Opinión
Tucanos: recurrente impunidad
Por Juan Bolivar Díaz
No siga este grito si usted es de los que cree que fue injusto liberar de la cárcel al coronel Carlos Piccini Núñez, único en guardar prisión, durante más de dos años, por los sobornos confesados ante la justicia de Estados Unidos y Brasil en la venta de 8 aviones Super Tucano a la República Dominicana por 92 millones de dólares.
La jueza que esta semana le cambió la prisión por una fianza de un millón de pesos y presentación periódica hizo un acto de justicia. Nadie en su sano juicio cree que fuera un coronel el responsable de esa estafa contra el patrimonio público, por lo que hoy serían unos 375 millones de pesos, si es que la Empresa Brasileña de Aeronaútica (Embraer) confesó todas las irregularidades. Por aquí se cree que fueron varios millones más incluyendo los de un seguro que no resultó tal cuando se accidentó y destruyó uno de los aviones frente al malecón capitalino.
Hay muchas similitudes entre esta operación de sobornos y la de Odebrecht guardando las proporciones. Comenzando porque los 92 millones de dólares pagados por los aviones es la misma cifra de los sobornos confesados luego por Odebrecht. En ambos casos el escándalo se destapó en Estados Unidos y tuvo consecuencias en la justicia de ese país y en la de Brasil, donde 10 ejecutivos de la Embraer fueron condenados el año pasado por los sobornos en RD. En los dos casos la Procuraduría General de la República firmó acuerdos con las respectivas empresas, que implicaban la entrega de toda la información, pero en ninguno la justicia dominicana ha podido presentar expedientes creíbles y menos lograr sanciones.
Es cierto que además del coronel Puccini también fue acusado el exministro de las Fuerzas Armados Rafael Peña Antonio, al igual que dos empresarios que habrían canalizado los pagos irregulares. Pero estos están en sus casas.
¿Quién podrá creer que un coronel es el principal responsable del escándalo de los Super-Tucanos? Cuando hasta el presidente Leonel Fernández apareció “piloteando” uno de esos aviones adquiridos hace ya una década. Más aún cuando desde el principio se informó que la aeronáutica norteamericana ofreció 10 aviones, como los Tucanos para patrullaje aéreo, por sólo 25 millones de dólares.
Al igual que en los sobornos de Odebrecht, en el de los Tucanos se dijo desde el principio que habría intervenido un senador. Así apareció en reportajes del diario The Wall Street Journal de Nueva York, en 2014 y 2016. Pero en este caso el senador no ha sido identificado, aunque por igual parecía que con casi todos los escaños senatoriales en manos del gobierno que compraba, no se precisaba soborno.
El asunto es más complejo, por lo que nadie puede creer que ni siquiera un ministro de las fuerzas armadas podía decidir una compra de 92 millones de dólares, por encima de una oferta del socio Estados Unidos, sin que intervinieran agentes políticos y funcionarios civiles de alto nivel, en medio de denuncias de sobrevaluación, que las hubo desde el principio.
Por algo cinco años después de las denuncias documentadas y a más de tres del inicio de las “investigaciones” en el país, el caso sigue dando vueltas en los tribunales de justicia. No hay dudas de que se trata de la maldita impunidad que lastra la sociedad dominicana y lo pervierte todo, como acaba de demostrarse en Villa Vásquez, donde ha quedado al desnudo la persistente práctica de extorsionar bajo la cobertura de perseguir el narcotráfico.
Esta sociedad pasó dos años marchando pacíficamente contra la corrupción y la impunidad, y todo parece indicar que sólo ha cosechado burlas. Habrá que apelar a una decisión más intensa y sostenida, a un sacudimiento como el que acaba de hacer el pueblo portorriqueño, hasta provocar que los máximos responsables de la impunidad paguen de alguna forma las afrentas. Hay quienes creen que aquí no pasará, pero podrían llevarse una sorpresa, como en Puerto Rico, en Panamá, Guatemala, Perú, Ecuador y en otros países.
Los límites de la impunidad y la burla hace tiempo que fueron superados en este país y hay que hacer votos porque pronto aparezca una fuerza telúrica que obligue a revertirlos.-
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.