Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, designó los siete procuradores adjuntos que les corresponde por ley, incluyendo al primer sustituto Rodolfo Espiñeira Ceballos, luego de que el presidente Luis Abinader recomendara al Consejo Nacional de la Magistratura los procuradores que le corresponde al Poder Ejecutivo.
La magistrada designo además a Wilson Manuel Camacho Peralta, Pedro Frías Morillo, José Vitervo Cabral González, Juan Medina de los Santos, Sourelly Jaquez Vialet y Alba Corona Valerio, las cuales se amparan en las atribuciones que le confiere el artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Núm. 133-11, del 7 de junio de 2011).
La magistrada Reynoso nombró a Espiñeira Ceballos como primer sustituto de la Procuradora General de la República, con funciones en el despacho, mientras que Camacho Peralta estará al frente de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y Osvaldo Bonilla Hiraldo será director de Asistencia Jurídica Internacional, y representará a la institución en los procesos cooperativos de extradiciones y derechos humanos.
Pedro Frías Morillo será el segundo sustituto de la Procuradora General de la República y director técnico del despacho; José Vitervo E. Cabral González, que está en la función de inspector general del Ministerio Público, e Isis de la Cruz Duarte, actual consejera, le fueron ratificadas sus funciones de directora de la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito.
Sourelly Jaquez Vialet fungirá como directora de la Unidad de Jurisdicción Privilegiada en Procesos Especiales; Juan Medina de los Santos fungirá como director de la Unidad de Litigios Civiles y Administrativos y Alba Corona Valerio será directora nacional del Sistema de Atención.
Fadulia Rosa será la directora de la Unidad de Dictámenes y Litigios Ante las Altas Cortes y le acompañarán María del Carmen de León y Fior Daliza Alduey y Emilio Rodríguez, miembros de la Unidad de Dictámenes y Litigios. Mientras que Iván Feliz Vargas fungirá como director del Proyecto G-5 destinado a la transformación tecnológica en las investigaciones y el Sistema Nacional de Atención.
En la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fue designada como su titular la procuradora de Corte Mirna Ortiz.
Para cubrir las vacantes surgidas a raíz de las designaciones de fiscales titulares como procuradores generales adjuntos, quedaron designados como fiscales titulares en Santiago Quirsa Abreu Peña; en San Cristóbal, Ramona Santana y en Monte Plata, Andrés Comas.
Otras designaciones
María Rosalba Díaz quedó designada como directora del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (RELEVIC); Wendy Estrella Monsanto será la secretaria general del Ministerio Público y Katiusca Viviano la coordinadora de la recién creada Unidad Central de Gestión de Cobros de Multas y Ejecuciones de Garantías Económicas.
La procuradora Reynoso resaltó que el Ministerio Público y todas sus unidades especiales y dependencias se encuentran inmersas en una revolución de transformaciones que buscan concluir su misión constitucional con altos estándares de calidad, honestidad y transparencia en beneficio de la sociedad.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo.- El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), llamó a la población a actuar con prudencia durante el asueto de Semana Santa 2026, al advertir que la conducta individual sigue siendo determinante para evitar tragedias en este período.
Durante su participación en el programa «Reseñas, el podcast», el funcionario explicó que el operativo nacional iniciará “el jueves 2 a partir de las 2:00 de la tarde” y se mantendrá “hasta el Domingo de Resurrección a las 6:00 de la tarde”, abarcando los días de mayor desplazamiento de personas.
Indicó que más de 50,000 hombres y mujeres de distintas instituciones estarán desplegados en todo el territorio nacional, incluyendo organismos de socorro, seguridad vial y salud, con el objetivo de prevenir incidentes y dar respuesta oportuna ante emergencias.
No obstante, insistió en que la prevención depende en gran medida del comportamiento ciudadano. “Nadie te puede cuidar mejor que tú”, afirmó, al subrayar la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad.
El director del COE recomendó a los conductores verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, evitar el consumo de alcohol si van a manejar, respetar los límites de velocidad y utilizar sistemas de seguridad, especialmente en el caso de niños.
Asimismo, advirtió sobre el alto riesgo del uso de motocicletas durante este período: “Tuvimos 32 fallecidos, dos de ellos fueron asfixia por inmersión y los 30 restantes por accidentes de tránsito”, señaló, al referirse al operativo anterior. Además, precisó que “el 86% de la fatalidad eran motocicletas”.