Nacionales
Supuestos abusos de prisión preventiva alegados por E.U. son respondidos por Yeni Berenice.
Yeni Berenice Reinoso, procuradora general adjunta, rebatió este jueves las afirmaciones del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael T.McCaul, sobre el abuso de la aplicación de la prisión preventiva en República Dominicana.
A través de su perfil en red X (Twitter), la directora de persecución del Ministerio Público indicó que «la población penitenciaria de República Dominicana al 16 de agosto de 2020 era de 27, 800 internos, en la actualidad es de 25,714, lo que implica una reducción de 2020 al 2023 de 2,086 internos».
«Lo que se ha incrementado es las operaciones contra el crimen organizado. que del 2020 a la fecha el MP (Ministerio Público) y los organismos de investigación han realizado 16 operaciones», agregó.
Asimismo, señaló que «República Dominicana es uno de los pocos países que después de la pandemia del COVID-19 redujo su población penitenciaria. La tasa de privados de libertad preventivos en la actualidad es de 21.5 % menos que su promedio histórico».
«Quienes alegan incremento de la prisión preventiva, con una opinión interesada o no, faltan a la verdad», afirmó en respuesta al contenido de una carta enviada por T.McCaul al Departamento de Estado de Estados Unidos manifestando su preocupación por la inexistencia de «una contabilidad completa del número de estadounidenses que están actualmente encarcelados en el país».
En la misiva, donde da de plazo hasta el 6 de septiembre para que se conteste a una serie de preguntas al respecto, McCaul alerta sobre «los graves problemas de justicia penal que existen en el país en relación con la prisión preventiva, que puede mantener a las personas encerradas en prisión durante años seguidos y sin cargos».
El político estadounidense afirma en su carta que «casi el 70 por ciento de los presos en la República Dominicana está allí a través de un programa preventivo» y que se trata de «un problema endémico que claramente afecta a los dominicanos y, muy probablemente, también a los estadounidenses».
Asimismo, advierte de que «el Departamento de Estado de Estados Unidos podría estar incumpliendo su responsabilidad fundamental de proteger a los estadounidenses que residen o viajan al extranjero, particularmente en la República Dominicana«.
Tras conocerse el contenido de la misiva del presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, algunos legisladores dominicanos se adhirieron a las tesis de McCaul.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.