentado a grandes grupos de intereses”
A pesar de que la Ley No. 133-11 establece que “su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño”, no se ha notificado la realización de proceso alguno que reelija a Reynoso como Fiscal Titular.
Ley Orgánica del Ministerio Público – Num. 133-11:
Artículo 41. Procurador Fiscal Titular.
Las fiscalías se integran
por un equipo de procuradores fiscales y fiscalizadores
que estarán dirigidos por un Procurador Fiscal designado
como Titular, conforme al escalafón, por el Consejo Superior
del Ministerio Público por un período de cuatro años.
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Su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único
período consecutivo previa evaluación de desempeño.
Rumores de que Reynoso Gómez será removida por encarar casos políticos y de corrupción que afecta intereses, circulan desde el cumplimiento del periodo de la experimentada abogada aunque no se ha visto ningún movimiento para llevar a cabo dicho proceso.
Desde la destitución hasta el traslado a una nueva entidad encargada de crímenes y delitos financieros por su actuar en casos de fraudes bancarios, son las informaciones que de manera extraoficial se han vertido en los medios de comunicación acerca de Yeni Berenice.
El especialista en temas judiciales Francisco Álvarez manifestó el Consejo Superior del Ministerio Público tiene la potestad de manipular lo establecido en la Ley No. 133-11, pero debería informar los movimientos que realice en base a la aplicación de los artículos contenidos en la misma.
“El Consejo puede otorgarle un periodo más a la fiscal porque la ley así lo establece. Si eso es correcto significa que fue ratificada y a la misma le corresponden cuatro años más que deberían culminar cerca del 2020”, agrega Álvarez.
Desde su punto de vista como abogado y conocedor de las leyes, Álvarez argumenta que la fiscal del Distrito Nacional tiene la experiencia y los conocimientos para estar al frente de cualquier institución judicial. “Es una mujer preparada para dirigir cualquier entidad y la hemos visto en varios casos donde se ha enfrentado a grandes grupos de intereses”.
Asimismo, explica que realmente Yeni Berenice ha sido obstáculo en ciertos casos judiciales debido a que su trabajo afecta intereses de grupos económicos y de poder en la República Dominicana.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.