Nacionales
Operativos de autoridades nacionales y de Estados Unidos en busca de Cesar El Abusador
Por Elba Garcia
Las autoridades de los Estados Unidos montaron este martes aparatosos operativos con el propósito de apresar a un peligroso narcotraficante de nombre Cesar Emilio Peralta, “César el Abusador”, quien alegadamente dirige una red de narcotráfico que ha enviado toneladas de cocaína y opioides a ese país y Europa y de traer dinero y lavarlo en territorio de la República Dominicana.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés, perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en apoyo a sus operativos alega que el ciudadano dominicano César Emilio Peralta y una organización que dirige que lleva como nombre Peralta DTO se ha dedicado al trafico de narcóticos hacia el extranjero.
Según el comunicado del Gobierno de los Estados Unidos las acciones se fundamentan en la Ley Kingpin, sobre designación de narcotraficantes y la dedicación a comercializar narcóticos hacia el extranjero, el cual está fechado en Washington, capital de los Estados Unidos.
Junto a Peralta hay una serie de vinculados, incluidos algunos expeloteros de las Grandes Ligas, cuyo cabecilla todavía no ha podido ser apresado, ya que logró escapar tras un enfrentamiento a tiros con las autoridades dominicanas y de los Estados Unidos.
Según el documento, Junto a Emilio Peralta fueron señalados, Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), Kelvin Enrique Fernández Flaquer (Cotto), Yader Rafael Jáquez Araujo (Jake Mate), Carlos Ariel Fernández Concepción, Bernardo Antonio Valdez García, Nathanael Castro Cordero, Boarnerges Sánchez Nolasco (Warnel) y Jhonan Alexander Martínez Ureña.
Atribuye a Toño Leña y a Cotto, ambos alegados narcotraficantes dominicanos, haber dado apoyo a César El Abusador en sus operaciones.
Mientras que Jacke Mate y Fernández Concepción, promotor artístico y ex oficial militar, respectivamente, tienen funciones ligadas a la gestión y promoción de los citados negocios.
Se destaca que Toño Leña, el más conocido del grupo, fue apresado en 2018 en Colombia y espera extradición a Estados Unidos
Las autoridades del país a través de la Procuraduría General de la República dijeron en un comunicado que “César El Abusador” estuvo involucrado en el negocio de las drogas en el país y Estados Unidos y que se inició como miembro de las organizaciones criminales de conocidos narcotraficantes del pasado como Rolando Florián Féliz, Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, Manuel Mesa Beltré, alias El Gringo, y Quirino Ernesto Paulino Castillo.
En su historial registra que en el 2008 fue detenido y acusado de ser “jefe de una red de narcotráfico”, el Ministerio Público desestimó la acusación bajo el alegato de que se violaron los procedimientos para su apresamiento.
En noviembre del 2007 también fue “capturado” y vinculado al fallecido y también narcotraficante Rolando Florián Féliz por un cargamento de cocaína lanzado desde una avioneta en un cañaveral del Batey Cuchilla, entre Higüey y La Romana.
En febrero del 2014 César Emilio Peralta fue detenido en Santiago acusado de herir a Manuel Enrique Ovalles Tapia en el parqueo de un hotel de la Máximo Gómez; al venezolano Federico Alberto Granado Sambrano, en una plaza comercial de la calle Roberto Pastoriza, del ensanche Naco, y a Alexander Ureña Martínez, “en un hecho violento”, ocurrido en el interior de una discoteca del sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional.
Además de Toño Leña Enrique Fernández Flaquer y Carlos Ariel Fernández Concepción, otros de los que figuran en la lista tienen antecedentes.
Fernández Flaquer fue apresado en el 2009, y condenado en el 2010 a tres años de cárcel por sus alegados vínculos con la red de Figueroa Agosto.
Mientras que Fernández Concepción fue separado de la DNCD en 2010 acusado de pertenecer a una red vinculada al narcotráfico.
Cesar El Abusador y los ocho dominicanos que son señalados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son nombrados con base en la Ley Kingpin, que según las informaciones que suministran, desde junio del año 2000 ha permitido que más de 2,100 entidades e individuos hayan sido acusados por tráfico internacional de narcóticos.
La Procuraduría General de la República vinculó a la red de narcotráfico y lavado de activos que se le atribuye liderar a César Emilio Peralta (César El Abusador) a los peloteros de Grandes Ligas, Octavio Dotel y Luis Castillo y al amateur Baltazar Mesa.
Por el caso ya se encuentran detenidos Octavio Dotel y Baltazar Mesa, quien fue firmado como lanzador y jugó en ligas menores.
Octavio Dotel, está detenido y Versiones preliminares establecen que al exlanzador le habrían incautado cuatro vehículos, dos yipetas y dos carros.
El expelotero fue conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Hasta mayo de este año, Octavio Dotel tenía el récord recientemente de ser el pelotero en jugar con el mayor número de equipos en las Grandes Ligas, en total 13.
Dispuesto a venir
El exjugador de Grandes Ligas Luis Castillo fue citado por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la mañana de este martes como parte de la red de narcotráfico y lavado de activos que operaba en el país, encabezada por César Emilio Peralta (César el Abusador).
“Yo me he enterado, me he sorprendido bastante, compañeros me han llamado, he estado en contacto con las autoridades y con el Ministerio Público porque son cosas que pasan y uno no entiende”, declaró Castillo a CDN.
El exjugador manifestó que está en disposición de venir al país para aclarar todo. Declaró que le sorprende que lo mencionen, por lo común que es su nombre. “Entre tantos Luis Castillo aparecí yo”, dijo sorprendido. Explicó que se encuentra en Miami, donde reside junto a su familia desde hace varios años y viaja al país de manera frecuente.
Dice que no tiene ningún tipo de vínculos con los implicados en el caso. “Mi nombre vale mucho, yo soy una persona que siempre me he mantenido por mi paso correcto, pero yo tengo fe y esperanza”, dijo.
Aclaró que no tiene ningún negocio en el país, que tiene una relación de amistad con Dotel y jugaron juntos, y que cuando viene a Santo Domingo lo visita.
Castillo jugó 15 temporadas en las Grandes Ligas y en la pelota dominicana vio acción con los Tigres del Licey.
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Defensa de Donald Guerrero afirma que pago de RD$21 mil millones a Banreservas fue legal y sin salida de fondos del Estado
Santo Domingo. Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, afirmaron que el pago de RD$21 mil millones realizado en 2020 al Banco de Reservas (Banreservas) fue una operación interinstitucional legal, auditada y sin salida de fondos del Estado dominicano.
La defensa sostuvo que el desembolso correspondió a una obligación legal en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.
Eduardo Núñez, abogado de Guerrero, explicó que el pago se realizó desde el Ministerio de Hacienda hacia Banreservas y que el único receptor fue la entidad bancaria estatal. “No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.
Según la defensa, la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que —afirman— confirma su carácter institucional y legal. Precisaron además que Donald Guerrero no creó ni administró el programa, cuya ejecución financiera correspondía exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Los abogados enfatizaron que el pago no generó pérdidas al Estado, sino que fue registrado oficialmente como una reducción de pasivos públicos al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude; es contabilidad pública transparente”, sostuvo Núñez.
En relación con la acusación de lavado de activos, la defensa afirmó que es jurídicamente inviable, debido a que los recursos eran públicos y se transfirieron entre entidades estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir”, enfatizó Núñez.
Los abogados insistieron en que, tras más de cinco años de investigación, no existe evidencia que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos o beneficio personal. Anunciaron que los argumentos técnicos y la documentación oficial serán presentados ante el tribunal que conoce el proceso contra los tres exministros, con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público.
La defensa concluyó señalando que no ejecutar el pago habría implicado incumplir obligaciones legales del Estado dominicano, mientras que realizarlo constituyó —según su posición— el cumplimiento de un deber institucional.
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Caso Jet Set: abogados de los hermanos Espaillat buscan frenar demolición hasta concluir peritaje
Santo Domingo.- Los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, interpusieron una oposición formal a la demolición del centro de diversión, solicitando que no se proceda hasta que concluya el proceso de peritaje como parte de la investigación oficial que se realiza en la edificación, donde fallecieron 235 personas y otras resultaron heridas tras el colapso del techo, ocurrido el 8 de abril del pasado año.
La barra de la defensa depositó la instancia ante la Procuraduría General de la República este lunes, luego de que el pasado viernes 30 de enero el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazara autorizar un peritaje particular en las ruinas de la discoteca Jet Set, tras declarar inadmisible la solicitud presentada.
Mediante esta oposición, los abogados buscan impedir la demolición de lo que queda del establecimiento, alegando que existe un informe emitido por las autoridades competentes, por disposición de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, en el que se recomienda “demoler el resto del edificio”.
Actualmente, los hermanos Espaillat cumplen una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público sostiene que los imputados implementaron soluciones paliativas inadecuadas con el objetivo de reducir costos, a pesar de tener conocimiento directo de los graves problemas estructurales del techo, los cuales habrían sido evidenciados mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas de empleados del establecimiento.
Las investigaciones indican que los propietarios de la discoteca Jet Set sobrecargaron la estructura del techo al instalar sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, todo ello sin estudios técnicos que avalaran la capacidad del edificio para soportar dicho peso.
El juez Raymundo Mejía tiene a su cargo conocer la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat, a quienes el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario en perjuicio de las 235 víctimas mortales, así como de causar heridas agravadas a otras personas, a raíz del colapso del techo de la discoteca, presuntamente provocado por negligencia.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado, aseguró este lunes que el órgano que dirige está contemplado usar su facultad fiscalizadora para citar e interrogar a los ejecutivos de Vinci Airports, la empresa matriz de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), por el retraso en las obras prometidas para el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).
De los Santos precisó que se encuentra «plenamente identificado» con la postura del presidente Luis Abinader, quien advirtió el lunes que estaría en disposición de llevar a los tribunales el caso del retraso en las obras del aeropuerto.
«De no cumplir, vamos a invitar a Aerodom para que vaya al Senado de la República a explicar el por qué la tardanza en los inicios de los trabajos, tal y como está establecido en el contrato«, sentenció el presidente de los senadores.
El senador de la provincia Sánchez Ramírez citó el artículo 93 de la Constitución, en el que se atribuye la facultad de fiscalización al Congreso y de revisar los contratos estatales.
Asimismo, mencionó la nueva Ley 84-25, sobre Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que regula las citas, interrogatorios, cuestionamientos en el pleno y juicios políticos encabezados por los legisladores para fiscalizar el funcionamiento estatal.
En diciembre del 2023, el Senado, bajo la presidencia de Ricardo de los Santos, aprobó en única lectura el contrato renegociado entre el Estado y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), un convenio que se extenderá hasta el año 2060.
Aunque el contrato fue aprobado sin trabas por la mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue rechazado con seis votos de la oposición y registró un informe disidente depositado por el entonces senador Yván Lorenzo, quien era el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En el documento disidente, Lorenzo alegó que el contrato aprobado por los senadores «es un adefesio» que no debe ser considerado por la Cámara Alta porque, a su juicio, los fondos que dejará la negociación serían usados para planes reeleccionistas del presidente Luis Abinader de cara a las pasadas elecciones del 2024.
El informe disidente del vocero del PLD consideró que el Congreso «ha festinado el contrato» ya que el proyecto solo duró un mes bajo estudios en el Congreso.
El primer picazo para la nueva terminal del AILA fue dado por Abinader y ejecutivos de Vince Airports en agosto del 2025, pero el proyecto no presenta avances.
En el encuentro, Abinader indicó que otorgó la renovación del contrato de operación de los aeropuertos dominicanos a la empresa francesa con el propósito de que tuviera el tiempo y las condiciones para hacer las mejoras, pero sus ejecutivos no han cumplido con el plazo a pesar de las conversaciones.
Como respuesta, la empresa rechazó las acusaciones de incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales con el Estado dominicano.
En un comunicado oficial, la compañía, regenteada por la francesa Vinci, aseguró que los señalamientos de Abinader «no reflejan la realidad» y reafirmó que ha cumplido y continúa cumpliendo plenamente con todos los compromisos establecidos en el contrato de concesión.